El exalcalde de Genovés pide que desbloqueen su plan de pensiones para poder hacer frente a “sus necesidades domésticas”
VALÈNCIA, (EP). El Partido Popular finalmente, y tras varios envíos de información sesgada al juzgado que instruye el presunto blanqueo de capitales de todo el grupo municipal del PP de València excepto de cuatro personas, ha rectificado y ha enviado un escrito al magistrado instructor en el que explica: "Pese a que el instructor no lo ha requerido expresamente, por medio del presente escrito venimos a informar de que esta parte pone a disposición de ese juzgado la documentación relativa a los expedientes informativos específicos a los que nos acabamos de referir, que aportaremos si así lo considera oportuno".
En el escrito del PP, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, redactado por el exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado del PP Jesús Santos, ha sido presentado, según fuentes de Génova consultadas por este periódico, debido que tanto Valencia Plaza como La Sexta informaron sobre el hecho de que el partido que dirige Rajoy no había entregado toda la documentación de la que dispone al respecto de los citados expedientes, todo ello tras informados en este medio por uno de los investigados sobre el hecho que sí que habían prestado declaración ante el Comité de Derechos y Garantías en Madrid.
Sin embargo en su escrito, y antes de recular y ofrecer la información embargada a los investigadores, Santos afirma que se presentó un primer escrito con la información requerida por el juez, pero que además "el 25 de mayo de 2017 esta parte presentó un nuevo escrito completando el anterior requerimiento, en el que se informó a ese juzgado de que se ha acordado la apertura del expediente informativo correspondiente respecto de todas las personas que han adquirido la condición de investigadas en el procedimiento de referencia, así como de la situación en que se encuentran las mismas durante la tramitación de dichos expedientes".
Es llamativo que Santos haga este movimiento de marcha atrás pero que, ni por asomo, explique porqué a unos imputados se les tomó declaración y a otros no. Tampoco explica el letrado del PP cuál es el motivo por el que unos investigados están dados de baja en el partido y otros no. Ahora, si el juez y el fiscal, deciden pedir la información que Génova ofrece, se sabrá qué dijeron y los motivos del PP para no haber tratado a todos los imputados de la misma manera.
Además, el PPCV podrá al fin saber cómo está y qué se hizo realmente, ya que Génova se ha negado de forma sistemática a informar al PP valenciano sobre el estado de dichos expedientes.
En la causa conocida como Operación Taula, que incluye entre otros el caso Imelsa, destacó mediática y políticamente la pieza A o pieza del pitufeo. En ella se investiga si todo el grupo del PP del Ayuntamiento de València en marzo de 2015 salvo cuatro personas blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de ese año y cometió un delito electoral. Además, se investiga si desde 2007 el PP de Rita Barberá pagó sus campañas electorales con dinero B procedente de contratas y hasta de entidades públicas municipales.
La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los investigados fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de la ciudad de València, presidida por Luis Santamaría. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, más de un año después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras los concejales y asesores investigados siguen en el Ayuntamiento cobrando un sueldo público.
Por otro lado, Emilio Llopis, exalcalde de Genovés y uno de los detenidos dentro del marco de la Operación Taula por su presunta vinculación con el saqueo de Imelsa, ha solicitado al juzgado que levanten el embargo sobre su plan de pensiones. En el escrito, su abogado afirma: "Mi representado necesita disponer de su plan de pensiones para poder cubrir sus necesidades domésticas cada mes, ya que paga dos préstamos hipotecarios y tiene como único ingreso una prestación. Además de ello, tiene que atender los gastos de los distintos IBI, comunidad de propietarios y suministros de los inmuebles que están embargados por este juzgado de forma cautelar, junto con los gastos ordinarios y extraordinarios de cualquier familia".
Y apostilla: "Por ello, solicitamos que, o bien se levante el embargo que grava el plan de pensiones o bien se acuerde que, respecto del mismo se libere mensualmente 1.000 euros con los que el señor Llopis podría hacer frente a los referidos gastos, aunque creemos que el reembolso mensual puede ser más problemático y conllevar importantes penalizaciones fiscales que supondrían un problema añadido".
