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La UDEF concluye que se fabricaron documentos a posteriori para simular la legalidad de los contratos de la F1

29/12/2017 - 

VALÈNCIA. Un nuevo informe realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) evidencia, una vez más, las trampas que se hicieron en los contratos del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en València. En este caso, el informe entregado al juzgado que versa sobre la contratación de las pantallas gigantes para el gran premio concluye que se "fabricaron" documentos a posteriori de los contratos para simular la legalidad de los mismos. 

El informe es sobre los contratos de pantallas gigantes en el gran premio. Al parecer, Valmor consiguió un patrocinio de la empresa Phillips, que les cedería 274 pantallas gigantes, pero como condición, el contrato de dichas pantallas se debía de realizar con la empresa Avega, por lo que el Circuito del Motor "contrató el año 2008 con Avega (por más de 500.000 euros) mediante la utilización del procedimiento negociado sin publicidad a través de una tramitación de urgencia justificada en la imprevisibilidad del mismo para el órgano de contratación y en el interés público del evento". En 2011, después de que Avega tuviera serios problemas económicos, la contratación la hizo directamente, también sin expediente, Valmor con la empresa Alfassom.

En palabras de los agentes, "hubo una carencia de justificación de la necesidad de la contratación, inexistencia de documento acreditativo de la disponibilidad de crédito, falta de criterios de valoración de las ofertas, solicitud de oferta sin la existencia de pliegos ni de cartas de invitación, falta de constancia documental de la solicitud y de la presentación de las ofertas, ofertas presentadas antes o después del plazo, utilización de los modificados de contrato para enjugar sobrecostes en la  facturación, justificación  jurídica  de los modificados de contrato generados con posterioridad a la presentación de la factura, valoración de ofertas subjetiva,  negociación de las  condiciones de la  oferta con el adjudicatario, no formalización documental de las garantías exigidas, justificación de los sobrecostes en la prestación del servicio mediante un modificado del contrato, y un largo etcétera de irregularidades".

Los ‘chanchullos’ realizados desde el Circuito del Motor, empresa que contrataba las pantallas gigantes, induce a los agentes a pensar que “no estamos ante un verdadero expediente administrativo, sino ante una serie de documentos elaborados ex post exclusivamente con la  finalidad  de configurar un supuesto expediente y otorgarle apariencia exterior de integridad y veracidad”. 

Y desde la UDEF le ponen nombre y apellidos a quienes presuntamente elaboraron esos documentos fraudulentos: “la generación de la documentación del procedimiento como el modelo de aprobación del  gasto, los pliegos, la memoria justificativa, el contrato, el informe  jurídico justificativo del modificado de contrato fue realizada por el despacho Broseta Abogados, y en varios de los casos (modelo de aprobación del gasto o el informe jurídico justificativo del modificado de contrato) con posterioridad al inicio del proceso de licitación con el fin que fueran incluidos en el expediente a conformar.

Conclusión

Concluyen desde la UDEF que es posible considerar de forma lógica y con carácter indiciario, que la tramitación del expediente de suministro en régimen de alquiler de las pantallas gigantes en los años 2008 a 2011 “se ha adjudicado directamente por el Circuito del Motor a Avega al margen de lo dispuesto en el Ley de contratos con la Administración Pública y demás normativa aplicable, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables en la contratación pública, y que la contratación en 2011 de forma directa por parte de Valmor de la sociedad Alfassom permitió eludir la  aplicación de las normas de la  contratación pública a la prestación de los servicios incumpliendo el contrato entre Valmor y el Circuito del Motor”. 

Y apostillan que todo ello terminó derivando en “un perjuicio económico a esta última por cuanto supuso un aumento del deterioro financiero de Valmor mediante la reducción de su patrimonio neto que coadyuvó al proceso de compra por parte del Circuito del Motor mediante una fusión por absorción entre ambas sociedades con la asunción por parte de esta del pasivo de Valmor”.

El caso Valmor se investiga en dos piezas separadas. En la primera pieza se centran en las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor. En la pieza 2 se instruye la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat.

Pero la investigación del pufo de la Fórmula 1 surgió a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de un grupo de diputados del PSPV. En la pieza principal están investigados el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Deportes Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, a los que ahora hay que añadir los nombres de Reyero y Figueras.

La querella que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".

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