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La abogacía estudia la fórmula para minimizar el impacto de la sentencia del supremo

El Consell busca imputar los 72 millones por el derribo de los 'Gemelos' al déficit de 2017

Foto: PEPE OLIVARES
21/11/2017 - 

VALÈNCIA (VP/EP). A la Generalitat valenciana le ha estallado, en plena gestación de los Presupuestos de 2018, otra bomba retardada heredada de la etapa anterior que va a suponer un coste de 72 millones de euros, equivalentes a siete centésimas de déficit. Como publicó Valencia Plaza el pasado domingo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado la demolición de los edificios Gemelos 28 de Benidorm e indemnizar a los 168 propietarios.

De acuerdo con la sentencia, la Generalitat tiene tres meses para consignar una cantidad aproximada de 72 millones de euros para hacer frente a la demolición y a la indemnización, en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo en 2012. En el plazo de tres meses, la Generalitat deberá habilitar el correspondiente crédito presupuestario y aportar el proyecto de demolición con su correspondiente coste.

La cantidad de 72 millones comprende dos conceptos: los 60 millones, que valdrían la compra de los apartamentos de pisos, trasteros, garajes y zonas comunes más el coste del derribo, además del 20% adicional que la sentencia exige que hay que abonar a los propietarios. 

La Conselleria de Hacienda y la Abogacía de la Generalitat trabajan ya para tratar de minimizar el impacto en las cuentas de la Generalitat. 72 millones equivalen a unas siete centésimas de déficit para una administración que cerrará este año, según prevé Fedea, con un déficit del 1,2%, el doble del autorizado. 

Pese a ello, la intención del departamento que dirige Vicent Soler es imputar ese gasto al año 2017, con lo que el déficit subiría al 1,27%. El motivo es que se trata de un gasto sobrevenido procedente de una sentencia contra gobiernos populares anteriores y, por tanto, justificable ante el Ministerio de Hacienda. Con ello, podría percibir esta cantidad a mediados del año próximo como parte del FLA para cubrir el exceso de déficit. Con ello, evitaría además tener que modificar los Presupuestos de 2018 para pagar esa cantidad, que equivale a casi el doble de todo el presupuesto de la Conselleria de Transparencia. 

El conseller Vicent Soler. Foto: EVA MÁÑEZ

El procedimiento sería provisionar los 72 millones una vez la sentencia sea firme -existe posibilidad de un recurso de reposición- y llevarlo a la cuenta 409, donde se recogen los gastos que no tenían consignación presupuestaria. Pero todo esto está siendo estudiado por la Abogacía de la Generalitat con el objetivo encontrar la fórmula más conveniente.

"Ruina en diferido"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó este lunes que el derribo de los Gemelos 28 y la indemnización a los propietarios ordenado por los tribunales es una muestra más de la "ruina en diferido" y las "minas" que ha dejado el PP. Puig confirmó que los servicios de la Abogacía de la Generalitat están viendo "posibles actuaciones para minimizar al máximo el coste que va a significar para las arcas de la Generalitat" cumplir con este fallo.

"Es un caso más de la ruina en diferido que ha dejado el PP, han sido 20 años de múltiples despropósitos, uno de los cuales fue la política urbanística", manifestó, para a continuación recordar que el caso se remonta a 2005, cuando la administración autonómica autorizó esa construcción pese a estar en una zona de servidumbre y de costa.

Señaló que la entonces ministra de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona, se mostró en contra de esta decisión, pero siguió adelante y se construyeron las torres, construcción que Greenpeace incluyó ya en un informe sobre destrucción de la costa. El TS, añadió Puig, declaró en 2012 ilegal esa resolución de la Generalitat y ahora se está "intentando valorar cómo se tiene que  aplicar esta sentencia", ya que supone algo "absolutamente gravoso para los ciudadanos, que van a tener que pagar el despropósito enorme con una cantidad muy alta de recursos que no podemos destinar a otras cuestiones"

"La herencia del PP no solo ha afectado a la reputación, sino también a esta serie de minar que en algún caso podemos desactivar y en otros casos va a ser difícil desactivar como este, y acabaremos pagando", concluyó.

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