Gabriela Bravo, consellera de Justicia. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA (EP). El sindicato CSI·F ha lamentado este lunes la "precipitación" de Conselleria de Justicia, que ha comunicado a alrededor de 90 trabajadores de auxilio interinos el cese en su labor antes de que se incorporen en las plazas que ocupaban los funcionarios de nuevo ingreso.
La central sindical ha advertido en un comunicado de que esta decisión "puede conllevar perjuicios para los usuarios como suspensión de juicios o retrasos en notificaciones y citaciones".
Según ha explicado el sindicato, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los destinos de unos 80 funcionarios de nuevo ingreso de auxilio que aprobaron las últimas oposiciones. Con fecha en esa misma jornada, Conselleria acordó el cese de los otros tantos interinos que ocupan esas plazas.
CSI·F ha explicado que los nuevos funcionarios cuentan con hasta 20 días hábiles para incorporarse a sus destinos, lo que significa que, en la práctica y en un mes de abril con varios festivos, "pueden hacerlo hasta el 2 de mayo".
La central sindical ha apuntado que a estas oposiciones concurren personas de toda España y que, en muchos casos, "necesitan un periodo de tiempo para organizarse, por lo que su incorporación no es inmediata".
CSI·F considera que Conselleria "tendría que haber llevado a cabo el relevo como especifica el propio BOE, que señala que el personal interino se mantendrá en cada caso hasta el día anterior de la llegada del funcionario titular". De este modo, "no se produciría un vacío laboral, ya que cada juzgado dispone de un único empleado público de auxilio".
Según el sindicato, "esta precipitación puede conllevar la suspensión de juicios o el retraso en notificaciones y citaciones durante el mes de abril por carencia de personal de auxilio en numerosos juzgados hasta que tome posesión de la plaza el funcionario de nuevo ingreso".
La central sindical explica que a esos 80 interinos cesados, la Conselleria de Justicia ha sumado una decena más que se ocupaban de apoyo de auxilio judicial, aprovechando la entrada en funcionamiento del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales.
