VALÈNCIA. El Pleno del Consell ha acordado prorrogar un año mas el convenio firmado en 2016 entre la Generalitat, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
El documento de colaboración establece que los jueces valencianos podrán aplicar una nueva prorroga de un año de duración en aquellos procesos de desahucio en los que los afectados no dispongan de recursos mientras la Administración busca soluciones para cada caso y evitar, así, que nadie en la Comunitat Valenciana se quede desamparado a consecuencia de un proceso judicial.
El convenio incluye un protocolo de actuación en aquellos casos que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago del alquiler, y cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social, sea necesaria la intervención de la red asistencial de la Generalitat.
En estos casos, el juez comunicará esta circunstancia a los servicios sociales autonómicos o al ayuntamiento de la localidad donde residan las personas afectadas para que reciban ayuda y, si se cumplen los requisitos, puedan ser beneficiados por un programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias en el parque público de viviendas de la Generalitat.
El convenio también recoge la intervención de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a fin de que los ayuntamientos valencianos participen en el intercambio de información referida a la estructura de los programas de asistencia social que cada uno disponga.
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas trabaja para que los servicios de orientación jurídica de la Generalitat dispongan de toda la información necesaria para transmitirla a los posibles afectados por una situación de este tipo, así como los formularios para solicitar ayuda.
También se cuenta con la participación de los Colegios de Abogados y Procuradores para que estos operadores jurídicos conozcan que la autoridad judicial cuenta con una herramienta procesal para paliar los dramáticos efectos de un desahucio.
