VALÈNCIA. (EP). El PPCV estudia llevar a Fiscalía los 127 millones que, según la Sindicatura de Comptes, gastaron los consorcios hospitalarios de Valencia y Castellón en 2016 "con facturas sin control previo o sin expedientes de contratación", ha afirmado su portavoz de Sanidad, José Juan Zaplana, que ha instado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a que sea él mismo quien lleve esta cuestión ante la justicia, siendo "igual de contundente" con la gestión de su Consell que lo ha sido con la del PP.
Así lo ha señalado Zaplana en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de 2017 en el ámbito de la sanidad pública valenciana y ha remarcado los retos que le quedan pendientes para 2018 a la conselleria que dirige Carmen Montón, a la que ha acusado de "no saber gestionar", instaurar el "caos" y "anteponer sus caprichos y su promoción personal y política" a los intereses de los ciudadanos, poniendo "en peligro la salud de los valencianos".
El parlamentario 'popular' ha señalado que según la Sindicatura y la Intervención General hay 127 millones de facturas "sin control", se han dado "14 contratos a dedo, hay fraccionamiento de facturas, pagos con caja fija" y ha manifestado no saber si "esto es corrupción" pero barajan llevar esta cuestión a Fiscalía. "Si no lo lleva Puig, igual lo tenemos que hacer otros", ha señalado, para indicar que el 'president' es "el cómplice necesario para la chapuza de Montón".
Asimismo, ha avanzado que su grupo pedirá todos los expedientes y los estudiará porque hay "pagos con caja fija, falta de expedientes o fiscalización y división de contratos, un completo" que "no pasaría si Puig hubiera tomado la decisión que debía haber tomado, cesar a Carmen Montón".
José Juan Zaplana ha repasado, además, el estado de la gestión sanitaria y se ha referido como la "vergüenza" de 2017 en sanidad a la "crisis" con el IVO. Ha criticado que la consellera haya "usado bases de datos e información de los historiales para la imposición ideológica" llamando a pacientes "para convencer dónde tienen que ir a tratarse".
"¿Dónde está la libertad? Esto es un régimen castrista, impositivo, que solamente intenta imponer sus ideas", ha remarcado, para asegurar que "cuando una persona está enferma de cáncer lo que quiere es que se le trate rápido y donde confíe que se le puede solucionar; es una decisión personal, familiar, no de la consellera o Puig", ha reiterado.
También ha censurado el "aumento de las listas de espera" o la "falta de sustitución de uno de cada cuatro profesionales" en vacaciones o determinados periodos festivos, así como el nuevo modelo farmacológico residencial, con el que "se va a imponer el suministro a través de una empresa", la gestión que se hizo del brote de legionela en Calicanto o los despidos improcedentes en el Provincial de Castellón.
Asimismo, ha lamentado el colapso de las urgencias que obliga, ha dicho, a que esta semana en el Hospital General de Alicante se hayan dejado "en suspenso" operaciones programadas para liberar camas para urgencias.
Con este balance de 2017 considera "sorprendente" que sindicatos como UGT y CCOO "no estén abriendo la boca" porque si estuviera gobernando el PP "ya tendríamos manifestaciones en la calle".
Entre los retos de 2018, Zaplana se ha referido a la reducción de las listas de espera quirúrgicas ante el compromiso de Puig de reducirlas a cien días. "Es el mayor anuncio absurdo que he visto en política", ha dicho el diputado del PP, que ha acusado al Consell de hacer "trampas" en esas listas de espera para ser operado porque antes hay que pasar por un diagnóstico y "lo que se está haciendo es colapsar esas" listas de espera para pruebas necesarias para la intervención a través de instrucciones verbales.
Existe, ha dicho, un colapso para algunas pruebas, según departamentos, que va de 3 a 6 meses aunque "hay algunas pruebas que llegan a más de un año", lo que no permite a esos pacientes entrar en las listas de espera quirúrgicas, con lo que "se bajarán los días, porque habrá menos gente".
El 'popular' también ha asegurado que su grupo estará atento a la reversión de la concesión sanitaria en La Ribera y pedirán una evaluación trimestral de la gestión durante los dos primeros años de gestión directa para "asegurar que las condiciones asistenciales sean iguales" a las que se ofrecen hasta ahora, al tiempo que ha advertido de los "problemas de personal" que se podrían registrar.
Asimismo, se ha referido al vencimiento de los contratos con Eresa, ya que en septiembre termina el contrato global, y "no hay personal o maquinaria suficiente para sumir ese contrato".
Por último, se ha referido también a las instalaciones de la vieja Fe, en el complejo que se denominará Espai de Salut Campanar Ernest Lluc, y ha indicado que "acabará esta legislatura y no estará acabado el complejo, pero tendrá nombre". "La persona que le da nombre no se merece la chapuza de la gestión", ha dicho, para remarcar que si se hubiese continuado el proyecto que dejó el PP "hoy habría un centro sanitario adecuado para los vecinos".
