VALENCIA. El Consejo de Transparencia, con su presidente Ricardo García Macho a la cabeza, entregó este viernes a Les Corts Valencianes la primera memoria anual sobre su actividad, que en esta ocasión resulta parcial dado que aunque la Ley entró en vigor en abril de 2015 y no se pudo constituir el organismo hasta diciembre de ese mismo año, con posteriores cambios en los miembros que han dificultado la elevación de informes.
Así, la memoria del ente ha ido dirigido a poner sobre la mesa una serie de reivindicaciones para exigir más medios y recursos, además de dietas "dignas" ante el "gran número de responsabilidades" que le atribuye la Ley de Transparencia.
En este sentido, el informe entregado en Les Corts recalca que el diseño institucional por el que se optó "no parece ser el más adecuado para que dicha apuesta resulta eficaz" puesto que "dificulta enormemente la posibilidad de cumplir adecuadamente" los encargos recibidos.
La memoria explica que las competencias contempladas son "muchas más que las atribuidas al Consejo Estatal o a otros órganos autonómicos que asumen funciones en estas materias".
Ante esta situación, desde la institución se reclama un "órgano fuerte en todos los sentidos", haciendo hincapié en una "plena independencia funcional, orgánica y presupuestaria, así como una adecuada dotación de medios materiales y humanos", de lo contrario manifiestan las dificultades para cumplir plazos. Además, el propio Ricardo García lamentó la adscripción del órgano a la Conselleria de Transparencia: "Es complicado que dependamos de quien tenemos que controlar", resaltó.
Por otro lado, en la citada memoria se resalta que la Ley establece que la condición de miembro del Consejo "no exige dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración, con la excepción de la percepción de dietas o indemnizaciones". Sobre esto, el informe destaca que actualmente "solo se abonan los gastos de transporte generados por la necesidad de desplazamiento de algunos de sus miembros". Así, desde el Consejo se considera que sería "conveniente, al menos, que estas dietas o indemnizaciones fueran establecidas lo antes posible con la dignidad requerida para compensar el grado de especialización y el nivel de dedicación que exige el desempeño de esas funciones".
Además, puntualizan, que esas dietas "estén predeterminadas para que su percepción no tenga que depender de decisiones puntuales que necesariamente habrán de ser tomadas por órganos sujetos a su control".
Camps facilita su tesis al Consejo de Transparencia
Por otro lado, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps entregó este viernes al grupo parlamentario popular una copia de su tesis doctoral sobre la reforma electoral, para que desde la formación se haga llegar al Consejo de Transparencia.
Camps facilitó el libro al secretario general del grupo parlamentario popular, Luis Santamaría, después de que desde el Consejo de Transparencia se dictara una resolución instando a que el contenido de la tesis sea público, lo que, según este órgano, estaba impidiendo la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).
El expresidente trasladó al grupo popular su "asombro" porque "nadie desde el Consejo de Transparencia se haya dirigido" a él sobre esta cuestión, lo que "no parece lo más adecuado de cara a garantizar la seguridad jurídica preceptiva en un Estado de Derecho". Asimismo, Camps comunicó el link a través del cual se puede tener acceso a dicha tesis -el coste del libro es de 45 euros-, que fue publicada por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir -a quien el expresidente cedió los derechos-, con el título 'El sistema electoral proporcional y mayoritario: Votar una lista, votar un candidato'. Además, manifestó que el pasado 30 de marzo presentó un escrito en la Universidad Miguel Hernández, a través del registro del Consell Jurídic Consultiu, en el que permitía el acceso a su tesis.
Por su parte, el presidente del Consejo de Transparencia, Ricardo García, tras entregar en las Corts la memoria de este órgano, explicó a los medios de comunicación que un profesor de la Universidad de Navarra solicitó esta tesis, pero la Miguel Hernández no lo permitía a pesar de no tener "ningún motivo" para ello. "Es una tesis doctoral realizada en el ámbito de la universidad, que ya es pública", señaló García, quien consideró "inexplicable" lo que ocurrido.
Imagen del Consejo de Transparencia en Les Corts este viernes
