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Grand Place / OPINIÓN

Hacienda somos todos

4/07/2017 - 

Acaba de terminar la campaña para la Declaración de la Renta. Seguro que a alguno de ustedes le han dado un susto. En esta campaña de IRPF, la mayoría ha notado un resultado de más deuda a ingresar o menos a devolver. Eso, a los más afortunados, ¡los que tienen más ingresos! Al resto, al común de los mortales, simplemente les han dejado sin vacaciones o sin el campamento del niño, que a ver dónde lo aparcas, con este absurdo sistema escolar de casi tres meses de vacaciones de verano… 

Y en eso llegó Montoro, parafraseando a Carlos Puebla. O se fue…, visto que algunos le quieren mal, como su amigo el ex ministro Soria, que ya ha pedido su cabeza. Pero Montoro no sólo ha llegado con lo de la Renta, sino también con la sentencia que le ha dado en las narices el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional y anulando la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP en 2012. Con aquella medida, el Gobierno perdonaba la vida a los ricos defraudadoras que tenían cuentas en paraísos fiscales, justo en el momento en que Bruselas obligaba a Mariano Rajoy a asumir la deuda bancaria. Algo que no se nos contó más que a trozos. Vamos a recordar lo que ya contaba en mi Trabajo de Fin de Master, dedicado a los instrumentos jurídicos creados por Bruselas para hacer frente la crisis en la Eurozona.

Todo comenzó un 6 de diciembre de 2007. Mientras en España se celebraba el aniversario de la Constitución Española ajenos a lo que estaba por llegar y en plena vorágine del “milagro español”. El entonces presidente del Banco Central Europeo (en adelante, BCE), Jean-Claude Trichet, convocaba su habitual rueda de prensa de final de año en su antigua sede en Fráncfort. Los micrófonos temblaron cuando pronunció dos palabras que ahora, en la distancia, nos parecen terribles: “turbulencias financieras”. Lo juro, yo estaba allí. Fue el motivo que movió a Trichet a no subir los tipos de interés del euribor, como había estado anunciando hasta ese momento. Pero tampoco los bajó del 4%, al contrario que el Banco de Inglaterra, que en ese momento anunció la bajada de intereses para hacer frente a la crisis que se avecinaba.

Fue un aviso para navegantes. En esa misma conferencia ante los medios de comunicación, el BCE se arrogaba y hacía valer su poder decisorio sobre la política monetaria de la Unión, sin aceptar injerencias del Parlamento Europeo. No obstante, los acontecimientos se precipitaron y las instancias políticas de la Unión Europea se dieron prisa en establecer los mecanismos de estabilización económica para hacer frente al tsunami en que se convirtió la crisis financiera mundial más importante desde el “crack” de 1929, el que provocó la Gran Depresión. 

Pero claro, estos mecanismos no existían y los Tratados no eran herramienta suficiente como para tomar las riendas de la política económica y financiera de los países miembros, en especial de los de la zona euro, tras estallar lo que se ha dado en llamar la Gran Recesión. Las enormes divergencias llevaron a prevaler las cuestiones políticas sobre las económicas, cogiendo de improviso alas instituciones europeas cuando la crisis azotó los sistemas financieros a nivel mundial. No había con qué combatirla. De hecho, no fue hasta 2011, cuando se reformó el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el objeto de introducir un mecanismo para “salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto”.

Y así se llegó a la Cumbre de la Eurozona celebrada en Roma, el 22 de junio de 2012, cuando la Unión Europea, por boca de la canciller alemana Angela Merkel, decía una cosa y la contraria. Lo juro, yo no estaba allí porque ya me habían descabalgado del periodismo. Pero lo vi en directo en televisión, en inglés sin subtítulos. La foto de Merkel, Sarkozy, Monti y Rajoy recuerda aquella rueda de prensa, al aire libre en la capital romana, en la que se prometió el rescate directo a la banca. 

Cuatro meses después, en una reunión entre Rajoy y Merkel, ésta insistía en que no habría ninguna recapitalización directa y que ningún milagro europeo libraría a España de la deuda bancaria. Es decir, el Estado debía avalar el rescate a los bancos. Y es así como el Gobierno español y, con él, todos los ciudadanos españoles, asumieron una deuda privada, que se convertía en pública, sin siquiera pedirnos el parecer.

Tras este largo prolegómeno, llegamos a la noticia —idea fuerza, se llama— que no debemos olvidar, pese a que ya tiene unas semanas: el Gobierno español no va a recuperar el dinero del rescate bancario que avaló con los impuestos de todos los españoles. Y no lo dice cualquiera, sino el Banco de España en su reciente informe sobre la crisis: Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014

El informe detalla las ayudas que se han ido inyectando en el sistema financiero durante la crisis: el total, a fecha de 2015 es de 60.613 millones de euros (5,6% del PIB), de los que 39.542 millones corresponden a fondos públicos aportados por el FROB. Vamos a traducirlo bien: 40.000 millones de euros que nunca se van a recuperar. ¿Ya ha pagado usted la Renta? No lo olvidemos.

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