La Intervención detecta indicios de delito en el uso de las tarjetas que hicieron los exgestores de Vaersa

VALÈNCIA. La Intervención de la Generalitat ha detectado irregularidades en el uso de las tarjetas de crédito de los anteriores responsables de la empresa pública Vaersa que podrían ser "constitutivas de actuaciones penales". Así lo indica el ente fiscalizador en un informe analizado este viernes por el Consell en el que "salvo justificación documental suficiente en contrario" recomienda que se le reclame la devolución de determinadas cantidades retiradas en cajeros.

El informe de la Intervención se centra en los gastos en compras y servicios exteriores realizados en Vaersa entre enero de 2006 y junio de 2015, correspondientes a la etapa del anterior Ejecutivo autonómico. Al inicio de la presente legislatura, la nueva dirección de Vaersa comenzó ya a analizar la gestión económico-financiera precedente. 

El control financiero por parte de la IGG fue acordado por el Consell el 20 de noviembre de 2015, con el objetivo de analizar los procedimientos empleados en la gestión económico-financiera de la empresa pública VAERSA, verificando, mediante las oportunas comprobaciones formales y materiales, que los procedimientos empleados responden a lo previsto en la normativa aplicable a la entidad; así como que los controles existentes son suficientes, eficientes y eficaces. 

El informe se ha centrado, de forma particular, en verificar que los gastos efectuados por los titulares de tarjetas de crédito y débito de la mercantil responden al desempeño de funciones propias del cargo o a tareas relacionadas directamente con la entidad. También se ha examinado la existencia o inexistencia de contratos de auditoría, asistencia o asesoramiento jurídico prestados a la mercantil. 

Denuncia ante la Fiscalía 

La información recogida en el documento de la Intervención forma parte de las diligencias judiciales abiertas sobre la actuación del que fue director de Vaersa entre agosto de 2007 y julio de 2011. 

El 13 de octubre de 2015, Vaersa denunció ante la Fiscalía la gestión del director. En octubre de 2016, la Abogacía de la Generalitat designó el letrado que representa actualmente a la empresa pública, en su condición de perjudicada, como acusación particular en las diligencias previas seguidas en un juzgado de Valencia. 

La investigación de la IGG revela que, durante el periodo objeto de análisis, se efectuaron gastos con cargo a cuentas de Vaersa, empleando tarjetas de crédito de la empresa como medio de pago por parte de dos directores generales anteriores, por importe global de 138.525 euros. De ellos, 45.265 euros fueron extracciones en efectivo a través de diversos cajeros automáticos.

El director general de Vaersa entre 2007 y 2011, Felipe Espinosa, aceptó recientemente ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y otros diez por el mismo delito en una de las dos piezas separadas del caso Vaersa, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el abogado de la Generalitat. Esta pieza se refiere a es la compra irregular de 67 vehículos vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público. 

Gastos sin justificar 

El informe señala que se extrajeron 22.665 euros en 48 operaciones de cajero. La IGG apunta que este tipo de operaciones, "salvo que se justifique debidamente la imposibilidad de emplear en determinados comercios las tarjetas como medio de pago, constituye un acto de lucro que causa un perjuicio a la entidad". 

En cuanto a compras abonadas con las tarjetas de crédito, la mayor parte corresponde a gastos de restauración. En particular, la IGG llama la atención de que en el periodo examinado se gastaron más de 12.000 euros en un mismo restaurante en 89 ocasiones, de ellas 65 en sábado o domingo. 

Se apuntan asimismo gastos cuya relación con las funciones propias de su cargo "es muy dudosa o inexistente", tales como concesionarios de coches, grandes almacenes y otros comercios, así como una estación de esquí. También ocupan un lugar destacado miles de euros destinados a repostaje de gasolina "contabilizados como dietas o gastos de representación, cuando dentro de la entidad existía un procedimiento y una cuenta para la contabilización de este tipo de gastos". 

El informe de la Intervención analiza, por último, la contratación de servicios profesionales de auditoría o asesoramiento jurídico, sin que haya constancia de que se hubieran obtenido en la contratación de estos servicios la pertinente autorización previa del Abogado General de la Generalitat. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo por la actual dirección de Vaersa, en noviembre de 2016 envió por correo certificado un escrito a reclamando la justificación de las actuaciones detectadas o, en su defecto, el reintegro de las cantidades indebidamente dispuestas. También remitió el mismo escrito por burofax. En ningún caso obtuvo respuesta.