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entrevista a la directora general de vivienda

Rebeca Torró: "Hemos obligado a 30 bancos a que nos comuniquen sus viviendas vacías"

Foto: EVA MÁÑEZ
20/06/2017 - 

VALÈNCIA. La directora general de Vivienda de la Generalitat, Rebeca Torró, llegó al cargo procedente del área de urbanismo del Ayuntamiento de Ontinyent. Lo hizo con el reto de poner en marcha algunos de los ambiciosos proyectos de la conselleria que dirige la también socialista María José Salvador: enfrentarse a la banca con la 'Ley Antideshaucios' del Consell para obligar a las entidades a poner las viviendas a la disposición de los ciudadanos o rehabilitar los centenares de inmuebles públicos en mal estado, también con el objetivo de darles un uso social. En ambas labores avanza el departamento tratando de sortear el recurso de inconstitucionalidad que se cierne sobre la norma por parte del Gobierno de España, por un lado: y las dificultades económicas para la inversión que sufre la administración autonómica.

-¿Cree que el Gobierno respetará el texto íntegro de la 'Ley Antidesahucios' de la Generalitat? Los precedentes son poco halagüeños con las normas que se han adentrado en competencias estatales para forzar a los bancos a ceder sus viviendas...

-Cabe destacar en primer lugar que la Ley por la Función Social de la Vivienda marca un antes y un después en la concepción de la vivienda, en la búsqueda de convertirla en un pilar esencial del bienestar. El problema que tenemos es que el Gobierno también ostenta competencias en materia de vivienda, y necesitamos contar con su colaboración. En estos momentos nos pasa como con el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. El Gobierno ni legislar para garantizar la vivienda a quien no la tiene.

Cuando se ha hecho ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad, y en nuestro caso todavía ha ido más allá y ha puesto en duda artículos que no han sido cuestionados en otras comunidades. De momento nos han convocado a una comisión bilateral, que es la antesala del recurso de inconstitucionalidad. En esa comisión lo que vamos a hacer es defender la ley, porque consideramos que es una ley imprescindible y además ya ha sido aprobada por Les Corts Valencianes.

-¿Cómo ha funcionado durante los primeros meses?

-En los primeros meses de funcionamiento de la plataforma InfoHabitatge -la que canaliza la acción de esta ley- obtuvimos un importante registro de demandantes de vivienda. Han sido 1.127 solicitudes atendidas en los primeros tres meses, entre ellas 37 casos de desahucios -también de alquiler-. Queremos desplegar una gran red de oficinas y de viviendas para llegar a todos los necesitados, para poner a su disposición tanto las viviendas propiedad de la administración como las que nos han comunicado las entidades bancarias.

-¿Ha resuelto la ley aquella "falta de colaboración por parte de la banca" que denunciaron cuando iniciaron los contactos con las entidades?

-Lo cierto es que sí. Antes de la ley el comportamiento era uno, porque solo tres entidades bancarias firmaron un compromiso con nosotros para no llevar a cabo desahucios y poner a nuestra disposición sus viviendas vacías. Con la ley ha habido un 'después', y ello demuestra que era importante legislar en esta materia. Ahora son más de 30 las entidades financieras que han tenido que comunicar cuántas viviendas tienen y su tipología para que las incorporemos a nuestros registros. Era necesario sacar adelante esta ley que los obliga a colaborar para ajustar la oferta a la demanda. No tenía sentido que hubiera personas con la necesidad de acceder a una vivienda y ellos no la pusieran a su disposición.

No obstante, he de subrayar que la ley no tiene la finalidad de sancionarlos. No vamos a ponernos a sancionar a los bancos por el mero hecho de hacerlo, no es nuestro objetivo. Lo que queremos es conocer el parque público, saber de cuántas viviendas disponemos, y una vez estudiemos toda esta información incluso podremos tratar de firmar acuerdos con las entidades para ampliar el parque público de vivienda, porque es evidente que con lo que tenemos no es suficiente.

-¿Cuánto han avanzado en su plan para la rehabilitación de las viviendas públicas deterioradas?

"Nos encontramos con más de 700 viviendas abandonadas y hemos rehabilitado 576 en menos de dos años"

-Al llegar al gobierno nos encontramos con más de 700 viviendas completamente abandonadas en un momento en el que la sociedad valenciana las necesitaba más que nunca, cuando los valencianos más estaban perdiendo sus viviendas y tenían más problemas de acceso. Por ello impulsamos el plan de dignificación de la vivienda, que nos ha permitido rehabilitar en menos de dos años un total de 576. Además tenemos ya otras 176 en valoración para poder recuperarlas. Estamos tratando de adjudicarlas lo más rápido posible para que no se queden vacías. Gracias a esta labor estamos convencidos de que hemos contribuido a que en 2016 se haya registrado un 40% menos de desahucios en la Comunitat. Tanto por medidas como esta como por las ayudas al alquiler que hemos impulsado. Las solicitudes se han desbordado en 2017, hemos recuperado la credibilidad.

-¿Ha mejorado la situación en el barrio de La Coma?

-La Coma es uno de los grupos característicos por el volumen de viviendas, que son alrededor de mil. Pero no es el único. Tenemos el barrio de Miguel Hernández en Alicante, o el del Carmen. Tenemos muchos grupos en la Comunitat que no requieren solo una inversión en rehabilitación sino también una tarea de actuación junto a los Ayuntamientos por una cuestión social. Esto es lo que estamos haciendo en La Coma, donde estamos tratando de recuperarlas viviendas asaltadas. Ya tenemos adjudicada la actuación a la empresa, y además hemos sacado una licitación que por primera vez introduce una cláusula social que impone que las personas que trabajen en esa rehabilitación sean en un 50% del propio barrio. Queremos generar ocupación precisamente en el barrio donde están estas viviendas para las personas más vulnerables. La recuperación de estas viviendas cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

-¿Y en El Cabanyal?

-Estamos revirtiendo la política que se llevó a cabo en El Cabanyal con el objetivo de revitalizar la ciudad consolidada. Por ello firmamos con el Ayuntamiento y el Ministerio un ARRU que afectará a más de 620 viviendas que van a poder rehabilitarse en El Cabanyal gracias a más de 12,8 millones de euros de inversión total que se van a invertir. Además se ha revertido el uso de fondos para que repercutan en la urbanización y en edificios municipales. Más de 33 millones de euros van a destinarse a El Cabanyal. Es una dotación importantísima.

-¿Ha dado salida a las VPO de la Comunitat la decisión de impulsar el alquiler con opción a compra?

-Las propias VPO de la Generalitat se alejaron de su objetivo original, se desarrollaban por el mero objetivo de construir, sin ningún tipo de estudio, lo que nos dejó viviendas protegidas a un precio que la gente no podía adquirir. Nosotros modificamos aquel criterio y apostamos por alquileres con opción de compra a precios asequibles para que la gente pudiera asumirlos. Hemos encargado un trabajo para obtener datos sobre la demanda de los valencianos, para saber con certeza si se decantan por el alquiler o por la compra en los diferentes territorios. Lo tendremos antes de agosto y yo creo que nos permitirá planificar mejor y tomar decisiones más adecuadas a la realidad.

-¿Ve un conflicto entre el plan de ayuda a la adquisición del Gobierno y el desarrollo de las VPO?

-Hay un borrador del plan de vivienda estatal por el que el Estado va a sacar una nueva línea de ayuda a la adquisición de la vivienda -que será también un impulso para los promotores-. Pero hay que tener cuidado con este plan porque no dice nada de las VPO, que son las que evitan la especulación. Esto sería un problema para dar salida a los suelos previstos para las VPO. El Estado debería tener esto en cuenta, porque nos quedaríamos con mucho suelo VPO que dejaría de ser atractivo para construir.

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