María Jesús Montero y Meritxell BatetVALÈNCIA/MADRID (VP/EP). El Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes la senda de déficit y de deuda para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2019, como estaba inicialmente previsto, tras el acuerdo alcanzado con Unidos Podemos para modificar la Ley de estabilidad presupuestaria.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno no aprobará la senda de déficit pese a haber aprobado este mismo miércoles con las comunidades autónomas los objetivos contenidos en la senda para estas administraciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El Gobierno debía aprobar de nuevo esta senda tras el rechazo del Congreso a los objetivos propuestos el Ejecutivo el pasado mes de julio. Entonces, únicamente PSOE y PNV apoyaron la senda de estabilidad presupuestaria, votos suficientes frente al rechazo de PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. Unidos Podemos y Compromís, dos de los partidos que apoyaron la moción de censura de Sánchez, se abstuvieron.
En virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno cuenta con un plazo de un mes, que vence el 27 de agosto, para volver a aprobar unos nuevos objetivos y remitirlos a las Cortes Generales, donde debían ser refrenados tanto por el Congreso como el Senado.
Precisamente, acabar con el poder de veto del Senado, donde el PP
cuenta con mayoría absoluta, ha sido una de las exigencias de Unidos Podemos para apoyar, esta vez sí, la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno. Una exigencia aceptada y acordada este miércoles, y que contaría con el apoyo de ERC, PDeCAT y PNV.
Según Unidos Podemos, el compromiso del Gobierno es no someter a votación la senda de estabilidad presupuestaria hasta lograr la modificación de esta ley orgánica, algo que ven posible hacerlo sin tener que tramitar una proposición o proyecto de ley.
Así, alegan que el artículo 15, que regula la aprobación de los objetivos de estabilidad, regula un aspecto procedimental de la norma, y no un derecho fundamental que las características propias de una ley orgánica debe proteger.
