El presidente de la Diputación de Castellón pide el "cese fulminante" de la consellera Montón

CASTELLÓN (EFE). El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha pedido hoy el cese "fulminante" de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, tras el archivo de la denuncia por las supuestas facturas falsas del Hospital Provincial por parte de la Fiscalía de Castellón.

Moliner ha hecho esta petición en una rueda de prensa tras conocer el contenido del decreto de la Fiscalía de Castellón, en el que se acuerda el archivo de las diligencias de investigación penal derivadas de la denuncia sobre las presuntas irregularidades en la facturación del Provincial por valor de 33 millones de euros.

El presidente de la Diputación ha explicado que la denuncia se formuló a instancias de la Conselleria de Sanidad el pasado 15 de junio de 2016, cuando el 26 de junio había elecciones generales, una fecha, a su juicio, "enmarcada dentro de la campaña electoral".

Desde la denuncia y hasta el final de la campaña, ha sostenido Moliner, "vimos un desfile de la consellera en platós, emisoras, medios locales, autonómicos y nacionales hablando sin rubor de la corrupción que había imperado en el Hospital Provincial y del pufo de los 25 millones (que luego ascendieron a 33) y que se los habían llevado crudos".

Y ha añadido que la consellera decía que si él mismo no era consciente de la corrupción, era "un hombre de paja".

La denuncia de la consellera ha sido "una cortina de humo" para "desmantelar" el Hospital Provincial, que hoy está "sin revisión ocular infantil, sin operaciones de córnea, triplicando listas de espera y sufriendo la mayor fuga de talento de la historia del Consorcio Hospitalario", ha manifestado.

En su opinión, la denuncia es un episodio de "absoluta irresponsabilidad pública", y el fiscal no aprecia ningún indicio de delito en las diligencias y dice que la Intervención de la Generalitat indica que en 2016 las prácticas irregulares que se denunciaron "continúan realizándose" y da unas recomendaciones "para entonces y ahora".

Por eso, ha agregado, "no solo hacen denuncia falsa sino que siguen haciendo lo mismo que ellos mismos denunciaron, y lo dice la Intervención de la Generalitat".

Moliner ha instado al president de la Generalitat, Ximo Puig, a que cese de "forma fulminante" a la consellera porque los valencianos "no merecen tener a una persona irresponsable al frente de la sanidad pública".

También ha pedido que se detenga el "desmantelamiento" del Hospital Provincial y que la consellera "haga el mismo desfile en los platós que hizo para acusarnos para pedir perdón" a los ciudadanos de Castellón por "ensuciar la buena imagen" del Hospital Provincial.

En cuanto a la gestión de fondos que recoge el decreto de la Fiscalía, Moliner ha dicho que la administración pública puede tener "vicios de fondo" que hacen que en determinados ámbitos sea "más o menos" difícil adecuar las contrataciones a los procedimientos, pero los gestores públicos "queremos trabajar para minimizar eso". 

El Provincial dice que denunció por control

El gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Ximo Sanchís, ha asegurado este miércoles que denunciaron la facturación presuntamente irregular del centro entre 2003-2015 por su obligación de controlar el dinero público.

Sanchís ha realizado estas declaraciones tras archivar la Fiscalía las diligencias de investigación penal que se incoaron por la denuncia interpuesta por él mismo sobre presuntas irregularidades en relación con expedientes de contratación y facturas que se habían emitido sin soporte o cobertura contractual en el periodo 2003-2015.

Así, ha recordado en un comunicado que el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón detectó irregularidades relacionadas con la facturación emitida por parte de, entre otras, las empresas PIAF y TELECSO durante los años 2003 y 2015, por importe de 33 millones de euros.

Ante estos hechos, que considera que suponen una "transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda Pública y que podrían ser constitutivos de delito", el Consorcio, "como es su obligación ante la sospecha del mal uso de dinero público", remitió esta información a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia que, a su vez, la derivó a la Fiscalía de Castellón.

A ello se suma, según ha añadido, que PIAF está implicada en el caso Gürtel de financiación irregular del PP. "De hecho, el que fuera su consejero ha admitido financiar irregularmente al partido a cambio de la concesión de obras", ha señalado.

Por todo ello, desde el Consorcio se insiste en la obligación de control del dinero público y en la gestión, y ha destacado su compromiso de trasladar a las entidades competentes las irregularidades que se detecten para garantizar el "buen uso" del dinero público, "tal y como se ha procedido en este caso".