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posible financiación irregular

El PSPV apoyará la comisión sobre Crespo Gomar si también se investigan sus contratos con el PP

4/04/2018 - 

VALÈNCIA (X. A./EP). El PSPV celebró este martes una reunión del Secretariado del partido -la Ejecutiva reducida- en la que participó el líder de la formación socialista y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y donde se abordaron las informaciones publicadas recientemente en relación a una posible financiación irregular del partido en las campañas de 2007 y 2008. En este encuentro, los socialistas acordaron nombrar una comisión interna de investigación que estará compuesta por el responsable de Organización, José Muñoz; el presidente de la Comisión de Ética, José María Ángel, y la diputada y secretaria del área de Ciudadanía, Ana Barceló, para que se encarguen de recopilar toda la información de aquella etapa y en la que se ha puesto el foco en la agencia de comunicación Crespo Gomar, radicada en Gandia.

Así lo anunció tras la cita, que se prolongó durante más de una hora, el vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata, quien además anunció que el grupo parlamentario socialista apoyará la propuesta de Ciudadanos de crear una comisión de investigación en la cámara si esta se extiende a la relación de Crespo Gomar con todos los partidos y administraciones. Una posición que, según explicó Mata, se debe a que la citada agencia también trabajó para el PP en Denia o rediseñó la marca de Canal 9 en 2008 cuando gobernaban los populares.

"Esta agencia obtuvo en 2006 un premio otorgado por la Cámara de Comercio. Trabajaba con muchos clientes y empresas así que si hay que investigar, investiguemos todas las relaciones. No es razonable hablar de dos partidos cuando sabemos que otras fuerzas políticas trabajaron con esa empresa", comentó Mata, para explicar que en la revisión inicial que han hecho los socialistas no han obtenido indicios de que se hubiera hecho por parte del PSPV ninguna actuación irregular.

Según el PSPV, la única información que tienen sobre la investigación son "las coacciones que el exalcalde del PP de Gandia Arturo Torró hizo a compañeros del partido y que, según indican los medios de comunicación, es la base de la denuncia". "Después de perder la Alcaldía en 2015, amenazó con hacer pública una documentación si no le devolvían la vara de mando y se retiraban las denuncias que los socialistas habían interpuesto por su gestión", señaló Mata, para recalcar  que "nunca se accedió a ese chantaje" y que "al PSPV no se le ha requerido en ningún momento información".

Respecto al contrato con Crespo Gomar, Mata precisó en atención a los medios tras la reunión que la empresa fue premiada "al más alto nivel" en 2006 por la Cámara de Comercio, por lo que entendían que era "seria y no un chiringuito". "La campaña es exitosa y la pagamos, pagamos todas las facturas", aseveró, e insistió en que "no hay ni una sola información que diga que cobró en B, o se dice pero nadie dice como es ese B".

Lo que se ha publicado, según Mata, es que "a lo mejor alguna empresa, y citan a Blauverd, pagó facturas del PSPV", sobre lo que recordó que "era su principal cliente" y que "le pagaba unas altas cantidades por llevarles toda la política de comunicación". "De ahí a suponer que le pagaba al PSOE es una interpretación preocupante", sostuvo.

Mata aseguró además que alguien "esta dando información sesgada y manipulada", y lo relacionó con "el entorno del señor Gomar, que llevaba la contabilidad de Gandia, socio y amigo de Torró". Más tarde, cuando se le preguntó si era una 'vendetta' o una maniobra del exalcalde, sentenció: "No sé cómo funciona exactamente la mafia".

"Vamos a seguir investigando, de nosotros y de todo el mundo. ¿Ese contrato de Canal 9 era normal y el de Dénia era normal y, en cambio, el que da Acuamed en 2005, que ni conocíamos a Crespo Gomar, no es legal? Todo eso habrá que investigarlo".

Resolución defensiva del PSPV

En este sentido, el Secretariado de la formación socialista aprobó una resolución con cierto carácter defensivo en el que mostraba su "total disposición a colaborar con la Justicia" y "esclarecer todas las informaciones". "Independientemente de que en el ámbito judicial se pueda tratar de hechos ya prescritos, si se detectan actuaciones inapropiadas actuaremos con la máxima contundencia a la hora de exigir responsabilidades políticas", subrayaron en el citado documento, para garantizar además que aplicarán "con firmeza" sus "estándares de higiene democrática".

Manolo Mata y José Muñoz en una reunión de la cúpula del PSPV

"Este partido es el que más esfuerzos ha hecho por acabar con la corrupción y devolver la decencia a las instituciones valencianas", señalaron en su resolución, para asegurar que la dirección del PSPV "no va a consentir que cualquier sombra de duda enturbie la honradez en la actividad política".

Sobre esto, consideran que este movimiento se enmarca en "la campaña de desprestigio que el PP está intentando hacer contra los partidos que integran el Govern del Botànic", con varias denuncias que ven como "una estrategia para desviar la atención de los numerosos casos de corrupción que acosan al PP".

"Los socialistas no nos escondemos y queremos dar las explicaciones que se nos pidan", remarcaron, para enfatizar que en el PSPV no acusan "ni a fiscales, ni a jueces, ni a periodistas" y trasladar su voluntad de ofrecer los datos que les pidan "con todas las garantías".

Posibles delitos entre 2007 y 2011

Las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos, que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011. En esos comicios, el candidato socialista a la Generalitat era el entonces secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera era el líder del Bloc.

Según adelantó El Mundo la semana pasada, la sociedad Crespo Gomar -que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia- facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

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