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MANTIENE LOS 7,5 AÑOS PARA david SERRA y cristina IBÁÑEZ Y LOS SEIS PARA RAMBLA 

El fiscal rebaja de 7,5 años a 4 años y tres meses la petición de cárcel para Ricardo Costa

Foto: EFE/ Fernando Alvarado
8/05/2018 - 

VALÈNCIA (VP/EP). La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado la petición del condena para el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa en el caso de presunta financiación ilegal del partido de los siete años y medio que solicitó al inicio del juicio a cuatro años y tres meses. La reducción se produce tras una declaración del ex número dos del PPCV ante el fiscal en la que habría aportado nuevos indicios de delito relacionados con la época en la que tuvo responsabilidades en la formación y que podrían afectar al Gobierno de Francisco Camps.

Para el resto de acusados del PPCV, el ex vicesecretario general David Serra y la exgerente Cristina Ibáñez, la Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de un total de siete años y medio de prisión, mientras que para el exvicepresidente de la Genereralitat Vicente Rambla solicita seis años de cárcel.

Anticorrupción rebaja también su petición de prisión para los líderes de la trama Gürtel. En el caso del cabecilla Francisco Correa pasa de 22 años a siete años y nueve meses; para el número dos del Grupo Correa, Pablo Crespo, de 22 a 13 años y medio de prisión, y para el responsable de responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', de 27 a 16 años y medio de cárcel. 

Atribuye a todos ellos los delitos electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 -en este caso menos a Vicente Rambla- y generales de 2008, y delito continuado de falsedad documental, y a los responsables de la trama, además, delitos contra la Hacienda Pública por defraudación del IVA y del Impuesto de Sociedades y por defraudación tributaria (IRPF).

El ministerio público aplica atenuante de confesión al 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, después de que este reconociese que el PP liderado por el entonces presidente valenciano, Francisco Camps, pagó en negro a la trama Gürtel. También aplica la atenuante a los nueve empresarios que confesaron al comienzo de la vista oral que financiaron de forma irregular a la formación popular en Valencia.

La Audiencia Nacional recibe el ingreso de dos millones de una cuenta suiza de Correa

El magistrado de la Audiencia Nacional que juzga la trama valenciana de la Gürtel, José María Vázquez Honrrubia, ha comunicado este martes durante la sesión de vista oral dedicada a conclusiones, que se ha hecho efectivo el ingreso de 2,2 millones de euros por parte del principal acusado y líder de la red, Francisco Correa, para poder hacer efectiva la indemnización por la defraudación tributaria cometida por Orange Market.

El dueño de la empresa que recibió presuntamente pagos en 'b' del PP valenciano, pidió en un escrito remitido a la Audiencia Nacional que se solicitara una Comisión Rogatoria Internacional a Suiza para acceder a la cuenta bancaria bloqueada en la entidad Credit Suisse, y pagar la cuantía exigida por la Fiscalía Anticorrupción, buscando así que se le aplicara la atenuante de reparación del daño reclamado.

El titular del Juzgado Central de lo Penal ha comunicado el ingreso de la transferencia procedente del país helvético tras conocer las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano.

El empresario expuso en un escrito antes de que arrancara esta vista oral que colaboraría con la Justicia "reconociendo hechos, aunque no delitos", tal y como ya hizo en el anterior juicio sobre la primera época de actividades de la red (1999-2005).

El PPCV ocultó al Tribunal de Cuentas su financiación ilegal, según la fiscal

La fiscal Miriam Segura ha dicho en el juicio que la trama Gürtel diseñó una forma de financiar las campañas electorales del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) de 2007 y 2008 que ocultó al Tribunal de Cuentas "datos fundamentales para una correcta fiscalización".

Para la fiscal se ha acreditado la financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana para gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008, a través de facturas falsas y pagos en B de empresarios que gozaban de adjudicaciones de la Administración valenciana y que por ello no podían por ley realizar donaciones al partido.

"Se declararon las cosas de manera inveraz y otras no se declararon", ha comentado la fiscal, que ha señalado que la deuda del PP con Orange Market, la empresa de la trama en la Comunitat Valenciana, por actos y servicios electorales "se pagó con dinero negro y a través de facturas a terceros".

La fiscal ha señalado que los gastos electorales del PP de la Comunitat Valenciana fueron "muy superiores" al límite legal y la trama creó una forma de facturar que hacía "imposible un control y un seguimiento serio".

En este sentido ha abundado en que con este afán de ocultación se incluyeron actos en la contabilidad de funcionamiento ordinario del PP de la Comunitat Valenciana cuando debían haber sido incluidos en la contabilidad electoral para rendir cuenta de ellos a los órganos fiscalizadores y "arrastraron a los proveedores para que no facturaran como debían".

Crespo culpa a la Fiscalía

El considerado 'número dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha culpado este martes a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones de que no hayan investigado quién del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) ordenó a empresarios pagar a través de facturas falsas la organización de actos electorales en 2007 y 2008 que la formación política contrató con la empresa de la red corrupta Orange Market.

Así lo ha expuesto Margarita Crespo, abogada e hija de Pablo Crespo, durante su exposición del informe de conclusiones en el juicio por la presunta financiación irregular del PP liderado por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps durante las campañas para la elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

La defensa de Crespo, que ha pedido su absolución, ha resaltado que ninguna acusación en este procedimiento, es decir, ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni la acción popular ejercida por el PSOE valenciano ha mostrado "interés alguno por indagar" quién del PPCV pidió a los empresarios que sufragasen su deuda con Orange Market, "y a cambio de qué favores". "Y nos quedaremos sin saberlo", ha añadido.

Para la abogada, nueve patronos valencianos han llegado a una conformidad con Anticorrupción "a cambio de no hablar de lo que es de verdad corrupción". Algo que supone "discriminatorio" para el 'número dos' de la Gürtel porque, según ha dicho, "ha hecho un esfuerzo mayor" y ha colaborado durante todo el procedimiento "en la medida que ha podido" para luego no verse beneficiado por parte de la acusación con la posibilidad de que se le aplique una atenuante.

Los empresarios "acceden voluntariamente" a financiar al PPCV

Es más, Margarita Crespo ha responsabilizado a los empresarios de financiar irregularmente al PP de Camps durante las campañas electorales porque es el partido el que les pide que se "utilice la mecánica defraudatoria" y ellos "acceden voluntariamente". "Eso define cuál es comportamiento de unos y de otros", ha dicho descartando a los trabajadores de Orange Market de esta manera de actuar.

Asimismo, ha enfatizado que ha quedado comprobado que todos los actos que facturó Orange Market eran "reales" y que los empresarios sufragaron la deuda que tenían los 'populares' valencianos con la empresa de Correa.

Por otro lado, el abogado de Correa, Javier Iglesias, ha mostrado su "plena conformidad" con las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, salvo con los años de prisión que solicita por el delito de falsedad documental. El Ministerio Público ha modificado su petición de pena para el 'cabecilla' de la trama Gürtel atendiendo a la aplicación de atenuante de confesión y de reparación de daños, por lo que ha rebajado de 22 años a siete años y tres meses de cárcel.

Si bien, el letrado ha instado al juez a que no condene a su defendido a una pena mayor a la que sea impuesta a los nueve empresarios que han pactado con la Fiscalía penas que oscilan entre 15 y 21 meses, que serán finalmente sustituidas por multas, ya que el "ánimo de colaboración" ha sido el mismo y ha reparado el "100 por 100" del daño causado.

De hecho, el juez Vázquez Honrubia ha comunicado durante la sesión de este martes que los 2,2 millones que pidió el líder de la Gürtel que fuesen desbloqueados de sus cuentas en Suiza para hacer efectiva la indemnización por la defraudación tributaria cometida por Orange Market han sido ingresados en la cuenta de la Hacienda.

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