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GRUPO PLAZA

juicio por la demanda contra tres de sus hermanos

Enrique Calabuig reclama 44 millones por su participación en Aguas de Valencia y Fucsa

17/11/2017 - 

VALÈNCIA. El juzgado de Primera Instancia número 21 de València celebró este jueves el juicio por la demanda de Enrique Calabuig contra tres de sus hermanos, a los que reclama acciones de Aguas de Valencia que representan un 7,84% del capital, así como la parte que le corresponde -el 12,92%- del grupo familiar Fomento Urbano de Castellón (Fucsa). En su defecto, reclama una indemnización que, según la valoración del perito judicial, asciende a casi 44 millones de euros.

Como adelantó Valencia Plaza, Enrique Calabuig presentó una demanda contra sus hermanos Eugenio -presidente de Aguas de Valencia-, Mercedes y Celia, al entender que había incumplido el acuerdo al que llegaron hace ahora tres años para su salida del Grupo Fucsa. Este grupo es propietario, a través de una sociedad interpuesta, del 97% de Aguas de Valencia, su principal activo.

En la vista celebrada en la Ciudad de la Justicia se dilucidaron dos cuestiones. Por un lado, la validez del acuerdo alcanzado entre los cuatro hermanos -un quinto, Pedro, no participó y por tanto no está demandado-, para la salida de Enrique del grupo. Según consta en las actas del consejo de administración de Fucsa, se le debían adjudicar 153.895 acciones de Aguas de Valencia (el 7,84%) y un 12,92% del resto de activos de Fucsa, sobre todo inmobiliarios.

La segunda cuestión es la valoración de esos activos, puesto que Enrique Calabuig ha pedido subsidiariamente, ante la dificultad de ejecutar el acuerdo de hace tres años, que se condene a sus hermanos a indemnizarle. La valoración ha sido realizada por un perito, Eugenio Machancoses, que compareció en la vista.

El acuerdo

Enrique Calabuig argumenta que el acuerdo partió de una oferta de sus hermanos, documentada en las actas del Consejo, que él aceptó, por lo que están obligados a ejecutarlo. 

Foto: EVA MÁÑEZ

Sin embargo, sus hermano niegan la mayor y explican que "se le dio 15 días para aceptar las proposiciones" del Consejo y que "no contestó" dentro de ese plazo. Otro de los argumentos de Eugenio, Mercedes y Celia es que no hay una oferta y aceptación en el sentido del artículo 1.262 del Código Civil, por lo que las partes no estarían obligadas.

El grupo vale 337 millones

En cuanto al informe pericial, la valoración que hace del grupo Fucsa es de 337,4 millones de euros. Esta es la valoración que, si la jueza lo estima conveniente, serviría de base para calcular coste de la participación de Enrique Calabuig en la compañía, el 12,92%. Esto supondría que esa participación tendría un valor de 43,6 millones de euros.

Se trata de una cifra muy alejada de lo que su familia pretende abonarle por su salida de la empresa. El letrado de la parte demandada, representada por Garrigues, trató de demostrar que el peritaje "ha hinchado" el valor de las empresas muy por encima del real. Discutió el criterio de valoración utilizado, que según el demandante es el utilizado en operaciones anteriores de la compañía, el del PER, en este caso PER20 que el perito justificó por el incremento del volumen de negocio -una media del 8% anual llegan al 12% en algún ejercicio de los analizados-, así como el aumento de la rentabilidad y los beneficios.

Otro pleito

Este pleito con sus hermanos no es el único que tienen ambas partes en los juzgados. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón tiene que pronunciarse sobre la impugnación de Enrique contra los acuerdos del consejo de administración de la empresa que suponían su expulsión de la compañía.

Los acuerdos consistieron en la imposibilidad de transmitir de acciones a cualquiera que no sea ascendiente o descendiente –ni siquiera cónyuge– del transmitente. 

La segunda medida elimina el consejo de administración como órgano de gestión y lo sustituye por un administrador único, que será Eugenio Calabuig. En el consejo de administración se sentaban los cinco hermanos: Eugenio, Enrique, Mercedes, Celia y Pedro. 

Los acuerdos fueron aprobados en junta general de accionistas el 18 de septiembre de 2015, pero tres días antes Enrique impugnó su aprobación en el consejo de administración. 

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