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no ve indicios de prevaricación y fraude

La jueza archiva la investigación sobre la alcaldesa de Gandia, Diana Morant

En la querella interpuesta por Arturo Torró también estaba el director del Consorcio de la Marina Vicent Llorens

15/12/2017 - 

VALÈNCIA. El pleno de investidura de la actual alcaldesa de Gandia, Diana Morant, no solo supuso un cambio de gobierno en la ciudad sino que también derivó en una querella por prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsificación de documentos públicos y coacciones contra Diana Morant; el secretario municipal, Lorenzo Pérez; el actual coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, y los funcionarios Vicent Todolí y Vicent Llorens —hoy el director general del consorcio de la Marina de València—. Dos años más tarde, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha considerado el sobreseimiento provisional de todos los querellados y en relación a todos los delitos.

Concretamente, el auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, considera que tras las investigaciones realizadas, "no resulta que existan indicios racionales de criminalidad en la conducta de los investigados, respecto de los delitos objeto de actuaciones, y por tanto que en aplicación de lo dispuesto en el art. 641.1 de la Lecrim". Por tanto, todos los querellados están libres de cargos.

Las actuaciones que se denunciaron ocurrieron el día del pleno de investidura de Diana Morant (PSPV), tras el cual se ordenó a agentes de la Policía Local que impidieran subir a las dependencias del consistorio a miembros del Partido Popular. Esto ocurrió el 13 de junio de 2015 y el decreto de alcaldía, según denunció en su día el Partido Popular, fue firmado el 16 de junio —cuatro días después del nombramiento de Diana Morant—. Sin embargo, ahora el auto considera que no se produjo tal delito de prevaricación administrativa porque la investidura se produjo el 13 de junio de 2015 a las 14:00 horas y los documentos se firmaron el 15 de junio. Una disparidad de tiempo —con respecto a ese 16 de junio— que se centra en la tardanza de la firma digital y no en la firma en sí misma. 


Cabe recordar que la querella penal fue interpuesta por el exalcalde de Gandia Arturo Torró y cinco de sus cargos de confianza: Cristina Serrano, Lola Moncho, Carlos Moncho, Alba Frasquet y Gonzalo Morant. En ella, los populares denunciaban que durante la celebración del Pleno de Investidura y en los días sucesivos se impidió el acceso a las dependencias de los ediles salientes y de algunos empleados públicos. Ahora, el auto subraya que “ninguno de los testigos, ni los propuestos por la acusación o por las defensas, afirma haber visto, o tener noticia alguna que por parte de los querellados se produjera ningún tipo de coacción, amenazas o intimidación”. Además, destaca que la presencia policial de aquellos días tampoco “reseña ningún tipo de incidente”.

Reacciones 

En declaraciones a Valencia Plaza, Diana Morant ha mostrado su satisfacción por el sobreseimiento provisional de la causa y ha recordado que siempre se mostró tranquila ante este proceso judicial y ha recordado que siempre se quiso “garantizar que no desapareciera o fuera destruida documentación física e informática del Ayuntamiento y de la empresa pública de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG)”. De hecho, con este “contundente” auto de la juez se considera que “se ha acabado el circo político del Partido Popular” y “demuestra que el Partido Popular quería hacerme pasar por la pena del banquillo por lo que ahora deberían salir a pedir disculpas”.

Por su parte, el actual director general del consorcio de la Marina de València, Vicent Llorens, ha destacado que aunque han sido dos años de sufrimiento, tenía la tranquilidad de que el proceso judicial se resolvería. "El Partido Popular tenía una clara intencionalidad política con este tema, querían la foto de Diana Morant entrando en el juzgado", ha sentenciado.

Asimismo, cabe recordar que pese al sobreseimiento provisional cabe la posibilidad de interponer recursos de reforma y apelación en el plazo de tres días. Sin embargo, desde el gobierno consideran que las otras partes no realizarán una interposición porque "el auto es bien claro y no hay hechos delictivos".

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