La Audiencia Nacional cita a declarar al jefe de los Mossos como investigado por sedición 

MADRID (EP). La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar este viernes en calidad de investigado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, a una de sus subordinadas y a los presidentes de la ANC y Onmium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición en relación a los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona, según han informado fuentes jurídicas.

La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional acuerda estas diligencias una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en estas protestas que se originaron tras los registros acordados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona al entender que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de sedición por ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado".

En su auto, la juez expuso que estos actos podrían ser constitutivos de delito de sedición al ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado" y declaraba a la Audiencia Nacional competente para su investigación ya que estos hechos podrían atentar contra los bienes jurídicamente protegidos y la actual forma de gobierno.

Tras admitir a trámite la denuncia del Ministerio Público, Lamela acordó librar oficio a la Guardia Civil para que elaborase el atestado sobre las actuaciones que se produjeron en el marco del operativo judicial desplegado contra altos cargos de la Generalitat responsables de la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Dichas concentraciones, que se saldaron con varios coches de la Guardia Civil destrozados, buscarían "tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estrado y declarar la independencia de una parte del territorio" quebrantando "el principio de la unidad de la Nación española", según expuso la juez de la Audiencia Nacional en su auto.

También se hizo eco de la denuncia de la Fiscalía que apuntó que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium montaron en La Rambla un puesto para voluntarios desde donde se organizaban los turnos de relevo para las concentraciones ante la Consejería de Economía.