X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información
GRUPO PLAZA

El juez imputa al antiguo consejo de Banco de Valencia por préstamos a Libertas 7

2/04/2016 - 

VALENCIA. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a casi todos los miembros del consejo de administración del desaparecido Banco de Valencia , presidido entonces por José Luis Olivas, como presuntos autores de un delito de administración desleal y/o apropiación indebida, en relación con una serie de préstamos renovados por la entidad a la sociedad Libertas 7 entre 2009 y 2011.

El juez no cifra en el auto cuál sería el daño económico causado a la entidad ni quiénes serían los autores de la supuesta apropiación indebida, ya que ni la sociedad beneficiaria de las operaciones ni sus administradores aparecen como investigados (nueva denominación de imputados).

Según el auto de Pedraz, que lleva fecha del 29 de marzo, no se trata de una nueva causa, sino de una ampliación de la pieza 120/2013, abierta tras una denuncia del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a raíz de una adenda al informe del Banco de España. 

El juez se basa en el informe del fiscal, del que transcribe que "existen indicios de una permanente y continuada línea de refinanciación a favor de Libertas 7 SA, con nuevas renovaciones de préstamos y pólizas de créditos, sin adoptar ninguna garantía extra, y sólo garantías personales pese a la no devolución de las cantidades prestadas, por un monto aproximado de 64 millones".

La sociedad Libertas 7, controlada por la familia Noguera, era accionista del Banco de Valencia con un 5% y tenía un asiento en el consejo de administración, que ocupaba en representación de la firma su presidenta, Agnès Noguera.

El juez destaca que el dinero lo prestaban "a la consejera Agnès Noguera Borel sus propios compañeros del consejo de administración, infringiendo toda normativa del negocio bancario, especialmente en lo relativo a las operaciones de los altos cargos, Circulares 4/2004 y 3/2008 del Banco de España, y su propio manual de riesgo". El relato del magistrado es inexacto, ya que el dinero no se prestó a la consejera, sino a Libertas 7.

Curiosamente, Pedraz dispone que se cite a declarar como investigados a 13 consejeros de la entidad, pero no a Agnès Noguera. Tampoco figura en la lista el entonces consejero delegado de la empresa, Domingo Parra. Parra fue consejero de Libertas 7 entre 2007 y 2011.

Según el relato del fiscal recogido en el auto, Libertas 7 sólo amortizó principal en dos vencimientos por importes de 937.500 y 1,87 millones de euros. El resto de vencimientos no se atendieron y, pese a los "clamorosos impagos", en cada renovación la sociedad "obtenía más carencia y alargar las fechas de vencimiento".

Valencia Plaza ha tenido acceso a algunas de las actas de los consejos en los que se aprobaron por unanimidad algunas de estas operaciones y en ellas se dice que las operaciones habían sido "sometidas a la preceptiva autorización del Banco de España", excepto un acta en la que se dice que "serán sometidas" a dicha autorización. En ellas también consta que Agnès Noguera se ausentó de las reuniones al abordarse los préstamos de Libertas 7. Nada se dice de Parra, que entonces era consejero de la mercantil.

La denuncia del fiscal se basaría no tanto en la refinanciación de los préstamos, habitual en aquellos años de fuerte crisis, sobre todo en el sector inmobiliario, como en su aprobación en favor de una sociedad accionista del banco y representada en el consejo de administración.

El Frob aprobó una dación en pago

El auto judicial no recoge si el fiscal cuantifica el perjuicio causado al banco por estas refinanciaciones, si es que lo hubo. El Banco de España sí cuantificó en al menos 13,6 millones de euros el daño causado a Banco de Valencia cuando acabó la relación con Libertas 7 mediante una dación en pago, pero esa operación fue firmada en 2012, cuando la entidad valenciana ya había sido intervenida.

De hecho, la operación fue denunciada por el Banco de España ante el juez a pesar de que la entidad estaba administrada por el Frob, dependiente del propio Banco de España.

Se trata de una dación en pago admitida por el equipo del Frob que dirigía José Antonio Iturriaga a Libertas 7 para cancelar los préstamos que entonces sumaban 62 millones de euros. Una operación "lesiva para los intereses de la entidad", según el Banco de España.

De esta cantidad, 35 millones estaban en mora y 20,4 en impago en septiembre de 2012, dos meses antes de adjudicarse la entidad a Caixabank. A cambio de cancelar los préstamos, el Frob aceptó inmuebles y valores mobiliarios de Libertas 7 por valor de 47,4 millones, a pesar de que esos préstamos tenían garantía personal que podía haberse exigido, por lo que se produjo un quebranto para el banco de, al menos 13,6 millones, según la denuncia del regulador, a la que no se hace ninguna referencia en el nuevo auto del juez.

El acuerdo fue adoptado por la Junta de Administradores Provisionales del Banco de Valencia nombrada por el Frob, que encabezaba José Antonio Iturriaga.

Doce causas, dos archivos

La Audiencia Nacional instruye doce causas relativas al Banco de Valencia, la primera con una antigüedad de más de cuatro años desde que se presentó la primera querella, de las que dos han acabado en archivo.

Esta misma semana, el magistrado Pedraz decretaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella presentada por el Frob contra el ex consejero delegado de Banco de Valencia entre 1994 y 2011, Domingo Parra; el que fuera director de Sociedades Participadas Inmobiliarias de la entidad Alfonso Monferrer y el empresario Bartolomé Cursach, entre otros, por la presunta comisión de apropiación indebida en la concesión de préstamos a dos empresas del grupo.

En un auto de 28 de marzo, el magistrado acogía la tesis del fiscal, que también descartó la existencia de ilícito penal, y consideraba que las operaciones desarrolladas tenían como fin "disminuir los riesgos vivos" con determinados grupos promotores, como exigía el Banco de España, y garantizar el pago de las deudas que mantenía el Grupo Cursach con Bancaja y Banco de Valencia, al mismo tiempo que rechazaba que esas operaciones se desarrollasen "de espaldas" a la entidad.

Noticias relacionadas

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email