Vicent Marzà en el debate de política general de la Comunitat. Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. En Les Corts se auguraba este miércoles un debate de política general donde la Educación fuera la protagonista, evidentemente no para bien. El conflicto y las críticas al plurilingüismo se presagiaban como el epicentro de los reproches. Y sí, Educación destacó, pero finalmente el departamento de Vicent Marzà se llevó todas las atenciones tras el anuncio estrella del presidente de la Generalitat, Ximo Puig: 700 millones de euros destinados a un plan para la construcción y mejora de los colegios.
La Conselleria de Educación ha optado por replantear la fórmula. Hace menos de una semana que Marzà dio cuenta de la ejecución de su mapa de infraestructuras escolares donde se pudo observar -y el propio conseller reconoció- que era muy poco probable que se cumplieran los objetivos marcados para los dos primeros años del plan -que fue anunciado en enero de 2016-.
Según los datos proporcionados por la propia conselleria en la apertura de curso todavía faltan por iniciar 39 colegios de los 73 prometidos para los dos primeros años del plan. En su conjunto, el plan tiene la previsión de construir 124 centros nuevos, con un coste de 423 millones de euros, además de la adecuación de otros 116, con un presupuesto de 60 millones. No obstante, la medida ha sido impulsada con la intención de construir más de 200 colegios y la reforma de más de 500 colegios e institutos.
Más allá de poder incrementar el número de construcciones, la cuestión es que a Educación le faltan manos para poner en marcha todas las obras en el aspecto burocrático y actualmente existe un problema de embudo administrativo. Por ello volverá a apoyarse en los consistorios -como ya hizo con la Xarxa Llibres- para poder cumplir los objetivos marcados. Los ayuntamientos serán libres de sumarse con el fin de adelantar la tramitación de los expedientes de sus municipios.
Una vez publicado el decreto que regula el plan, se establecerán convenios de colaboración con los ayuntamientos y serán los propios consistorios los que liciten la construcción de la infraestructura e inicien las obras. Una vez licitada e iniciada la obra, el ayuntamiento hará llegar las certificaciones de obras para que la Generalitat realice los pagos a las empresas, de manera que los municipios no tendrán que desembolsar dinero.
Por otro lado, la norma especificará diferentes tipologías de colegio que marcarán el presupuesto a gastar. En el caso de que la licitación sea adjudicada por un importe menor al marcado, el restante podrá ser utilizado para otras infraestructuras vinculadas a la escuela. Sin embargo, si sobrepasa el coste estipulado tendrá el ayuntamiento tendrá que afrontar el sobrecoste con sus recursos.
Presupuestariamente, la estimación es que la cantidad se reparta entre dos o tres años y en el caso de que todos los ayuntamientos solicitaran a la vez el gestionarse las obras e iniciar el proceso se mantendría el orden de prioridad que ya marca el mapa de infraestructuras.
