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maría José mira, secretaria autonómica de modelo económico y financiación

"Defiendo la colaboración público-privada, pero el modelo está fallando, falta control"

6/02/2017 - 

VALENCIA. María José Mira acaba de cumplir seis meses como secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, uno de los departamentos clave del Consell porque de él dependen asuntos como el modelo de financiación autonómica, la regulación del sector público o la captación de fondos europeos. Este último asunto fue señalado como estratégico tras el Seminari de Govern de Sagunt. Durante este tiempo su gestión se ha centrado en avanzar en la reestructuración del sector público con la redacción del borrador de la nueva ley o en impulsar una unidad de financiación para la negociación del nuevo modelo, entre otras cuestiones. 

Mira, que se incorporó al Consell como independiente, ocupó previamente el cargo de 'número dos' de la Conselleria de Economía Sostenible, una etapa marcada por los problemas de mestizaje con el conseller Climent. En cualquier caso, considera que las "diferencias de criterio" deben servir para llegar a acuerdos como el que ha permitido poner las bases para desbloquear Parc Sagunt, de cuyo consejo es presidenta.

En esta entrevista, Mira explica el complejo proceso de reclasificación de las empresas públicas que se va a llevar a cabo y su implicación en el personal, así como la nueva estrategia para maximizar la captación de fondos europeos sin perder de vista el riesgo de que se pierdan ayudas si no se planifican y ejecutan adecuadamente los programas.

En el seminari de Sagunt se entregó a los consellers un borrador de la Ley del Sector Público. ¿En qué consiste esta Ley?

El objetivo es crear un sector público instrumental que de forma transparente y clara sirva como herramienta del Consell para prestar servicios públicos excelentes. Eso pasa por reordenar la forma jurídica de las entidades. Es la única parte de la ley que queda por elaborar y estamos en fase de reuniones con las diferentes conselleries para ver cómo queda la clasificación jurídica de las entidades que tienen adscritas.

¿En qué consiste esa reclasificación?

"proponemos que desaparezcan todas las entidades de derecho público, que se reclasifiquen o fusionen"

Las comunidades autónomas pueden regular su propia clasificación del sector público porque la ley nacional no es básica. Pero nosotros entendemos que debemos tender al máximo a lo que establece la ley nacional, mucho más simple en la clasificación. La diferencia fundamental entre la ley nacional y la nuestra son las Entidades de Derecho Público -cuyas plantillas están integradas fundamentalmente por personal laboral-, que son las que están sometidas a un menor control de la Intervención y que ya fueron eliminadas en la ley nacional. Si queremos tener el máximo control sobre el sector público, debemos tender hacia los organismos autónomos -cuyas plantillas están integradas fundamentalmente por funcionarios-, pero necesitamos tener la flexibilidad que una entidad pública empresarial nos permite a la hora de hacer una encomienda o cualquier servicio que no sea un servicio público fundamental.
Esta reclasificación, en la que objetivamente todos podemos estar de acuerdo, no puede hacerse a las bravas, sino de forma transitoria porque hay unos derechos de unos trabajadores. Para las entidades de derecho público que se decida reclasificar a organismo autónomo hay que contar con Función Pública para ver qué procedimiento legal habría que seguir para convocar las plazas. Nosotros proponemos que desaparezcan todas las entidades de derecho público, que se reclasifiquen o fusionen, pero al final la decisión es del Consell.

¿Cuándo va a estar listo ese proceso?

Estamos en la fase de reuniones bilaterales entre las conselleries y los responsables de las empresas públicas. A partir de ahí se verá qué entidades tendremos que liquidar o fusionar con otras como parte de la reclasificación. El objetivo es consensuar una propuesta en febrero. Tenemos que optimizar el gasto y el personal, si podemos gestionar con menos personal, tampoco nos tenemos que plantear por qué mantenerlos.

¿Está previsto que desaparezcan más empresas o funciones al margen de aquellas sobre las que ya existe un mandato de extinción desde 2013?

Con esta clasificación sí. Al eliminar las entidades de derecho público, todas las que actualmente tienen esa clasificación -EIGE, FGV, Ivace, IVF, Ivam, Epsar, AVT, entre otras- hay que reclasificarlas. Hay que determinar cuáles de ellas tienen ingresos por su actividad mercantil, en cuyo caso habría que encuadrarlas como sociedades mercantiles; cuáles tienen potestades administrativas, prestando servicios que deberían prestar las conselleries si tuvieran funcionarios, que deberían ser consideradas organismos autónomos; y cuáles son entidades públicas empresariales, con las que necesitamos flexibilidad para poder contratar personal.

Habla de optimizar el gasto, ¿qué medidas de ahorro hay previstas?

Tenemos previsto, si es posible, centralizar algunos servicios. En este momento ya están centralizados los servicios de abogacía. Si alguna empresa necesita una asesoría jurídica concreta lo ha de autorizar previamente la Abogacía de la Generalitat. Podemos también optimizar en servicios informáticos. Tenemos una media de 40 entidades a las que controlar y, como tienen sistemas informáticos diferentes en contabilidad y gestión de personal, nos resulta muy difícil. Hay muchos servicios que podemos optimizar con la centralización, sin restarles independencia a las entidades.

¿Qué servicios se van a centralizar?

Tenemos que verlo con las empresas.

Una sentencia reciente del TSJ de la Comunitat obliga a varias empresas públicas a cumplir con el mandato de publicación de las relaciones de puestos de trabajo, ¿cómo avanzan las gestiones para cumplir con los dos meses de plazo que marca el fallo?

Aún sin sentencia estamos obligados a publicarlas y vamos a cumplir el plazo.

El Consell reaccionó a esa sentencia alegando la complejidad de poner orden en el caótico sector público, pero casi al mismo tiempo FGV anunciaba la contratación de directivos sin publicidad y concurrencia, al contrario de lo que recomendó el Consell Jurídic Consultiu. ¿Vamos a ver más casos como éste? ¿Contempla la futura ley mecanismos de control en este ámbito?

"Tenemos que optimizar el gasto y el personal del sector público , centralizaremos algunos servicios"

En el sector público debemos diferenciar entre directivos y personal. En este momento no existe un registro de personal, pero con la nueva ley habrá un registro de personal obligatorio. Todavía estamos intentando entender las plantillas y las plazas de cada una de las entidades.
Con el decreto de contratación de directivos hemos hecho lo correcto. Estamos contratando de forma transparente, no hay ninguna irregularidad; son personas de confianza porque son directivos y no se genera ningún derecho laboral. Los procedimientos se han cumplido, pero se genera impacto mediático porque se anuncia las personas que son contratadas como directivos. Con un contrato de personal de confianza; tendrán siete días de despido cuando se den de baja y no se generan derechos laborales al trabajador. Esto no existía con el anterior gobierno.
En la parte de personal, desde luego la clasificación nueva de personal nos va a llevar a tomar medidas. En el caso de los organismos autónomos, han de ser funcionarios. Desde luego ahora hay unos trabajadores que tienen unos derechos y no los podemos despedir, pero de alguna forma, de manera transitoria, tendremos que ir extinguiendo, conforme haya bajas o jubilaciones, al personal e ir dándolos de alta con el procedimiento que determine Función Pública para ir creando plazas de funcionarios.

Plazas que se tendrán que convocar...

Claro. Función Pública nos dirá cómo tenemos que hacerlo. Por eso aún tenemos que ver con cada conselleria qué pasa con cada empresa. Mejorar la transparencia y la gestión del personal en el sector público es fácil comparado con lo que había. 

La viceintervención ha emitido informes especiales contra las empresas públicas incumplidoras de sus recomendaciones. Unas, como Sociedad Proyectos Temáticos, ya se han adaptado a las recomendaciones, pero otras como Aerocas siguen sin acatar las recomendaciones. ¿Qué piensa hacer la Conselleria de Hacienda?

Con los informes de la interventor, la viceintervención nos marca unas recomendaciones sobre el personal que bajo su criterio está cobrando cantidades por encima de lo que debería. Cada una de las entidades está estudiando con el viceinterventor, en algunos casos con asesorías externas, de qué forma cierran estos expedientes: si hay posibilidad de requerir que se devuelva el dinero o no. Es la consecuencia de que no estuviera regulado; los coletazos de la clara falta de normativa. Eso ya no va a volver a pasar.

¿Cómo avanza la creación de la unidad específica de financiación autonómica que se reguló con la reforma del ROF de la Conselleria? ¿Cuántos funcionarios va a tener?

Va a constar de una subdirección y tres unidades. Ya tenemos las plazas y estamos contratando a las personas. La subdirección está por decidir, estamos en las entrevistas previas. En total va tener seis funcionarios.

El Gobierno aprueba el próximo día 10 el grupo de expertos del Gobierno para la financiación autonómica. ¿Cree factible que el modelo se apruebe para tener efectos este año?

Tenemos que confiar en que se va a aplicar con efecto retroactivo. Y que incluso la deuda se va a consolidar. Nosotros tenemos que partir de esa posición y luego veremos a dónde podemos llegar. Somos positivos porque el proceso está en marcha.

¿La condonación de la deuda es irrenunciable para el Consell?

La deuda se provoca por un mecanismo de préstamos, en este caso el FLA, otorgados porque estamos infrafinanciados. No puede ser que encima tengamos que estar devolviendo un dinero que nos viene para poder prestar los servicios públicos fundamentales.

La vicepresidenta del Gobierno estuvo la semana pasada en Valencia ¿Percibe algún cambio de actitud del Gobierno sobre la posibilidad de que se condone parte de la deuda por el FLA?

Todavía no.

¿Se ha notado ya el efecto arrastre de Mercadona en la demanda de parcelas de Parc Sagunt?

Está habiendo bastante interés en Parc Sagunt y en la Comunitat en general para invertir. Pero en Parc Sagunt aún queda mucho por hacer. Es cierto que se desbloqueó una situación y se vendió una parcela a Mercadona. Está habiendo interés por otras parcelas, pero lo que nos ocupa ahora es terminar la obra en mayo y poner en marcha el polígono para seguir impulsándolo. Hay una serie de préstamos con los socios que tenemos que amortizar. Ahora estamos en esa negociación porque, mientras Sepides -socio al 50% de Parc Sagunt- tiene que generar rendimiento de su participación en esta sociedad, lo que la Generalitat quiere es dinamizar el parque y la comarca con la atracción de empresas. Ahora que hay liquidez, los socios tenemos el problema de si amortizamos o no los préstamos.
Lo que quiero decir con esto es que los dos socios de Parc Sagunt tienen intereses propios y continuamente surgen problemas que hay que ir desatascando. Hay que seguir trabajando.

¿Pero qué problema existe con la liquidez que ha entrado con la venta a Mercadona? ¿Sepides no quiere que se destine a amortizar la deuda?

Sepides quiere ser prudente y mantener dinero dentro de la sociedad, para lo cual es partidario de no amortizar los créditos o al menos no todo. Mientras, el préstamo del IVF hay que cancelarlo cuanto antes.

Ya ha pasado más de un año desde que Ximo Puig ordenó a Hacienda y Sanidad poner en marcha el proceso para devolver a lo público el Hospital de Denia, ¿en qué se ha avanzado desde entonces?

Cuando llegué a la Conselleria, licitamos una asistencia técnica concreta para la valoración de las acciones. Es un tema patrimonial; si una de nuestras conselleries está valorando comprar una sociedad, es algo que afecta al patrimonio de la Generalitat y nos corresponde a nosotros hacer la valoración. Durante los dos últimos meses hemos estado trabajando en esa valoración y calculo que la tendremos terminada en febrero. Explicaremos a la Conselleria de Sanidad nuestra valoración de las acciones de Marina Salud y ellos decidirán.

¿La valoración es por el 100% de las acciones o por el 65% que controla DKV?

Nosotros valoramos la sociedad.

La intervención ha emitido un informe en el que alerta de la falta de control durante años y habla de posible estafa ¿Van a tomar alguna medida al respecto? ¿Puede influir en este proceso?

No conozco el informe, pero nuestra competencia es la valoración de la sociedad. Si luego existiera alguna causa de resolución de contrato es un asunto que debería valorar la Conselleria de Sanidad con la Abogacía.

"Las decisiones políticas sobre concesiones no son competencia de Hacienda"

También ha habido un Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la concesión de Manises ha concluido que el modelo de concesión es más barato, lo cual no apoya el argumento de la reversión de las concesiones hospitalarias. La vicepresidenta Mónica Oltra concluyó que es una decisión política...

Si hay algún tipo de decisión política, no corresponde a esta Conselleria, sino a cada conselleria competente. Ahora bien, si vamos a una reflexión de sentido del modelo económico que queremos establecer, entiendo que los mecanismos de colaboración público privada, ya sean concesiones, sean gestiones integrales o conciertos, lo que hay que conseguir es que nos permitan prestar servicios públicos excelentes, que puede ser prestado perfectamente por una empresa; transparentes; y desde luego, de forma eficiente, con el menor coste posible. Estableciendo todo tipo de control. Todos podemos estar de acuerdo, incluso el anterior Gobierno, en que hubo cierta falta de control. Nuestra obligación es establecer esos mecanismos de control que nos permitan rescatar un servicio si hay que rescatarlo o si hay que resolver un contrato porque no se cumplen los requisitos de transparencia y control, que sea posible hacerlo.

Deduzco que no comparte entonces ese criterio, sino que la postura sea la de gestionar de la forma menos costosa para la administración...

Siempre he sido una defensora de la colaboración público privada. Ahora bien, es obvio que el modelo está fallando. Creo que lo pensamos todos, incluso quienes lo implantaron en su momento. Pero desde luego necesitamos establecer mecanismos de control.

En las previsiones legislativas del semestre se echa en falta el decreto de asunción de deuda de Feria Valencia. ¿Se va a retrasar el plan?

Esta Secretaría Autonómica también ha puesto en marcha una asistencia técnica con un despacho para, por un lado, darle el visto bueno definitivo al decreto que ya tiene el IVF para la asunción de la deuda, pero también para establecer la hoja de ruta que ya anunció la Conselleria para el futuro. Estamos en ello, pero necesitamos la seguridad jurídica que nos ha de dar la asistencia técnica. Creo que esto también lo tendremos terminado en febrero en lo que es competencia nuestra. Esto es, además de la asunción de la deuda, ver de qué forma podemos revertir definitivamente la institución ferial, liquidándola si es el caso, y consensuar con el Ayuntamiento el procedimiento de licitación de la empresa mixta para buscar un socio tecnológico que nos ayude a dar viabilidad al proyecto. Esta parte también depende de la Conselleria de Economía Sostenible.

Si el decreto ya está hecho, ¿cómo queda el dibujo jurídico de los derechos de la Generalitat y el Ayuntamiento sobre la propiedad de los edificios de Feria Valencia?

Teniendo el decreto y la seguridad jurídica, ahora nos falta resolver la pata de las conversaciones con el Ayuntamiento. Estamos todavía, con todas las cifras encima de la mesa, tomando las decisiones de la negociación. Ese encaje es el que estamos negociando ahora.

Pese al informe de la Intervención de la Generalitat que acredita los sobrecostes en la ampliación de Feria Valencia, la Fiscalía ha optado por no denunciar. Ahora comienzan a conocerse los gastos que sus exresponsables cargaron de forma discutible al recinto, ¿qué opinión le merece esto?

Partiendo de que no conozco exactamente los motivos por los cuales fiscalía ha podido decidir no denunciar, entiendo que tenemos la obligación de depurar todas las responsabilidades hasta el final. Yo no me quedaría tranquila si no hiciéramos todo lo posible, no sólo por recuperar directa o indirectamente el dinero invertido por la Generalitat, que al fin y al cabo es de todos los valencianos, sino también por esclarecer dónde han ido todos esos supuestos sobrecostes.

¿Cómo avanza la solución para Ciudad de la Luz que la Generalitat ha propuesto a Bruselas?

Estamos pendientes de la respuesta de la Comisión. Está dentro de la normalidad porque tienen sus plazos. No tenemos un no a la cesión de activos y pasivos a la SPT para que eso se considere como devolución de la ayuda de Estado. Soy positiva porque si fuera que no ya nos lo habrían dicho. Si es que no, se perderá todo el dinero de los valencianos invertido allí.

La captación de fondos europeos ha sido uno de los temas estrella del Seminari d’Hivern del Consell. Se ha anunciado la creación de unidades en cada conselleria, ¿cuál es el cometido de estas unidades?

Vienen por la necesidad del delegado del Consell en la UE, Joan Calabuig, de contar con un interlocutor en cada conselleria para asuntos de financiación, normativa o consultas al Parlamento Europeo. La pata de la financiación europea es importante, por eso nosotros, en coordinación con Calabuig, pretendemos utilizar ese canal que se crea para desarrollar el plan de acción que hemos anunciado. Es decir, para corregir la gestión de fondos europeos en caso de desviarnos de lo que tenemos presupuestado.

¿Puede concretarlo?

"LOS FONDOS EUROPEOS NO VIENEN POR DERECHO, se pueden PERDER SI NO PLANIFICAMOS Y EJECUTAMOS"

Tenemos unos hitos que cumplir en fondos europeos. En el programa actual, el 2014-20, se ha marcado un hito que cumplir el 2018, con un porcentaje de ejecución obligatorio para algunas actuaciones que se llama marco de rendimiento. Con este plan de acción y este canal de comunicación queremos controlar lo presupuestado en cada uno de los programas para poder corregir hacia actuaciones que se estén ejecutando de forma más rápida si en diciembre de 2017 vemos que existe riesgo de no llegar a los objetivos. Si en 2018 no tenemos ejecutado el marco de rendimiento puede haber minoración de los recursos de Bruselas, pero si lo hacemos bien puede suponer incluso más fondos para la Comunitat.

El mensaje que intentamos dar al Consell en el seminari de Sagunt es que la financiación europea no viene por derecho. Es para ayudarnos a desarrollar la Comunitat en innovación, empleo, economías bajas en carbono... Si llevamos a cabo actuaciones que tienen que ver con los objetivos estratégicos de fondos europeos, podremos obtener más financiación porque no está limitada. Pero si reivindicamos más fondos y no demostramos objetivamente que son para este tipo de actuaciones, fallamos. Creo que el mensaje llegó al Consell; ahora tenemos que hacer el plan de acción.
Los programas operativos son una parte, pero luego hay un mundo que son todos los programas de concurrencia competitiva y que ahora tampoco estamos optimizando.

¿Qué conselleries son las que tienen que ejecutar esos importes? ¿Cuánto se ha ejecutado ya?

Tenemos que ejecutar, certificación y verificación incluidas, unos 60 millones de Garantía Juvenil antes de acabar 2017. Además, unos 100 millones de fondos Feder y otros 40 de Fondo Social Europeo (FSE) antes de acabar 2018. Todo eso yendo a mínimos para no arriesgarnos a perder fondos. Es una oportunidad para la Comunitat; si cumplimos podemos conseguir más importe, pero existe el riesgo de que nos lo puedan minorar si no lo planificamos y ejecutamos bien y de forma coordinada entre todos.

La solución de los problemas más urgentes de Cierval depende de un acuerdo con la Conselleria de Hacienda. Pero a medio plazo, ¿cree que las tres patronales provinciales podrán ponerse de acuerdo?

La parte del pago no la conozco. Pero mi visión personal es la de defensa de las organizaciones empresariales, no sólo por los servicios que prestan a la sociedad y las empresas, sino porque permite a la administración tener un interlocutor claro que nos defina los problemas y oportunidades que puede haber en cada sector a la hora de hacer política. Yo les daría mucho más protagonismo del que en este momento tienen. Es una lástima que no estén fortalecidos.

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