Rubén Trenzano, director de Política Lingüística. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Las Unidades de Educación Multilingüe (UEM) de las universidades valencianas públicas y el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) han querido dar un espaldarazo al decreto de plurilingüismo de la Generalitat valenciana, en cuya redacción estuvieron implicados, ante la reciente afrenta por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). De este modo, la Universitat de València (UV), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y de la Universitat d’Alacant (UA) han mostrado su "inquietud, preocupación y malestar" por la resolución del órgano judicial, que ha decretado la suspensión cautelar de la norma tras el recurso presentado por la Diputación de Alicante.
Cabe recordar que, a la hora de elaborar su decreto, el Consell encargó un informe a expertos de las distintas universidades, que más tarde emplearía como base para la redacción de la norma. Es por ello que ahora los filólogos y técnicos implicados no entienden la decisión de la Justicia "desde el punto de vista pedagógico". "El decreto es bien riguroso en su planteamiento didáctico", argumentan, "en tanto que se ajusta a los enfoques metodológicos pioneros en aprendizaje integrado de lenguas, reconocidos internacionalmente".
Como prueba de la solvencia del texto, apuntan a que el único contenido "objeto de cuestionamiento jurídico político" sea el relativo a las acreditaciones lingÑuísticas que los alumnos pueden obtener en cada nivel en función del programa al que se acoja su centro. "El argumento es falaz", insisten, "porque se sustenta en al idea de que la elección de los niveles del programa pueden ser discriminatorios". Sin embargo, recuerdan que la certificación se debe obtener mediante una prueba y "en todos los casos se desplegarán mecanismos para que los alumnos puedan obtener la debida acreditación al final de cada nivel".
Asimismo, las universidades recuerdan que el decreto se promulgó "con los preceptivos informes favorables del Ministerio". Por todo ello, llaman al TSJ a "reconsiderar su decisión".
Concretamente, el auto del órgano jurídico asegura que, de no suspender el recurso, se vería "perjudicado el interés legítimo de la parte recurrente". No obstante, también advierte de que, con dicha resolución, "en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba".
"No se ve afectado negativamente el servicio público al suspender la eficacia del porque el destinatario final del servicio es el alumnado, no el interés público in génere, en este caso, y resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas", explica el TSJCV, que también concede valor a que el recurso no haya sido presentado por un particular o asociación de padres de alumnos, sino por una administración pública. "No es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos", precisa.
