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el decreto libra a las empresas y carga el coste de la extinción a las arcas públicas

Los despidos de estibadores costarán hasta 100 millones al Puerto de Valencia

Foto: MARGA FERRER
28/02/2017 - 

VALÈNCIA. Hasta 100 millones de euros en despidos de estibadores. Esta es la friolera a la que queda expuesto el Puerto de Valencia con el decreto aprobado el pasado viernes que liberaliza el sector de la estiba -la carga y descarga de buques en los puertos españoles-.

Según recoge el texto legislativo, será la autoridad portuaria de cada sociedad de la estiba la que deba asumir los pasivos laborales generados antes del 11 de diciembre de 2014, fecha en la que la justicia europea condenó el sistema portuario español al considerar que el monopolio del que disfrutan los estibadores vulneraba la libre competencia.

El decreto prevé un plazo transitorio de tres años entre el sistema actual y la liberalización completa del sector. Durante ese tiempo, las empresas están obligadas a mantener al menos al 75% de las plantillas actuales el primer año, a la mitad el segundo y al 25% el tercer y último año del periodo transitorio. Transcurrido ese plazo, las indemnizaciones que correspondan a los estibadores que puedan ser despedidos serán abonadas por las respectivas autoridades portuarias en lugar de por las empresas que los empleaban. 

En consecuencia, según los cálculos del Ministerio de Fomento, el conjunto de puertos de España está expuesto a un coste máximo de 350 millones de euros, de los cuales aproximadamente 100 corresponden al Puerto de Valencia atendiendo al volumen de su plantilla, según estiman fuentes portuarias preguntadas al respecto por Valencia Plaza.

Esta peculiar circunstancia carga sobre el erario el coste de los despidos de una empresa privada (Sevasa), hecho que, según denuncia Coordinadora -el sindicato mayoritario de los estibadores- podría incitar a los accionistas de la sociedad a prescindir de los trabajadores, al poder hacerlo a coste cero.

Según justifican fuentes de Puertos del Estado, la razón por la que el Estado asume esas indemnizaciones es el origen público de las sociedades de estiba que operan en los puertos, denominadas Sagep. Hasta 2010, la mayoría accionarial de esas empresas era de las autoridades portuarias, pero la reforma del sector que se llevó a cabo ese año incluyó la privatización de las mismas.

Desde entonces, las Sagep, que son las sociedades que emplean a los estibadores y a las que las empresas deben recurrir obligatoriamente para contratar trabajadores, tienen como únicos accionistas a las empresas que explotan las terminales de cada puerto.

El hecho de que el Estado haya liberado a estas empresas de tener que cargar con las indemnizaciones por los despidos que se puedan producir es una de las principales críticas de los estibadores a la reforma del Gobierno. De hecho no dudan en calificar el decreto de "ERE encubierto" subvencionado con fondos del Estado.

Cláusula para fomentar la subrogación

Preguntado al respecto por este diario, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, -que este lunes visitaba València- defendía que la decisión del Gobierno de costear los despidos de trabajadores persigue que facilitar que los estibadores dejen las Sagep para incorporarse a las nuevas sociedades de la estiba que operarán en un mercado libre. "Es una cláusula que estimula al sector empresarial para la subrogación de trabajadores", afirmó.

Por otro lado, De la Serna defendió que las empresas que sigan operando con los trabajadores actuales deben poder hacerlo en las mismas condiciones que las que se incorporen con personal ajeno a las actuales Sagep.

"La cláusula dice que las Autoridades Portuarias se hacen cargo del pasivo laboral del trabajador, y es precisamente para que las empresas puedan contratar sin tener que asumir ese coste y, de este modo, puedan competir en igualdad de condiciones que las empresas que se incorporen a trabajar en los puertos en los próximos años", explicó.

Por último, el ministro abogó por que empresas y sindicatos ahonden sobre la cuestión en la negociación entre las partes para establecer el nuevo mercado laboral. "Se puede avanzar para garantizar el empleo mediante la negociación colectiva. Puede lograrse un punto de encuentro. Es imprescindible que se intensifiquen las reuniones", dijo.

Posible ayuda de Estado

Pese a los planes del Gobierno, todavía existe un resquicio que podría librar al erario de cargar con las indemnizaciones de los despidos que se produzcan. En este sentido la disposición final quinta del decreto establece que la entrada en vigor de la mencionada cláusula está condicionada a que exista una "expresa declaración" por parte de la Comisión Europea de su "compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado". Esto es, que Bruselas garantice que no serán consideradas ayudas ilegales a las empresas. 

Al margen del posible coste para las arcas públicas del despido de los estibadores, cabe recordar, como informó este periódico, que el Reino de España ya debe hacer frente a una multa de 21,5 millones de euros por haber mantenido el monopolio de los estibadores desde el 11 de diciembre de 2014 hasta el pasado viernes. El montante es la suma de una multa de 27.522 euros diarios desde aquel día.

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