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enmiendan la iniciativa de podemos

Los expresidentes, bajo la lupa: PSPV y Compromís pactan recortar sus privilegios

El acuerdo, al que C's apunta a sumarse, impedirá que un expresidente pueda gozar de los recursos si se encuentra en activo como Alberto Fabra, además de obligar a que el personal a su servicio sea funcionario

1/03/2016 - 

VALENCIA. El grupo parlamentario socialista y sus homólogos de Compromís, ambos socios en el Consell, han pactado las enmiendas a presentar de cara a la proposición de Ley planteada por Podemos sobre la modificación referente al estatuto de expresidentes de la Generalitat Valenciana. Así, el acuerdo al que han llegado ambas formaciones y que previsiblemente contará con el respaldo de la formación morada y, según apuntan distintas fuentes parlamentarias, también de Ciudadanos, cambiará sensiblemente el trato que hasta ahora se dispensa a los que fueron presidentes de la Generalitat en su día así como el de futuros ex jefes del Consell.

"Causa de indignidad"

Así, entre las enmiendas presentadas por los citados grupos, se encuentra la posibilidad de apreciar "causa de indignidad" por parte de algún ex Molt Honorable. Es decir, según se especifica en el texto presentado, en caso de que se produzcan "actos o comportamientos impropios" de un expresidente de la Generalitat éste no podrá permanecer "asociada al cargo honorífico". Una medida dirigida a "arbitrar un mecanismo de retirada de la condición honorífica de expresidente y de los medios que se le proporcionan porque ejercerá, como tal, la representación de la Comunitat Valenciana".

Para ello, según se añade en forma de artículo nuevo, se establece que un "tercio del número total de diputados y diputadas de Les Corts, que pertenezcan como mínimo a dos grupos parlamentarios diferentes, podrán proponer la revocación del tratamiento y los medios descritos en la norma presente cuando entiendan que concurre una causa de indignidad en la figura personal del expresidente". Esta revocación, según apunta el texto, deberá ser aprobada por la mayoría reforzada "de dos tercios de votos favorables en Les Corts".

Por otro lado, cuando un presidente o un expresidente de la Generalitat sea condenado por sentencia firme por un delito contra la Administración Pública de los tipificados en el título XIX del Cógido Penal (...) será "desposeído de la consideración, atención y apoyo recogidos en esta ley, independientemente de la pena accesoria de inhabilitación que pueda contener dicha condena".

Incompatibilidad con otro puesto de responsabilidad política

Uno de los puntos destacados de la reforma de la ley radica en que el uso de los medios facilitados al expresidente será "incompatible" con el ejercicio de "cualquier otro puesto de representación o responsabilidad política que cuente con recursos propios para su ejercicio". Una medida que choca con la actual situación del expresidente Alberto Fabra, que es senador por el PP. Además, en este punto se recalca que también será "incompatible" con el ejercicio de "funciones directivas o de asesoramiento retribuidas a una empresa pública o privada a excepción de empresas familiares o de titularidad propia".

Los asesores del expresidente serán funcionarios

Otra de las modificaciones realizadas por PSPV y Compromís a la propuesta es la referida al persona de asesoramiento del expresidente. Así, se facilitarán dos lugares de trabajo con estas funciones que se cubrirán a propuesta del expresidente pero, y esta es la novedad, de entre el personal funcionario de la Generalitat. Una variación que también afectaría al expresidente Alberto Fabra, quien tiene a su servicio a la exsecretaria autonómica Esther Pastor, que no es funcionaria. 

Parque móvil de la Generalitat

PSPV y Compromís también han introducido una enmienda sobre el uso de vehículo y chófer de los expresidentes. Así, se pondrá a su disposición de un vehículo del parque móvil de la Generalitat para los desplazamientos de correspondientes así como un funcionario que ejerza de conductor.

Informe anual de actividades

Una de las condiciones que ya se había anunciado con anterioridad y que también figura en el documento, es la obligación por parte de los expresidentes que empleen los medios que la Generalitat ponga a su servicio de dar cuenta de sus funciones a través de "un informe anual de actividades y utilización de recursos".

Por otro lado, en la disposición transitoria también se apunta en el documento del PSPV y Compromís la necesidad de que en seis meses tras la aprobación del texto los expresidentes que se hayan acogido a esta condición se pongan al día en las diferentes cuestiones que en ella se reflejan.

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