Alfonso Grau. Foto: MARGA FERRERAnticorrupción se niega a incorporar las grabaciones completas de María José Alcón con su hijo
VALÈNCIA. La requisitoria internacional del juez del caso Taula sobre la empresa belga vinculada a Laterne Product Council, la firma que supuestamente sirvió de pantalla para la financiación ilegal de la campaña electoral del PP de Rita Barberá en 2007, ha llegado desde Bruselas, donde estaba la sede de esta empresa de la que se investiga si recibió dinero desde València.
En los documentos encontrados no hay rastro del exvicealcalde de València Alfonso Grau, investigado en la causa, sobre el que los investigadores preguntaron expresamente. En cuanto a los movimientos bancarios, no queda rastro de ellos porque fueron destruidos.
Según la respuesta de la Justicia belga a la comisión rogatoria para averiguar la titularidad y movimientos de las cuentas de la empresa City Marketing Conseil SPRL, con sede en Bélgica, la empresa fue creada en septiembre de 2005 y tenía como accionistas a dos sociedades valencianas vinculadas a la familia Sáez Merino y a Telesforo Julve Civera, que era su gerente. Tenía como objeto social la elaboración de informes y proyectos para clientes institucionales, en Bélgica o en el extranjero, en el terreno del urbanismo y el medio ambiente.
Los socios eran la sociedad La Rambla del Tambuc Inversiones y Desarrollos, administrada por Manuel Sáez Merino y José María García Petit, con el 45%; Triburg Unigermans Ibérica, administrada por Vicente Sáez Merino y Vicente Sáez Tormo -propietario de Laterne en España-, con otro 45%, y Telesforo Julve, con el 10% restante. En 2008, Vicente Sáez Tormo sustituyó como administrador de la empresa a Julve, pero falleció ese mismo año. En 2009, Triburg compró su parte al resto de socios y se hizo con el 100%.
La empresa tenía una única cuenta bancaria en Bélgica, en la que tenían poderes Telesforo Julve, residente en València, y Helena Gitrama Sancho, valenciana residente en Bruselas. La justicia española preguntó expresamente si el exvicealcalde de València Alfonso Grau aparecía en la cuenta y la respuesta fue negativa. La cuenta fue abierta en septiembre de 2005, pero para desgracia de los investigadores españoles, no hay constancia de los movimientos hasta noviembre de 2010, porque el banco, BNP Paribas Fortis, los destruyó, ya que no tiene obligación de conservarlos más de seis años. Los movimientos posteriores son irrelevantes.
La destrucción de los movimientos bancarios deja con la duda a los investigadores quién y cuánto dinero se movió dinero a través de esa cuenta, ya que no solo se investiga la financiación ilegal, sino además si hubo terceras personas, entre ellas Alfonso Grau, que se llevaron dinero de las empresas supuestamente donantes así como de las fundaciones públicas que aparecen como donantes de la campaña en B.
El magistrado del caso Taula, Víctor Gómez, colmó su paciencia cuando Emilio Hellín Moro, el perito contratado por el abogado José María Corbín, trató de introducir un CD con las grabaciones originales del caso entre la exconcejal popular María José Alcón y su hijo. El juez les había dado permiso a las defensas para escuchar las grabaciones completas, pero no para hacerse copia. Los letrados querían saber si estas grabaciones telefónicas eran correctas, por lo que llevaron a un perito. Aquel día la tensión se podía cortar hasta tal punto que el magistrado, que ya se había marchado, se vio obligado a volver.
Hay que recordar, tal y como publicó este periódico, que Emilio Hellín Moro es un hombre que en 1982 fue condenado a la pena de 43 años de cárcel por el asesinato en 1980 de la joven izquierdista Yolanda González. Hellín, además, saltó a la fama mediática por sus trabajos posteriores tanto para la Guardia Civil como para el Cuerpo Nacional de Policía en temas relacionados con el terrorismo y el crimen organizado.
Ahora las partes han recurrido a la Audiencia Provincial para conseguir que estos pinchazos telefónicos se incorporen al sumario completos. En su escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, dice que "en el sentido de lo acordado por el instructor se cumplió sobradamente la diligencia, habiendo incorporado la secretaria judicial la firma electrónica y la autenticación de que dicha copia de DVD no se encuentra manipulada, y así obra en el documento que se incorporó al acta".
Y apostilla,: "Por lo demás el instructor, recogiendo la doctrina dictada por la Sala II del Tribunal Supremo sobre el sistema de interceptación de comunicaciones SITEL, su integridad y fiabilidad, precisando que resulta imprescindible que la parte que alegue la posible manipulación de la copia debe presentar cumplida justificación de dicha afirmación".
Y finaliza diciendo que lo incorporado es una mera copia del original, “con todas las garantías por supuesto, como se pudo comprobar dicho día, careciendo por completo de sentido toda esta alegación de metadatos ocultos y análisis informáticos con programas cuando nada se ha aportado respecto a la quiebra de confianza en la copia y mucho menos al sentido de la petición”. Y es por ello que solicita que se deniega la petición de incorporar la conversación entre Alcón y su hijo íntegra.
Emilio Hellín fue condenado a 43 años por la muerte en Madrid de la joven de izquierdas Yolanda González, dos años después de haberse afiliado al partido Fuerza Nueva de Blas Piñar.
Tras su detención en febrero de 1980, se fugó en agosto de la prisión de Alcalá de Henares (Madrid); fue capturado a las pocas horas y trasladado a Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y, posteriormente, a Cartagena (Murcia), donde protagonizó otro intento de fuga.
En febrero de 1987, huyó de España mientras disfrutaba de un permiso de seis días que le había concedido el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid y se estableció en Paraguay, donde fue detenido por la Interpol cuando intentaba pasar a Argentina. Fue encarcelado de nuevo en España y en verano de 1995 obtuvo el tercer grado penitenciario.
