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operación taula

La Fiscalía pide que declaren García-Fuster y Alcón en el caso de Miquel Domínguez 

Foto: MARGA FERRER

La instrucción contra el diputado autonómico comienza este miércoles con las declaraciones de los testigos

11/01/2017 - 

VALENCIA. El caso del presunto blanqueo de capitales cometido supuestamente por todo el grupo municipal del Partido Popular de la ciudad de Valencia, a excepción de cuatro personas, comienza a llegar a su fin este martes. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Pía Calderón comienza la instrucción de la causa contra el diputado autonómico Miquel Domínguez con la declaración de los testigos. 

Dichos testigos son las cuatro personas que en su día se negaron a blanquear dinero para pagar la campaña de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, y por la que hay 50 personas investigadas.

La magistrada encargada de la causa, además de haber recibido la parte de sumario referente a Domínguez, entre otras cosas ha solicitado que le sean remitidas las declaraciones de la asesora de comunicación Elena Rodrigo y de la exconcejal de Cultura María José Alcón. Ambas son las únicas personas que han admitido haber blanqueado dinero por orden de Mari Carmen García-Fuster, la que era secretaria y cajera del grupo municipal. Es más, la jueza también ha pedido que le envíen todas las declaraciones que haya hecho García-Fuster sobre este tema hasta la fecha.

Fuentes de toda solvencia consultadas por Valencia Plaza aseguran que esta última petición pone en una difícil situación a Domínguez. El motivo, siempre según estas fuentes, es que en las declaraciones se hace referencia al delito electoral, del cual no está acusado el diputado pero del que podría serlo si la magistrada encuentra un hilo del que tirar. 

Los papeles presentados por Valencia Plaza ante el juzgado que instruye la causa del pitufeo son de tal importancia, que han hecho que el juez decrete un mes más de secreto sumarial, lo que hace un total de tres meses.

La causa contra Domínguez se lleva a cabo en el TSJCV porque está aforado. Aunque cuando presuntamente cometió el delito por el que está investigado era tan solo concejal del Ayuntamiento de Valencia, a día de hoy es diputado autonómico y, por tanto, es el TSJCV el órgano competente para instruir la causa contra él.

El 'pitufeo'

La causa contra Domínguez es la última pieza que faltaba por comenzar a instruirse dentro del conocido como pitufeo, es decir, la acusación por presunto blanqueo de capitales. Según la Fiscalía Anticorrupción, todos los investigados aportaron 1.000 euros para la campaña de Rita Barberá en las últimas elecciones municipales que, supuestamente, después les fueron devueltos por la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, en dos billetes de 500 euros.

Esta pieza fue la primera que se comenzó a instruir en el marco de la conocida como Operación Taula, la que está considerada como la mayor operación contra la corrupción de la historia de la Comunitat Valenciana. En la pieza del pitufeo hay imputadas 50 personas, entre las que también se encontraba la que fuera exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, hasta su fallecimiento hace poco más de un mes.

Domínguez, al igual que sus excompañeros concejales no ha dejado el acta de diputado. La diferencia con los concejales es que Domínguez ha pasado a formar parte del grupo mixto, mientras que los que fueran sus compañeros siguen siendo concejales del PP. Todos ellos están a la espera de la resolución de un expediente sancionador por parte del Comité de Derechos y Garantías del PP que se instruye en Génova.

Operación Taula

En la Operación Taula, la del pitufeo es la pieza que comenzó siendo la más fácil de instruir, era un blanqueo de lo más simple, y sin embargo ha terminado siendo una de las partes más complejas de la investigación. El problema para los instructores ha sido que al presunto blanqueo se ha unido una acusación por delito electoral, ya que se investiga si el PP de Rita Barberá se financió de forma irregular, al menos, desde el año 2007. Esta pieza separada se comenzó a investigar a raíz de las escuchas telefónicas que a Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó a la exconcejal de Cultura, María José Alcón.

En las grabaciones que hizo la UCO se puede oír a Alcón explicando cómo cometió el delito de blanqueo. Pero, además, también se recibió un escrito anónimo en la Fiscalía de Valencia explicando lo mismo que se escuchaba en las grabaciones policiales. Hasta la fecha, solo dos de los 50 imputados han reconocido haber cometido el delito. Por un lado, la propia Alcón, y por otro una asesora de prensa del consistorio que afirma que lo hizo engañada por el entonces jefe de prensa del PP del consistorio, Julio Valero.

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