Anticorrupción halla vínculos con Púnica en el contrato de Camps y Carlos Fabra para un torneo de golf 

VALENCIA. La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado vínculos  con la trama Púnica en el contrato por el que la Generalitat presidida por Francisco Camps y la Diputación de Castellón encabezada por Carlos Fabra pagaron diez millones de euros "a dedo" -mediante convenio y no por concurso público- y con reparos de la Intervención a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por una testaferro de Francisco Granados y considerada parte de la trama Púnica por los investigadores judiciales, por organizar entre 2008 y 2011 un torneo de golf en Castellón.

El fiscal Anticorrupción de Valencia ha decidido enviar la denuncia presentada por el grupo político Compromís a Madrid para que sean los fiscales que investigan la trama Púnica quienes decidan si se debe investigar allí, o si bien debe volver a Valencia y abrirse unas Diligencias de Investigación Penal aquí.

Compromís, tras presentar la denuncia explicó que, según la documentación a la que accedieron, el Gobierno de la Generalitat valenciana presidido por Francisco Camps, junto a la Diputación de Castelló de Carlos Fabra, pagaron diez millones de euros de dinero público a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por la testaferro de Granados, María José Marijuán, entre los años 2008 y 2010.

El contrato, añadió la coalición, también tuvo lugar en 2011, pero no constan los documentos sobre los pagos por esa anualidad, que según fuentes del caso ascienden a otros tres millones de euros.

Los pagos de las dos instituciones del PP dirigidas por Camps y Fabra, a la empresa considerada por los investigadores como parte del entramado de la operación Púnica, se produjeron para organizar el torneo de golf Castelló Masters Costa Azahar, que se disputó entre 2008 y 2011 en el campo de golf que precisamente gestionaba y dirigía el propio Carlos Fabra, en la localidad de Borriol.

Según Compromís, Francisco Camps y Carlos Fabra "utilizaron la misma fórmula que supuestamente se utilizaba en otros casos de corrupción, como en Nóos, para eludir los concursos públicos: utilizaron el convenio en lugar del contrato público para emplear a Match Golf Consulting".

"Y se optó por este mecanismo pese a todos los reparos manifestados tanto desde la Abogacía de la Generalitat, como desde la Intervención de la misma", ha destacado la coalición, que ha indicado que esta última advirtió además de que no se habían emitido "los informes preceptivos" exigidos por la ley, "previos a la aprobación por parte del Gobierno valenciano del convenio de referencia".

Según la documentación, el convenio firmado inicialmente en 2008 por la entonces consellera de Cultura, Trini Miró; el que fuera presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; y por la testaferro de Granados, María José Marijuán; establecía que la Generalitat y la Diputación aportarían dos millones de euros al año en concepto de patrocinio, pero "ante la ausencia de benefactores privados, pese a los proclamados réditos económicos del torneo, al año siguiente incrementaron en un millón de euros más su aportación de forma anual".