GANDIA. Luz verde para solucionar dos de los principales escollos para cerrar Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), la empresa pública de la ciudad: El complejo de ocio y cines del Gandia Palace y las cocheras de Simancas. Una vez cerrados ambos acuerdos, la deuda se reducirá en 11 millones de euros y se dará un paso más para la definitiva liquidación de la empresa pública. Dichos acuerdos se aprobaron durante la Junta General de la Empresa Pública de Gandia y contaron con la aprobación de todas las fuerzas municipales a excepción del Partido Popular, que votó en contra.
En la actualidad, el ente público arrastra una deuda de 25 millones de euros por lo que, de cerrar estos acuerdos, se quedaría en 14 millones de euros. Es decir, se reduce en un 40% la deuda de IPG. El primero de estos acuerdos está relacionado con los locales de ocio ubicados en la parte trasera del hotel Gandia Palace y por los cuales el Consistorio arrastra una deuda de 5,36 millones por el acuerdo de compraventa firmado en 2011 entre Vipei e IPG en el marco de la Operación Aplauso.
La propuesta que está sobre la mesa consiste en revertir a la empresa Vipei SA estos locales y así evitar pagar esa deuda. “Después de más de seis meses de negociaciones debido a la situación que también tiene Vipei —está en liquidación— hemos logrado un acuerdo por el cual se devuelve el edificio al propietario y se nos condona la totalidad de la deuda y de los intereses que pudieran haber”, ha explicado Salva Marí, asesor del grupo municipal de Ciudadanos y uno de los liquidadores de IPG.
Por su parte, el portavoz del Partido Socialista, José Manuel Prieto, ha recordado que “IPG se está liberando de la deuda y no despatrimonializandose como pretenden hacer creer los populares, ya que no se puede despatrimonializar lo que no es nuestro”. Y es que, aunque en los movimientos contables de 2013 y 2014 se acredita que la mercantil Vipei es creditora de 5.387.983 euros por lo que, “existe una deuda exigible”, las propiedades del Gandia Palace no están registradas a nombre de IPG.
Cabe recordar que el anterior ejecutivo popular insistió en que no se pudo materializar la compraventa de la galería porque al escriturar IPG la propiedad, se percataron de que ésta estaba a nombre de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reordenación Bancaria). Sin embargo, una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia considera que se realizó la compra del inmueble y que fue IPG la que incumplió el acuerdo de compraventa firmado por el anterior ejecutivo en enero de 2012. Por ende, el Ayuntamiento de Gandia deberá pagar a Vipei 5,36 millones.
De hecho, la Operación Aplauso está en manos de los tribunales y por ellas han sido citados por el juez en calidad de investigados el exalcalde de Gandía, Arturo Torró y el actual asesor del Partido Popular, Javier Reig por un presunto delito de prevaricación en la compra que se efectuó a través de la empresa municipal IPG de parte del complejo de Gandia Palace.
La maniobra pretendía ampliar el patrimonio del Ayuntamiento, potenciar la playa y cobrar los 1,3 millones de euros que la empresa Vipei adeudaba por los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ese dinero se deduciría del precio final y el resto debía ser abonado por IPG.
Otra de las propuestas es la operación de las cocheras del edificio de Simancas, para autorizar a que se llegue un acuerdo con la empresa constructora por el que también se eliminaría de la deuda de IPG en otros 5 millones de euros y, además, el consistorio se queda con 26 cocheras y trasteros “libres de cargas”.
Tal y como ha recordado el portavoz del PSOE, José Manuel Prieto, la empresa constructora tenía la obligación de hacerse cargo de la construcción de las cocheras para su posterior explotación y, además, aportar al Consistorio 1.550.000 de euros. Sin embargo, el anterior gobierno, dirigido por Arturo Torró, perdonó esa deuda y, por ende, “se convirtió en una obligación y deuda de la ciudad”.
Por su parte, la vicealcaldesa de Gandia, Lorena Milvaques, criticó que ambas operaciones no se hicieron para comprar vivienda social o espacios culturales sino que “el PP utilizó IPG para comprar boleras” y recordó la “enorme” labor que está haciendo el consejo liquidador de IPG
Un esfuerzo que desde Ciudadanos también han subrayado pues en este tiempo “la deuda se ha reducido en más de 2 millones de euros y se ha logrado quitas del orden del 50%”. Además, Salva Marí ha destacado que se han tomado una serie de decisiones, como dejar de gestionar la piscina del Grau, la bici y se está revertiendo la situación del mercado del Prado y del servicio de la grúa municipal. Según ha explicado, una vez se haga el inventario y se realice el traspaso de los activos y los pasivos al Ayuntamiento de Gandia, la deuda será de unos diez millones de euros. “Estamos en la posición de decir que IPG se va a cerrar en tan sólo unos meses”, ha sentenciado.
