El máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, en el palco del Rico Pérez. Foto: RAFA MOLINAEl equipo de Gobierno se debate entre distintas formas de proceder tras constatar el incumplimiento de Aligestión sobre las obras en el estadio. Guanyar plantea completar el expediente y depurar posibles responsabilidades; Compromís espera conclusiones definitivas y el PSOE aboga por la prudencia y la responsabilidad para no desestabilizar al Hércules
ALICANTE. La respuesta que debe adoptar el Ayuntamiento de Alicante ante la reforma fantasma del estadio José Rico Pérez, que Aligestión quedaba obligada a acometer necesariamente tras la firma del contrato de compra, genera debate y no pocas dudas en el seno del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). La versión oficial sobre cuál debe ser el siguiente paso -después de que un informe técnico haya verificado que se ejecutaron obras indebidas y que las que resultaban obligatorias, no se llegaron a ejecutar-, es que se debe esperar a que el Hércules CF responda al nuevo requerimiento formulado por la Concejalía de Urbanismo para que aporte explicaciones al respecto, además de una copia del proyecto de ejecución de los trabajos que efectivamente se desarrollaron. Como publicó Alicante Plaza, Urbanismo se ha dirigido esta vez al club arrendatario del estadio, ante el reiterado silencio de Aligestión (la sociedad controlada por el empresario Enrique Ortiz, ahora en proceso de liquidación) a los sucesivos requerimientos que se le han trasladado hasta la fecha.
Siempre según esa versión oficial, sólo con esa hipotética respuesta sobre la mesa -o con la ausencia de ella- se estará en condiciones de tomar una decisión de futuro sobre cómo exigir posibles responsabilidades por ese incumplimiento de las condiciones de venta. Entre las fórmulas que se ha llegado a insinuar hasta ahora, antes incluso de la llegada del tripartito al poder, figura la posibilidad de reclamar la propiedad del estadio, de modo que vuelva a ser de titularidad pública. No obstante, fuentes municipales consultadas apuntan que existen posiciones discordantes sobre la conveniencia de ese proceder y sobre si existen otras fórmulas alternativas.
En principio, los representantes de Guanyar serían partidarios de completar el expediente y aplicar las penalizaciones que correspondan con el rigor requerido, sin paños calientes. Entre ellas, al menos la posible imposición de una sanción por el descuadre entre la obra prevista y la finalmente realizada, sin ningún tipo de autorización municipal. En ese camino podrían coincidir con sus socios de Compromís, siempre que exista una propuesta técnica que la ampare y que confirme que, efectivamente, Aligestión no actuó como debía. Y en tercer término, el PSOE, abogaría por mantener una actitud prudente y responsable, sin decisiones que pudiesen desestabilizar o poner en peligro la viabilidad del club. El propio alcalde, Gabriel Echávarri, se posicionó en este sentido este jueves, en una comparecencia ante los medios. Al ser preguntado al respecto, tras abrir el acto de lectura pública de la Constitución organizado por la UA, el primer edil abogó por la cautela y sólo señaló que "el Hércules lo que necesita es tranquilidad institucional porque hay un partido de ocho meses [lo que queda de temporada] que hay que jugarlo todos".
El hoy edil de Urbanismo ya recurrió desde la oposición el acuerdo por el que el PP devolvió a Aligestión la fianza de 4,2 millones depositada como garantía de la ejecución de las obras
La reforma del estadio Rico Pérez no ha estado en el foco de la acción del tripartito que gobierna Alicante solo desde su llegada al poder. El hoy vicealcade, Miguel Ángel Pavón ya alertaba en en 2011, cuando era edil de la oposición que el expediente administrativo respecto a la venta y reforma era "claramente incompleto" y que de la documentación que lo integraba "no se podía concluir que Aligestión hubiera cumplido" con su obligación. Pavón ponía ya el acento en que no constaban actas ni de las visitas de comprobación de las obras; es más, el informe del arquitecto técnico municipal no define las fechas en que se supone que se habrían producido las inspecciones.
El hoy concejal de Urbanismo incluso interpuso un recurso de reposición contra la decisión adoptada en noviembre de ese año por la junta de gobierno municipal que posteriormente fue refrendada en el pleno por la mayoría absoluta del PP de Sonia Castedo, de devolver a Aligestión los 4,2 millones de euros que en 2007 hubo de depositar en la tesorería municipal como garantía de la ejecución de la obras de remodelación, una de las principales obligaciones que el pliego establecía junto al pago de un precio mínimo de compraventa de 7,8 millones de euros y a invertir un mínimo 4,2 millones en la reforma de la instalación.
