VALÈNCIA. (EFE/VP). Las obras de remodelación del Palacio de Justicia de València durarán al menos cinco años y obligarán al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat a trasladarse al edificio que albergó la sede de la Conselleria de Gobernación hasta 2014, cercano al Palau de Les Corts Valencianes y que supondrá un alquiler mensual de 25.000 euros para la Generalitat, tal y como avanzó Valencia Plaza.
Así lo ha explicado este lunes la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, quien ha presentado a los medios la sede provisional del TSJCV junto a la presidenta del Alto Tribunal valenciano, Pilar de la Oliva, y el fiscal superior, Antonio Montabes.
Dada la antigüedad de la sede, el actual Palacio de Justicia y antigua Real Casa de la Aduana adolece de importantes carencias en sus instalaciones y ante "las condiciones de seguridad y salubridad en el trabajo que tanto reclaman los trabajadores, hay que ser generosos", según Bravo, quien ha cifrado en 25 millones de euros el coste de este proyecto.
El edificio elegido está en pleno centro de València, en el número 2 de la calle Historiador Chabás, y ya fue sede de la Conselleria de Gobernación hasta el año 2014.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana está ubicado en el edificio de la Real Casa de la Aduana, que se construyó entre 1758 y 1802. En 1828 se transformó en fábrica de tabacos y en 1914 se adaptó el inmueble para convertirlo en una sede judicial. A lo largo del tiempo se han hecho innumerables intervenciones parciales de todo tipo hasta su declaración como Bien de Interés Cultural y en especial el conjunto escultórico obra de Ignacio Vergara (autor de la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas). La Real Casa de la Aduana tiene una superficie de 14.000 metros cuadrados.
La consellera ha explicado que el edificio, dada su antigüedad, "adolece de importantes carencias, como instalaciones de suministro obsoletas, problemas de climatización y es completamente ineficiente en materia energética". A esto hay que sumar un sinfín de desperfectos y parches que se han ido llevando a cabo con los años, Por ese motivo, según la consellera, "planteamos una inversión de más de 25 millones de euros para acometer una reforma integral del edificio que se prolongará durante cinco años".
Para la consellera, "desde el primer día se asumió que el Alto Tribunal Valenciano debe tener una sede digna de su función e importancia como la institución jurídica más importante de la Comunitat Valenciana y, dado que las obras de reforma y rehabilitación durarán entorno a los cinco años, no nos valía cualquier edificio".
De esa forma se descartaron otras posibilidades de inmuebles propiedad de la Generalitat en las calles Amadeo de Saboya, Colón o la plaza del Ayuntamiento de València porque "no reunían las condiciones".
Como informó este diario, el Consell ya ha elegido sede provisional para el TSJCV mientras acomete la reforma de su sede. Se trata de un edificio ya arrendado anteriormente por la Generalitat: el que albergó durante años la Conselleria de Justicia y, posteriormente, la macro Conselleria de Gobernación y Justicia que lideró Serafín Castellano -ubicado en la calle Historiador Chabás, junto a Les Corts-.
El edificio cuenta con 3.000 metros cuadrados de superficie útil, justo los que pedía la Generalitat en el pliego publicado a tal efecto. Dispone además de aparcamiento propio y se encuentra en buen estado, de modo que no precisará de una gran inversión para adecuarlo a las necesidades del Tribunal Superior de Justicia.
El alquiler mensual de la sede provisional supone un "ahorro de 20.000 euros que pagaba el Consell en 2013 con respecto al actual", ha añadido la consellera, quien ha añadido: "Yo era consciente de la grave situación y las graves deficiencias del TSJ y me lo tomé como una prioridad desde el primer momento".
El proyecto de acondicionamiento, que se le encomendó a Tracsa, concluirá a finales de julio, de manera que las obras se iniciarán en septiembre y, tras los cuatro meses previstos de duración, el personal se trasladará a la sede provisional a lo largo del primer trimestre de 2019, comenzando la restauración de la Real Casa de la Aduana en este mismo periodo.
Según Bravo, a partir de los cinco años, el contrato, que incorpora ocho meses de carencia, se podrá prorrogar anualmente con un alquiler que pasará a los 30.000 euros. "Tanto el fiscal superior como la presidenta valoran el trabajo intenso que se ha realizado desde la Conselleria para llegar hasta aquí", ha señalado la consellera.
