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igualdad introdujo estas ayudas en la ley de la rvi para sortear el recurso en el tc

La renta de inclusión se podrá incrementar en un 25% para ayudas por pobreza energética

11/05/2018 - 

VALÈNCIA. Es el proyecto estrella de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) comenzó a tramitarse el pasado 23 de abril y con ella se prevé llegar a beneficiar a cerca de 95.000 personas en la Comunitat en 2020. Pero no sólo eso, sino que esta ayuda también se podrá ver incrementada hasta en un 25% para sufragar los gastos de consumo de energía en los hogares valencianos.

Esto es porque los grupos del Botànic validaron introducir en la ley de Renta Valenciana de Inclusión cláusulas que derogaban casi todo el articulado de la ley de pobreza energética, que estaba amenazada por el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional e introducirla en la propia ley de la renta. Así, la normativa quedó prácticamente invalidada y PSPV, Compromís y Podemos consiguieron anticiparse a la declaración de inconstitucionalidad de la norma valenciana que buscaba que ningún hogar no pudiera tener acceso a los servicios básicos de agua, luz y gas.

Con la entrada en vigor de la RVI, y el desarrollo del reglamento de la misma, también los valencianos podrán comenzar a percibir estas subvenciones. El desarrollo reglamentario establece una serie de requisitos para poder acceder a este incremento.

Así, entre los criterios para percibir este complemento junto al de alquiler o hipoteca se encuentra: carecer de vivienda en propiedad o usufructo; ser titular del contrato de alquiler o titular del préstamo hipotecario; que entre el arrendatario y el inquilino no exista relación conyugal; y que la vivienda alquilada sea la residencia habitual.

Ahora bien, el reglamento de la ley de RVI también contempla la posibilidad de percibir este complemento a aquellas personas que no tengan gastos de alojamiento, bien sean de alquiler o cuota hipotecaria. En este caso, se les puede incrementar a los beneficiarios hasta en un 10% la cantidad que reciban de renta valenciana de inclusión –conviene recordar que existen distintos tipos de modalidades de RVI-.

Además, aquellas unidades familiares que perciban la prestación de la renta pero no alcancen la cuantía máxima de la modalidad que se les ha reconocido, percibirán como mínimo 50 euros para sufragar los gastos de agua, luz y gas.

El importe de la prestación, será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 809,49 euros para una unidad familiar de seis personas. Cuantía que puede verse incrementada hasta en un 25 por ciento en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que las cuantías oscilarían entre los 643,91 y los 1.1011,86 euros. 

Caracter indefinido

Este año se ponen en marcha dos de las cuatro modalidades de estas ayudas, la renta de garantía de ingresos mínimos, para los que no quieren someterse al plan de integración sociolaboral previsto por los técnicos de los servicios sociales; y la de inclusión social para los demandantes que sí acepten el plan de integración planteado por los especialistas para su inclusión social y búsqueda de empleo. 

Por otro lado, prevé la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción, y una renovación cada 3 años y además, solo será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma. 

La ley establece como novedad la eliminación de la distinción entre entidades municipales colaboradoras y no colaboradoras, apostando por la municipalización en la instrucción, tramitación y seguimiento de la prestación de renta de garantía en sus dos modalidades. 

La nueva ley introduce novedades significativas como la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren. 

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