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Puerto mediterráneo, atascado en paterna y en los tribunales

La mayor inversión prevista en la Comunitat cumple un año en el limbo

29/09/2017 - 

VALÈNCIA. Sabedor de la expectación mediática que generaba el asunto en cuestión, Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente y líder de Verds Equo (Compromís), interrumpió la Comisión de Evaluación Ambiental para dar a conocer a los medios de comunicación la decisión sobre Puerto Mediterráneo que acababa de tomar el organismo.

Lo explicó aquel 29 de septiembre de 2016 en una breve declaración que tuvo lugar en el patio de la antigua Cárcel Modelo, hoy sede de su secretaría autonómica: la memoria ambiental del mayor centro comercial y de ocio proyectado en Europa era desfavorable. ¿La razón? Principalmente, que el proyecto presentado no respetaba los márgenes exigibles junto a la carretera. El dirigente agregaba que la Generalitat no estaba dispuesta a aceptar excepciones a esta cuestión. Jaque mate.

Así vio desmoronarse Intu Eurofund Investment su proyecto estrella en España, para el que, según sus últimos cálculos, preveía una inversión de más de 1.000 millones y la creación de más de 6.000 empleos. "¡Inseguridad jurídica!" -clamaron entonces contra la decisión-, con el argumento de que el mencionado margen de servidumbre sí había recibido el visto bueno de la Generalitat en 2015.

Las decenas de informes favorables que habían recabado durante años se convertían de pronto en papel mojado. La empresa, que ya era propietaria del 90% de los terrenos, se veía de repente abocada a empezar de cero y a recurrir a los tribunales. Y en ese limbo se encuentra todavía actualmente, sin avances en la nueva tramitación que pretende impulsar en Paterna ni en el recurso contencioso administrativo presentado contra la decisión del Consell.

Tanto monta... Salvador como Álvaro

El protagonismo del 'no' a Puerto Mediterráneo se lo llevó Compromís, incluso antes del rechazo -con rotundas declaraciones contra el proyecto de Rafael Climent, Natxo Costa o de la propia Mónica Oltra-. Pero la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en manos de la socialista María José Salvador, jugó un papel fundamental en la decisión sobre el macrocentro comercial y de ocio.

El informe con el que la Comisión de Evaluación Ambiental argumentó su veredicto desfavorable fue el emitido en julio de 2016 por la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad -adscrita al departamento de Salvador-.

Además, tras la decisión de la comisión -dependiente de Medio Ambiente- en base a dicho documento, la responsable de rubricar el rechazo fue de nuevo la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio -en concreto la propia consellera-. 

¿Y cuál fue la posición del presidente Ximo Puig? Tal vez ninguna. El rechazo a Puerto Mediterráneo se produjo en plena crisis de un PSOE que estaba a punto de derrocar a Pedro Sánchez, y la noticia llegó a Presidencia por sorpresa, cuando ya no quedaba margen de maniobra. 

Desde entonces, Puig, que en la oposición trasladó en privado su apoyo a la iniciativa por la creación de empleo que preveía, adoptó un perfil bajo, hasta el punto que ni siquiera ha accedido a reunirse con los promotores del complejo -como tampoco lo ha hecho la consellera Salvador-. Ambos se limitaron a instar a la compañía a volver a empezar de cero.

El 'no' local de Compromís

La postura de ambos socialistas dejó sin amparo autonómico al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo (PSPV), quien sí defendió públicamente la llegada de Puerto Mediterráneo a su municipio. El dirigente local es el único que ha trabajado desde entonces para reactivar el proyecto, pero su formación cuenta con solo 6 concejales de 25 en el Ayuntamiento.

Además, la concejalía de Urbanismo la ostenta Compromís, su socio de Gobierno, que tiene en el rechazo a Puerto Mediterráneo uno de sus principales ejes políticos en la localidad. Ante tal circunstancia poco parecen servir los cambios introducidos por la empresa para adecuar el macro complejo al plan Actúa del municipio, máxime cuando mantiene las distancias respecto a la carretera que fueron rechazadas por el Consell.

En consecuencia, la lenta travesía judicial parece el único camino que le queda por recorrer a Puerto Mediterráneo durante la presente legislatura. El proceso arrancó en diciembre del año pasado con el recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, presentado por Intu Eurofund Investment. La mercantíl también sopesaba entonces presentar una querella por prevaricación y una demanda de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios.

¿Debió haberlo tumbado Puig?

Según ha podido saber este periódico, entre los instrumentos legales de Puerto Mediterráneo se encuentra una cuestión técnica, ya que la firma considera que debió ser Ximo Puig como presidente del Consell y no María José Salvador como consellera quien anulara la ATE del proyecto. El motivo: en su día el proyecto lo rubricó Alberto Fabra, no su entonces consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig -a quien, dicho sea de paso, los promotores afean no haber dado el empujón definitivo al proyecto en la fase final de la anterior legislatura-.

Por lo que respecta al asunto de la carretera, las posturas de ambas partes son las siguientes: la Generalitat defiende que el margen que debería guardar Puerto Mediterráneo junto a la CV-35 son 100 metros en función de lo estipulado en la Ley 6/1991 de Carreteras de la Comunitat Valenciana -modificada en 2006-; por contra, la empresa sostiene que los 50 metros de su proyecto son correctos porque el texto que verdaderamente determina esta distancia -según su criterio- es el II Plan de Carreteras de la Comunitat. Habrá que esperar para conocer la decisión de la justicia.

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