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La comunidad foral podrá expropiar viviendas que lleven dos años desocupadas

El TC da esperanzas a la 'ley antidesahucios' valenciana al avalar parte de la navarra 

Foto: EVA MÁÑEZ
28/02/2018 - 

VALÈNCIA. El Tribunal Constitucional da esperanzas a la 'ley antidesahucios' valenciana. La denominada Ley Por la Función Social de la Vivienda se halla recurrida en el TC por parte del Gobierno Central, que considera que buena parte del articulado del texto invade sus competencias. Además el ejecutivo ha solicitado la suspensión cautelar del grueso de la norma aprobada en Les Corts, una suspensión que, de ser estimada, la desactivaría en su esencia.

Pero el tribunal, en el caso de la norma navarra que trata de regular la misma cuestión, ha permitido que buena parte de la norma mantenga su vigencia. Los textos de Cataluña y Andalucía, espejos en los que también se mira la ley valenciana, también están a la espera de sentencia tras ser recurridos por el Gobierno Central.

Tal y como publicaba este lunes Navarra.com la edición en la comunidad foral del diario El Español, el TC ha avalado que la autonomía pueda expropiar viviendas cuando hayan estado desocupadas por dos años, si bien ha cerrado la puerta a que las expropie por razones estrictamente de interés social -en casos vinculados directamente a desahucios de personas en situación de emergencia-.

"En su sentencia, el alto tribunal avala que Navarra considere causa justificada para la expropiación de una vivienda (que esté en manos de personas jurídicas, es decir, no en manos de particulares) el hecho de que no haya sido ocupada durante dos años y siempre que la propiedad haya desatendido una advertencia previa en ese sentido", detalla el periódico navarro.

Por lo que respecta a la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat, aprobada hace ya un año, fue la primera de las nuevas leyes del Ejecutivo de Ximo Puig en ver la luz en Les Corts. Salió adelante con los votos de todos los grupos políticos menos el PP e ignorando las advertencias de inconstitucionalidad realizadas previamente por el Consel Jurídic Consultiu (CJC).

La norma guarda claras similitudes con la navarra. Permite a determinados afectados por un lanzamiento hipotecario pedir a la Generalitat que interceda por ellos para evitar que los saquen de la vivienda, y además contempla la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas -propiedad de grandes tenedores- para ponerlas a disposición de quienes carecen de residencia. Ambas cuestiones, que ya estaban dando resultados al Consell, se encuentran en el articulado recurrido por el Gobierno.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tildó el recurso de "ataque directo del Gobierno de Rajoy al derecho de los valencianos a una vivienda digna", un derecho fundamental "reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española, además de estar también en la Declaración Universal de Derechos Humanos".

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