Representantes de la Junta de Castilla y León y de la patronal de residencias explican el nuevo modelo de atención en una jornada organizada por la CEV y AERTE
VALENCIA. La Comisión de Cooperación Público Privada de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha celebrado esta mañana la jornada “Buenas prácticas de la cooperación público privada. La atención de la dependencia en Castilla-León: Un modelo de éxito”, en la que han participado Carlos Raúl de Pablos, Gerente de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, y Diego Juez, Presidente de la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (ACALERTE).
Ssegún ha informado la CEV en un comunicado, Castilla y León es la Comunidad Autónoma que mejor valoración media tiene en la aplicación de la Ley de Dependencia según el Observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes y ello lo hace con el octavo puesto en cuanto al presupuesto destinado per cápita, 556 euros frente a la media nacional de 473.63, lo que demuestra que es "muy importante contar con recursos pero tanto o más realizar una gestión eficiente".
Según ha explicado Carlos Raúl de Pablos, por cada millón de gasto público en Castilla-León se generan 49 puestos de trabajo; este mismo gasto en la Comunitat Valenciana genera 25 empleos. Raúl de Pablos y Diego Juez han destacado que las políticas sociales de Castilla-León se enmarcan en los acuerdos del diálogo social y que el nuevo sistema de atención a personas mayores se ha construido desde el acuerdo y consenso entre las entidades que trabajan en el sector y la Administración.
Es un modelo que pone en el centro de la actuación la calidad del servicio y la colaboración de las diferentes administraciones, lo que permite avanzar desde la red actual de centros para cubrir las nuevas necesidades que van surgiendo. Por tanto, la negociación y el diálogo han sido constantes para la puesta en marcha de este modelo consensuado, sostenible y de mejora constante de la atención.
Según han informado, en Castilla-León transcurren 6 meses desde que se solicita la atención al dependiente hasta que es efectiva. En el caso de la Comunitat Valenciana, tal y como se ha puesto de manifiesto en el encuentro, este plazo se alarga dos, tres y hasta cuatro años.
En la apertura de la jornada ha participado Mercé Martínez, Directora General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, que ha explicado brevemente las líneas en las que se mueve actualmente la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en materia de colaboración público privada. La clausura ha corrido a cardo de María José Mira, Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación, que ha valorado la potencialidad del sector de servicios sociales para mejorar el bienestar de la sociedad al tiempo que genera empleo estable, diverso, inclusivo, no deslocalizable y muy intensivo en mano de obra.
