VALÈNCIA (EP). Intersindical Valenciana ha afirmado en un comunicado que "todo un cúmulo de circunstancias hacen pensar que las declaraciones de buenas intenciones" por parte de la Generalitat Valenciana en cuanto a la introducción del requisito lingüístico del valenciano en la Ley de la Función Pública "no se acompañan con hechos", por lo que han considerado que la administración "oculta la verdadera intención de no dar prioridad política" a esta cuestión.
Según ha explicado la central sindical en un comunicado, un año después de celebradas las elecciones autonómicas y con un el nuevo gobierno, se firmaba en la Mesa General de Negociación de la Función Pública (MGN) "un acuerdo de amplio alcance donde se incluía la negociación de la reforma de la Ley de la Función Pública (LFPV), que es la norma donde se tiene que recoger, a todos los efectos, la capacitación lingüística del personal de la Generalitat".
Intersindical Valenciana apoyó este acuerdo, entre otros aspectos, por el compromiso del Consell de presentar la LFPV durante el año 2016. Para la organización, había que aprovechar "el contexto social y político para introducir, por fin, la capacitación en valenciano de los trabajadores y trabajadoras dependientes de la Administración autonómica, para garantizar los derechos lingüísticos de todas las personas".
Así, y con la finalidad de eliminar trabas a su inclusión a la nueva LFPV, se firmó en el mes de diciembre de 2016, el Acuerdo de Bases sobre la Competencia Lingüística, por tres de los sindicatos más representativos de la MGN entre los cuales se encontraba la Intersindical Valenciana.
A pesar de este apoyo explícito a la competencia lingüística por la parte sindical y social, la Conselleria de Justicia "hizo público, en enero de 2017, un borrador de la nueva ley en que el tratamiento de la capacitación lingüística era extremadamente ambiguo y, por supuesto, no recogía, ni de lejos, el espíritu del acuerdo sindical".
"La presión hizo que se enmendara la redacción con la introducción de una disposición final que definía los diferentes grados de capacitación a aplicar y garantizaba la entrada en vigor en plazos más cortos de los previstos inicialmente", han agregado.
Superada la situación y las reticencias, "todo hacía pensar que la tramitación de la nueva ley estaba libre de obstáculos políticos pero no ha sido así, al dejarla dormir a los cajones hasta principios de 2018 cuando se vuelve a presentar un nuevo anteproyecto de LFPV".
La situación actual es que, "un año después, continúa sin haber una previsión para la negociación de la ley a la MGN, como paso previo a la tramitación parlamentaria; con lo cual es técnicamente muy complicado que sea aprobada y desplegada normativamente antes de que acabo la legislatura".
Intersindical Valenciana siempre ha considerado que la capacitación lingüística del personal, tiene que ser un objetivo preferente de esta legislatura y, por lo tanto, "cualquier actuación contraria a la consecución del mismo, será considerada como un grave incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Consell, que no quedará sin respuesta, porque, en definitiva, estamos asistiendo a una vulneración perpetuada y consentida del derechos lingüísticos de las personas que usan el valenciano como lengua habitual".
Es por eso que el sindicato ha exigido que "la LFPV y su despliegue sean una realidad antes del 31 de diciembre de 2018" o que se negocien "fórmulas alternativas para implantarla en la presente legislatura".
