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los afectados tienen diez días para acudir a la vía civil

El plazo para reclamar por las cuotas participativas de la CAM se agota: en abril será imposible

23/03/2018 - 

ALICANTE. Una de las etapas más negras del sector financiero en la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana está a punto de cerrar la puerta definitivamente a la 'solución judicial'. El próximo 31 de marzo expira el plazo para que los afectados por la emisión de cuotas participativas de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) puedan reclamar su devolución, tanto mediante un intento de acuerdo extrajudicial con el Banco Sabadell o la Fundación CAM, como por la vía de la reclamación de cantidad en los juzgados.

A finales de este mes se cumplen cuatro años desde que la fundación, 'heredera' de la obra social de la caja pero no de su negocio financiero, amortizase las cuotas (definidas como 'acciones sin derechos políticos') a cero euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ratificó la decisión, después de haber suspendido la cotización de los títulos en diciembre de 2011. El último precio al que se intercambiaron fue 1,34 euros. Cuando se emitieron (con los parabienes del exministro de Economía, Luis de Guindos, entonces en Lehmann Brothers), el precio de salida fue de 5,84 euros por cuota.

Según la legislación y la jurisprudencia del Supremo, que han establecido que el plazo para reclamar la devolución de un producto financiero vence a los cuatro años naturales desde su contratación, en el caso de la CAM se acordó que dicho plazo comenzase a contar en la fecha en que se amortizaron a cero euros. Lo que sucedió el 31 de marzo de 2014. De esta forma, aquellos afectados que, al llegar el mes de abril, no hayan al menos iniciado los trámites, ya no podrán reclamar la devolución del importe invertido en las cuotas participativas.

Se calcula que la emisión de la CAM dejó a unos 55.000 afectados, la gran mayoría de ellos pequeños ahorradores (aunque también compraron títulos empresas y otras entidades financieras). Entre esos minoristas, la extinta caja de ahorros alicantina logró captar unos 300 millones de euros. Al menos una tercera parte de ellos aceptaron el canje propuesto por el Banco Sabadell en el verano de 2012: una quita y permuta del importe invertido en cuotas por acciones del banco. Del resto, algunos decidieron emprender acciones individuales para reclamar la devolución del importe íntegro, y en la mayoría de casos los tribunales les están dando la razón (en unas ocasiones condenan a pagar al banco, y en otras a la fundación, dado que las cuotas no se traspasaron a la entidad que preside Josep Oliu con el resto del negocio).

En paralelo, un millar de afectados reunidos en la Plataforma CAM de Carlos Pena y representados por el abogado murciano Diego de Ramón iniciaron un proceso penal contra la cúpula de la caja, pero la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazó por última vez reabrir la causa en febrero de este año, al descartar que existiera una trama urdida con el propósito de engañar a los clientes. Eso sí, el archivo definitivo de la causa penal no cierra las puertas a la reclamación civil, cuyo plazo está a punto de expirar.

Los despachos de abogados especialistas en pleitear por este tipo de productos y las asociaciones de consumidores han arreciado en los últimos días en sus campañas informativas para animar a los afectados por las cuotas participativas que aún no han reclamado. Así, la asociación Acoreo, con sede en Barcelona, anima a recopilar los documentos relacionados con la compra de los títulos y a enviar sendos burofax al banco y la fundación, para dar por iniciado el trámite. Si no hay respuesta para un acuerdo extrajudicial, habría que acudir a la vía civil.

Aunque el Sabadell no asumió las cuotas participativas cuando compró la CAM por un euro en 2012, el Tribunal Supremo sentenció el pasado verano que la entidad financiera, ahora con sede en Alicante tras abandonar Barcelona por el desafío separatista el pasado octubre, mantiene su legitimación pasiva como sucesor universal del Banco CAM, que tras la fusión por absorción devino responsable de las obligaciones que tuviera frente a terceros.

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