Los concejales del PP abandonan la junta general. Foto: Àlex OltraGANDIA. Este lunes ha comenzado el proceso para extinguir Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), la empresa pública de la ciudad que ha generado tanta polémica por el uso que el Partido Popular hizo de ella durante los cuatro años que gobernó la ciudad. Con su cierre, se pone el candado a la que los socialistas describieron como la “Cueva de Alí Babá” y que ha sido la protagonista de los últimos escándalos de la ciudad: La operación Aplauso o el caso Púnica en Gandia.
En la Junta General de IPG se ha aprobado la liquidación de la empresa pública, que cuenta con pérdidas de 28,4 millones de euros. Lo han hecho con los votos a favor del PSOE, Més Gandia y Ciudadanos y con el voto en contra del Partido Popular, que ha abandonado de la Junta General antes de que esta finalizara. Lo ha hecho para “no ser partícipes del circo mediático en el que se ha convertido la causa sumarísima contra el PP”, ha explicado Víctor Soler.
El pleno, que ha dado comienzo a las 11 de la mañana, tenía un punto que desde su planteamiento había generado controversia: La interposición de una acción de responsabilidad social contra los anteriores gestores de IPG por los daños económicos y patrimoniales causados a la sociedad. Se trata del expresidente de la sociedad y exalcalde Arturo Torró, el exvicepresidente Javier Reig y los ex consejeros Víctor Soler, Lola Moncho y Guillermo Barber. Todos ellos del Partido Popular.
Un punto que para el Partido Popular es "una cacería y un juicio sumarísimo contra el PP que no vamos a consentir, porque lo único que hemos hecho es trabajar por Gandia durante cuatro años”. Es por ello que el Partido Popular liderado por Victor Soler se opuso desde el principio a esta medida y solicitó que se investigara también el periodo en que el PSOE y Plataforma de Gandia estaban al frente del Ayuntamiento.
Según ha explicado el presidente de Iniciatives Púaliques de Gandia, Vicent Mascarell, se ha aprobado emprender acciones legales contra los anteriores gestores y ha resaltado que “es curioso que pidan responsabilidades cuando tuvieron toda una legislatura para hacerlo”. Asimismo, ha subrayado que el Partido Popular nunca ha formalizado la petición de extender las responsabilidades sociales.
Otro de los puntos calientes ha sido la votación las cuentas anuales de 2014, que arrojaron pérdidas por valor de 38,5 millones de euros y que todos los partidos han aprobado la “no aprobación de las cuentas de 2014”. Cabe recordar que el Partido Popular impugnó las cuentas de 2014 ya que, en su opinión, el actual Gobierno “está culpabilizando al PP de unas pérdidas en IPG que no son tales, al menos en el ejercicio de 2014”.
Es por ello que a través de su Portavoz Municipal ha advertido de las posibles responsabilidades en el ámbito administrativo, mercantil o penal, de la decisión de no aplazar la reunión del citado órgano colegiado hasta la resolución de la demanda de impugnación de la formulación de las Cuentas Anuales de 2014, o de la retirada de los puntos relativos a la disolución o exigencia de responsabilidades sociales.
Según ha explicado el presidente de IPG, a partir de hoy tienen tres meses para hacer un inventario y conocer la situación real de la empresa. Los encargados de ejecutar esa liquidación son los políticos Vicent Mascarell (Partido Socialista), Carles Vendrell (Més Gandia) y Salvador Marí (Ciudadanos) y los técnicos Juan Vicente Santos y Francesc Pons. Un proceso que el propio Mascarell augura “complicado”.
Cabe recordar que las pérdidas de IPG en los cuatros años que el Partido Popular gestionó Gandia se sitúa en 28,4 millones de euros. Un periodo en el que se incluyen proyectos como la compra del concesionario de vehículos para retén (3,9 millones), los 1,2 millones del Mercat Municipal del Prado, el Maremágnum y los conciertos del verano (2 millones de euros), la indemnización de 500.000 euros a Comarques Centrals Televisió por rescindir el contrato municipal firmado con la emisora en febrero de 2013, gastos de publicidad superiores a los 4,3 millones de euros, inyecciones económicas a la empresa editora de la revista Sociedad y Política y a Ossido Comunicación (2 millones de euros), el alquiler y cierre de la discoteca Coco Loco o, entre otros, la sonada operación Aplauso.
A esto, habría que sumar la multa de 25.001 euros de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social por cesión ilegal de trabajadores; y al menos una decena de personas cobraban de IPG pero trabajaban para algunos concejales del PP.
Un panorama que lleva a la disolución de la sociedad y a emprender acciones de responsabilidad ante los anteriores gestores, todos ellos del Partido Popular.
