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Los sindicatos exigen cobrarlos y la empresa dice que no hay dinero suficiente

Los días de asuntos propios desatan un conflicto laboral en Vaersa

27/09/2016 - 

VALENCIA. Vaersa se enfrenta a una difícil disyuntiva de cara al presente curso 2016/2017: incumplir su convenio laboral o la ley de presupuestos. El problema de la empresa pública es el siguiente: los sindicatos exigen que los empleados de vigilancia y prevención de incendios (más de 400 trabajadores) cobren los días de asuntos propios no disfrutados, pero hacerlo llevaría a la firma a rebasar su límite presupuestario. Para resolver el dilema la sociedad ha trasladado una consulta a la dirección general de Presupuestos, que deberá pronunciarse al respecto, según trasladan a este diario fuentes de la enseña.

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) quiso evitar este escenario proponiendo a los trabajadores que los días de asuntos propios no disfrutados se convirtieran en días extra de vacaciones, de modo que no supusieran un coste añadido para la sociedad y que los trabajadores se beneficiaran de dicho derecho laboral.

Esta propuesta fue sometida a votación en los tres comités de empresa (Alicante, Castellón y Valencia). El resultado fue de empate en las dos primeras, mientras que en Valencia venció el 'no' con 10 votos negativos, 8 positivos y 2 abstenciones. Ahora la decisión está en manos de la Generalitat, si bien parece más probable que presupuestos rechace que Vaersa incurra en gastos superiores a los permitidos.

La comisión negociadora, el problema de fondo

Las mismas fuentes agregan que el trasfondo de la negativa a la propuesta de la empresa tiene poco que ver con el propio problema. Según explican, los votos contrarios argumentan que Vaersa carece de comisión negociadora desde las pasadas elecciones sindicales, una comisión que se encuentra estancada por discrepancias entre las organizaciones sobre la representatividad de cada sindicato.

Anteriormente, dicho organismo contaba con un representante de cada organización con un voto ponderado según su representatividad, pero los sindicatos UGT e Intersindical -según las mismas fuentes- consideran que este reparto no es el correcto y sostienen que los que tengan menos del 10% deben quedar fuera de la comisión. Por este motivo presentaron una denuncia al Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) que, tras no zanjarse con un acuerdo, ha terminado en la justicia ordinaria.

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