X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información
GRUPO PLAZA

al otro lado de la colina / OPINIÓN

Administración Institucional, ¿otro tropiezo para el Botànic?

Ya lo dice el refrán, muy utilizado por nuestro gallego presidente, las cosas son como son y no como nos gustaría que fuesen, y parece que nuestros líderes autonómicos no lo tienen muy en cuenta

29/07/2017 - 

Se acaba de celebrar en el Seminario de Ademuz la conmemoración del segundo año triunfal (pues dicen que se ha cumplido hasta el 78,6% de los objetivos fijados) de la victoria del bloque anti-PP, que permitió desalojar a este partido, antaño liberal-conservador, del poder de la GVA tras 20 años de gestión, con sus claroscuros. Aunque parece que al pacto, del Titanic como lo llama Isabel Bonig, o del Botànic se empieza a escorar, complicándosele su travesía a mitad de la legislatura, como vamos a contarles, en esa parte tan complicada del sector público que representan la empresas públicas, fundaciones, organismos autónomos, etcétera.

Antes de proseguir con el artículo, puntualizar que lo de antaño liberal-conservador es por la salida de Esperanza Aguirre de la vida política sin tener un relevo que sea un claro representante de esa línea ideológica en los populares. Y eso de los claroscuros (normal en cualquier gestión) se debe a la existencia de luces, por su gran capacidad de transformación de la realidad valenciana en aquellas dos décadas, y de sombras, al distanciamiento con la sociedad, problema del que parece haberse contagiado los nuevos inquilinos del Palau con sus continuos reveses judiciales, aunque ya saben que el conseller Vicent Marzá, siempre contestará aquello de que estaba en su programa, por lo que parece gobernar solamente para sus votantes.

Ya hemos visto que el Consell del Botànic presidido por Ximo Puig requiere de retiros espirituales (debe ser que tienen en sus filas mucho ex seminarista y ex monaguillo) para analizar los resultados de su gestión,así ya les hemos visto reflexionar en diversos seminarios de Gobierno, ya sea en verano o en invierno, en Torrevieja, en Morella, en Sagunto y este último, el del verano de 2017, en Ademuz. Como ya les hemos dicho, manifiestan haber cumplido con más de tres cuartas parte de los objetivos fijados en ellos, y entre sus próximos y magníficos logros estará frenar la despoblación del interior, como aquel Instituto Nacional de Colonización de la España de la posguerra (cualquier día les vemos recreando los premios de natalidad del franquismo), si ya lo dicen sus aliados los podemitas eso de pisar moqueta y usar coche oficial no es bueno, se puede uno contagiar de viejos tics atávicos.

Pero, siempre hay un pero, entre tanto olor a victoria y autocomplacencia, de hecho Podemos amenaza con preparar una auditoria ciudadana al pacto del Botànic para después de verano, Antonio Estañ dixit, parece que se reconocen unos deberes pendientes, la ordenación del sector público institucional, uno de los objetivos de ese bloque anti-PP en anteriores legislaturas, esas empresas públicas blanco de todas las criticas por corruptas de aquella oposición, acuérdense de aquellas diatribas de Josep Moreno o de la propia Mónica Oltra. Y ¿que ha hecho al respecto el nuevo Consell traspasar ya media legislatura?, pues eso, igual que con la televisión blica, nada o casi nada en cuanto resultados.

Lo que hay que reconocer es que el desafío es complejo, fíjense que hace ya más de 10 años, José Luis Rodríguez Zapatero, intentó la reforma en parte para todo España con la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos,y darle una nueva organización a esta parte de la Administración, que en ese momento ya había sido reordenada a su vez con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de laAdministración General del Estado, pero no se pudo. De hecho aquella ley de la VIII legislatura ha sido derogada por Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en vigor desde octubre del 2016, y que simplifica al sector público institucional en dos bloques, como aquel integrado por; primero, cualesquiera de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas; segundo, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. 

Por lo que esa complejidad regulatoria con sus cambios, produce finalmente un galimatías de situaciones y normativas, incluso tanto es así, que la propia ley 40/2015 en su preámbulo manifiesta que motivado por sus especialidades y excepcionalidades, en este sector público institucional se producía una huida del derecho Administrativo, fundamentalmente en los controles (selección de personal y contratos administrativos). Además de esta dificultad cualitativa existe la cuantitativa, ¿saben ustedes cuantos organismos, entes, empresas, Fundaciones, etc. tiene el Consell de Puig, según el Inventario de Entes de las CCAA del Ministerio de Hacienda?, pues 119 dejando aparte las Universidades públicas (5) y entidades multiautonómicas (10). Pero además (para abundar en esa huida del derecho administrativo como diría la ley) los ayuntamientos en nuestra autonomía tienen 180 organismos, 61 de la provincia de Alicante, 30 de la de Castellón, y 89 de la de Valencia, menos mal que el gobierno de Mariano Rajoy ha intentado racionalizar este sector local institucional con la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Ya veremos si pueden enmendar y regular este sector con ese proyecto de ley del sector público institucional, que para empezar parece, según los sindicatos, no ha empezado muy bien pues ya se han manifestado en su contra (menudo otoño sindical caliente les espera), y desde luego si usted lo intenta leer en Gva Oberta, pues este proyecto aparece anunciado en esa página de transparencia, no lo va a encontrar, una pena; porque si los sindicatos tiene derecho a saber cual van a ser las medidas que se van a tomar respecto a esa parte de la Administración, el resto de ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos el sector público también tendríamos derecho a conocerlas; pero ya saben ustedes, su lema era que venían a rescatar a la gente, pero después de que el TSJCV acaba de anular un decreto de enseñanza, por discriminatorio al hacer distingos (y favoritismos) entre los valencianoparlantes y los hispanoparlantes, parece claro, pues la justicia apunta en ese sentido, que venían a rescatar sólo a los suyos.

Noticias relacionadas

Foto: RAFA MOLINA
el tintero

El mestizaje con gaseosa, por favor

En estos tiempos de no mayorías absolutas, hemos podido comprobar que los pactos de gobierno, lo que aquí han denominado como Consell del mestizaje y los altos cargos cremallera, son una fuente inagotable de conflictos.

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email