ALICANTE. Convocada por Covapa (que reúne a tres federaciones de padres de la Comunitat), las escuelas católicas (Concapa) y la asociación Idiomas y Estudios, la ciudad de Alicante mide este viernes el grado de contestación contra la política educativa de la conselleria que dirige Vicent Marzà, de Compromís. Las tres organizaciones quieren hacer una exhibición de fuerzas y hacer ver que en las comarcas del sur discrepan de los recortes en los colegios concertados y la aplicación del decreto de plurilingüismo. Principalmente, se espera presencia de padres y alumnos de las comarcas de Alicante, Elche y Bajo Segura, donde ha tenido más discrepancia algunas medidas del conseller.
Desde la FAPA Gabriel Miró consideran que hay muchos motivos para que la gente salga a la calle y se manifieste, sobre todo, porque se ha impedido la posibilidad de elegir la lengua vehicular de la enseñanza. Ramón López sostiene que el decreto de plurilingüismo no ha satisfecho a todos porque a los que tenían un nivel alto de valenciano, les ha hecho retroceder para adaptarse a nuevos niveles y a los que querían un nivel alto de inglés, les ha pasado lo mismo pero con los niveles de valenciano.
La presidenta de Concapa, Julia Llopis, anima a las familias a unirse a esta lucha para “defender los derechos de nuestros hijos”. Una batalla que se ha iniciado en los tribunales y que continua ahora en la calle para que la conselleria retire el polémico decreto que se aplicará en todos los centros porque, tal y como recuerda Llopis, “las lenguas ni se prohíben ni se imponen” y los padres tienen el derecho constitucional de elegir el modelo educativo para sus hijos.
Los organizadores tiene esperanzado de reunir a muchos manifestantes después de la exitosa protesta de Valencia, que también reunió a muchos afectados por los cambios en los conciertos de Bachillerato y Secundaria. Mas modestas fueron las primeras concentraciones contra el plurilingüismo en Alicante, primero, y en Torrevieja, segundo, con centenares de personas que clamaron contra el decreto de Marzà.
Los argumentos son de sobre conocidos: "La falta de participación de las familias en la elección de los programas lingüísticos y la discriminación en las horas de inglés que se impartirán, en la dotación de recursos a los centros y en los certificados de idiomas". Por ello, se invita a los alicantinos a salir a la calle para que Educación dé marcha atrás a un decreto que consideran que supone discriminar al castellano. La idea es solicitar, a posteriori, "un pacto social y político, donde exista una participación real d e las familias delos alumnos, sobre las lenguas vehiculares de la Comunitat para mantener el clima de convivencia que hasta ahora siempre ha existido". Mientras, los recursos judiciales siguen su camino en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
