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El magistrado cree que hasta la apertura de juicio oral no hay "solvencia"

Conde-Pumpido lamenta la muerte de Barberá y cuestiona la trascendencia que se da a la mera declaración

El magistrado del TS cree que hasta la apertura de juicio oral no hay "solvencia" para las consecuencias políticas

11/01/2017 - 

VALENCIA, (EP). El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido ha criticado este miércoles la trascendencia que desde algunos ámbitos se da la mera comparecencia de cualquier persona ante juez en calidad de investigada y ha situado en la apertura del juicio oral el momento en el que la acusación es ya algo "solvente y serio" de cara a la toma de "decisiones contundentes". "La mera comparecenciaa no debería tener las graves consecuencias que algunos le quieren atribuir", ha manifestado Conde-Pumpido, quien ha lamentado "de manera extrema" la muerte de la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá.

El magistrado se ha expresado de este modo durante un desayuno informativo organizado por la revista Vanity Fair al ser preguntado por el caso de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, quien falleció tan sólo dos días después de que Conde-Pumpido le tomara declaración por un supuesto blanqueo de capitales derivado del "caso Imelsa".

Conde-Pumpido ha lamentado "de manera extrema" la muerte de la exalcaldesa, cuyo caso le correspondió instruir al corresponderle por turno y a la que escuchó su declaración "con todo el respeto". Ha insistido en que toda persona que declara ante un juez "es inocente" y que lamenta la muerte de Barberá si bien no considera que deba vincularse a su comparecencia ante el alto tribunal el pasado 21 de noviembre, sino a otro tipo de circunstancias de carácter personal.

Sobre esta investigación en particular, ha recordado que tras la comparecencia de Barberá dio tres días a las partes para que pidieran las diligencias que consideraran oportunas y que sólo después él tomaría una decisión al respecto, lo que no se produjo tras la muerte de la senadora.

Para Conde Pumpido no es la citación ante un juez, sino la apertura de juicio oral lo que significa que en una causa "hay algo solvente y serio" y que él cree que éste momento de procedimiento debería ser el tomado en cuenta para "no precipitarse a la hora de adoptar una decisión contundente" que en el momento de la declaración "puede ser contraproducente"

Ante las preguntas que le han ido formulando los periodistas presentes en el desayuno, Conde-Pumpido ha arremetido contra la acción popular en las causas penales, que ha tildado de "privatización de la justicia penal" que únicamente existe en nuestro país. En este sentido, se ha mostrado favorable a reformar este aspecto en la legislación procesal para impedir, entre otras cuestiones, que los partidos políticos puedan formular querellas o personarse en procedimientos abiertos a miembros de otras formaciones.

Esta "privatización" de la justicia es según el magistrado del Supremo uno de los tres grandes problemas que tiene la Justicia en España, junto con la "judicialización de la política" y el denominado "modelo inquisitivo" en el proceso, como se ha referido a la instrucción por los jueces de las causas penales. El exfiscal aboga por la instrucción de los casos por los miembros del Ministerio Público.

Preguntado sobre el caso 'Noos', el magistrado ha recordado que él siendo Fiscal General del Estado fue quien creó el departamento de Anticorrupción en Baleares, a raíz de la actuación de algunos miembros de la ya prácticamente desaparecida Unió Mallorquina, y que también fue la Fiscalía que él presidió la que decidió proceder contra el marido de la Infanta Cristina, respecto de la cual en dicho momento no vio base legal para acusar.

Ha añadido que este criterio, que ha calificado de "serio" es el que han mantenido los fiscales del caso general tras su marcha y que la acusación contra Cristina de Borbón ha sido planteada por una organización --Manos Limpias-- cuyo presidente está siendo investigado y encarcelado de forma preventiva.

Conde-Pumpido, según ha reconocido, deberá apartarse de la causa si le corresponde revisar en el Supremo la sentencia que dicte la Audiencia de Palma de Mallorca, al haber tenido conocimiento previa de la causa.

No tocar aforamientos del TC

Inquirido sobre la procedencia o no de reducir los aforamientos, Conde-Pumpido ha vinculado este asunto a la existencia de la acción popular y ha puesto el ejemplo de Alemania, donde no hay aforamientos "porque no hace falta" ya que no existe la posibilidad de que un partido político pueda querellarse contra otro o que cualquier persona vaya al Supremo "con unas fotocopias de las noticias sobre lo que ha hecho ese día el presidente del Gobierno" para presentar una acción penal contra él.

"Ante la privatización del proceso penal la reacción del sistema ha sido blindarse y extender el ámbito de los aforamientos", ha señalado Conde-Pumpido, que cree que deberían limitarse porque quizá se han extendido a varios ámbitos de forma excesiva. "Pero una cosa es eso y otra que desaparezcan", ha manifestado, poniendo como ejemplo la especial protección que se da a los miembros del Constitucional, que a su juicio "no debe tocarse".

En otro momento de su intervención Conde-Pumpido ha manifestado que lo que causa la demora de los procedimientos en nuestro país es la instrucción por los jueces, que ha calificado de "lenta, ineficaz e insegura" y de ser una especie de "islote robinsonero" respecto a la investigación fiscal que existe en todos los países de nuestro entorno.

Ha señalado que las causas penales triplican en nuestro país a las que se tramitan en otros ámbitos como el social o el civil y que el 99 por ciento de las presentadas no dan lugar a juicio, lo que para él es "un noventa y nueve por ciento de trabajo absurdo". Así, considera que los 500 jueces que en este país se dedican en exclusiva a instruir podrían dedicarse a enjuiciar y dejar la investigación sin problema a los 2.500 fiscales en plantilla.

Por ello, Conde-Pumpido considera necesario que "se supere la pereza y la rutina" y se proceda de una vez a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que cree factible en estos momentos por ser un proyecto del ministro Rafael Catalá que tendrá el apoyo del PSOE.

En este punto intervino en el debate la diputada socialista Margarita Robles, presente en el desayuno, que ha defendido la reforma "como planteamiento teórico" si bien ha planteado dudas sobre su aplicación dado que la Fiscalía es un órgano jerarquizado y mientras no exista una cultura que rechace que los fiscales actúan por instrucciones del Gobierno. Para Conde-Pumpido, ese es el "argumento del sector corporativo (de los jueces), que no quiere perder el poder de la instrucción".

Para el exfiscal general la reforma debe combinarse con un reforzamietno de la independencia de los fiscales, si bien ha dejado claro que este aspecto ha cambiado mucho desde que el Estatuto vincula el cese del fiscal general con el cese de Gobierno. Finalmente, el fiscal general ha admitido que la legislación actual permite a un juez que ha tenido cargos políticos volver a su despacho y que quizá debería arbitrarse alguna limitación al respecto, si bien no las ha concretado.

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