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piden reducir 2,8 millones la partida presupuestada

El PP critica que el presupuesto para la ley antidesahucios es "pobre" y a la vez quiere reducirlo

1/12/2016 - 

VALENCIA. Les Corts rechazaron este miércoles la enmienda a la totalidad que el Partido Popular presentaba a la Ley para la Función Social de la Vivienda, la primera norma, además de la de Presupuestos y la de Acompañamiento, que el Gobierno valenciano ha elaborado en esta legislatura. Los populares pidieron que se devolviera el texto al Consell para que presentara un nuevo proyecto al considerar que el presupuesto para 2017 "no llega ni a la mitad de lo mínimamente necesario para aplicar la ley", aseguró en su intervención la diputada alicantina del PP, Elisa Díaz

La partida para el próximo año -todavía por aprobar- alcanza los 5,9 millones de euros y está dividida en cuatro programas: mediación y colaboración institucional, emergencias habitacionales, colaboración con los ayuntamientos y mediación. Un presupuesto que el PP considera insuficiente porque la memoria económica del proyecto de ley señala que para "poder atender mínimamente de manera satisfactoria lo establecido" en el texto, "se precisan unos doce millones para el primer ejercicio".

Con este argumento, los populares han presentado dos enmiendas parciales que deberán votarse en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda para retirar 2,8 millones de euros a la partida prevista por el Ejecutivo valenciano. Una iniciativa que reduciría a la mitad el presupuesto de casi 6 millones previstos para el primer año de implantación de la norma. 

Así, la diputada alicantina Elisa Díaz, propone retirar los 1,3 millones de euros destinados a la mediación y colaboración institucional de la ley y trasladarlos a la "nuevas infraestructuras y equipamiento urbano", en concreto, para la realización de trabajos en la provincia de Alicante. De la misma manera, la segunda enmienda parcial plantea que los 1,5 millones destinados a la línea para la colaboración con los ayuntamientos vayan destinados a la "rehabilitación del Barrio José Antonio de Alicante" porque consideran que no "lo van a poder ejecutar ya que, antes de aprobarse, ya admiten en la propia memoria económica que la ley no está dotada de forma adecuada". 

Una enmienda que fue tildada por algunos diputados en Les Corts de "incoherente" y "sin sentido" por no ir alineada con lo que en tribuna exigió la portavoz de Vivienda del PP en el parlamento valenciano. 

Informe del Consell Jurídic Consultiu

Desde que se proyectara, la norma no ha estado exenta de polémicas. Si el fin principal de la iniciativa estrella de la Conselleria de Vivienda que dirige María José Salvador es que no existan viviendas vacías y sin uso, la manera de hacerlo fue cuestionada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) al considerar que alguno de sus artículos podrían ser inconstitucionales dado que no se puede obligar a los propietarios a que sus viviendas no estén vacías ni a los bancos a ofertar alquileres sociales a los desahuciados. 

No obstante, también ofrecía alternativas y soluciones a los defectos de la norma como que se suprimiese la expresión "nueva obligación impuesta al adjudicatario del remate, debiendo clarificarse en la norma proyectada que se trata, realmente, de la posibilidad de proponer a la entidad adjudicataria de la vivienda la suscripción de un contrato de arrendamiento con el deudor", es decir, que el contrato de alquiler con opción a compra fuese voluntario para los bancos. 

Para evitar que la ley se tope con un recurso ante el Tribunal Constitucional, el departamento de Salvador ha dejado en suspense los dos artículos que podrían colisionar con las competencias del Estado, con la Ley de segunda oportunidad y por ello "se esperará a que la legislación acabe su vigencia en mayo o se anule la ley". 

Con esto también quedan "en suspense" los mecanismos de intermediación que la Conselleria de Vivienda quería habilitar para evitar desahucios, la expropiación del usufructo a las entidades financieras por parte de la Generalitat si éstas se negaban a ofrecer a los inquilinos en riesgo de desahucio a quedarse en las viviendas en régimen de opción a compra mientras la Administración se comprometía a aplicar un alquiler social durante un período de tres años. 

Al debate de la norma también acudían miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quienes según criticaron, se les había obligado a quitarse las camisetas de la plataforma y las chapas con los lemas Stop Desahucios. Distintos miembros de la organización se reunirán este fin de semana para estudiar la ley en profundidad, a la que, de momento, dicen, ya han presentado 64 enmiendas. 

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