El PP se desentiende de la gestión del grupo municipal de Valencia

VALENCIA. En los intentos de la líder del PPCV, Isabel Bonig, de limpiar el partido de cualquier sombra de corrupción y seguir con la tarea que ya empezó el expresident de la Generalitat Alberto Fabra, se han cruzado una serie de sospechas que han acabado por imponer en el grupo la ley del silencio. Aunque se actúe y expulse a los diputados bajo sospecha –como Miguel Domínguez, investigado por el caso Taula–, las explicaciones se terminan, como en el caso de la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de 2007 del PP valenciano desvelado por Valencia Plaza, en la coletilla de "son temas judiciales".

Eso es precisamente lo que hizo el PPCV ayer. En una jornada en la que el segundo debate del proyecto de la Ley de Presupuestos de 2017 debía haber sido el tema principal, las miradas se centraron en la bancada popular por este presunto delito electoral que ahora investiga el juzgado de instrucción número 18. Una situación sobre la que los diputados del Partido Popular evitaron pronunciarse hasta el último momento de la mañana.

De hecho, este martes algunos diputados del Partido Popular, incluida la presidenta y portavoz del PPCV en Les Corts, volvían a repetir el mismo modus operandi que practicaron cuando el president de la Generalitat, Ximo Puig, desveló que el Tribunal de Cuentas había solicitado al Consell un informe que justificase las "irregularidades" detectadas por la Sindicatura de Cuentas en 2013 en algunas consellerías, como la que dirigió Bonig, donde se concedieron 156 contratos menores -89 de ellos entre los 17.000 y 18.000 euros-.

Ante aquella noticia, la reacción de la síndica parlamentaria fue evitar a los medios de comunicación abandonando el hemiciclo por la parte trasera para atenderlos momentos más tarde en un acto celebrado en Altea con la entonces ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina.

En esta ocasión, sucedía lo mismo. Aunque el pleno comenzaba sin Bonig ni la coordinadora General del PPCV, Eva Ortiz, -se encontraban en un acto en Orihuela tras los desperfectos causados por el temporal-, a última hora de la mañana la presidenta regional apuntaba a este diario que de "los temas judiciales" no harán "ninguna declaración". Una explicación similar a la que, previamente, había esgrimido el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo: "Nosotros no sabemos si se ha producido o no. Por supuesto, siempre hacemos un llamamiento a la presunción de inocencia, pero al final ha de ser los jueces los que toman la decisión", decía para después marcar distancia subrayando que este asunto afecta al grupo municipal popular de Valencia. 

Tampoco el presidente de la gestora del PP de Valencia, Luis Santamaría, que en las últimas semanas había tomado la vara de mando para ejercer de oposición al alcalde Joan Ribó, se pronunció sobre los acontecimientos. Una práctica que repitió el coordinador político de la campaña de 2007, Jorge Bellver, actualmente diputado en Les Corts, que veinte minutos antes de finalizar el pleno de presupuestos afirmaba a este periódico que desconocía "toda la trama" y que sus funciones por aquel entonces se limitaban a decidir si se reunían "con la asociación del taxi o con otra, o si visitábamos una pedanía".

Una vez más el PP se topa con un pasado que lo deja tocado cada vez que se plantea apretar las tuercas al Consell y que embarra su petición de transparencia, a pesar del intento de regeneración anunciada.