Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA (EP). Más de 30.000 alojamientos turísticos irregulares de la Comunitat Valenciana han aflorado y han legalizado su situación a lo largo de los dos últimos dos años. "La lucha contra el intrusismo, la competencia desleal y el fraude fiscal es una de las principales amenazas para el sector turístico" que requiere "mucha pedagogía, colaboración, alianzas y leyes que se cumplan".
Así lo ha manifestado este jueves el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, en declaraciones a los medios tras la reunión de trabajo de la Comisión de Intrusismo de la Comunitat Valenciana, en la que ha apuntado que "evitar la impunidad es una obsesión que debe motivarnos al conjunto de las administraciones".
En este sentido, ha anunciado que la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) está trabajando en unos protocolos para que los Ayuntamientos colaborar de manera más "coordinada" e "implicarse más" en la lucha contra el fraude y el intrusismo, que se puedan poner en marcha ya, mientras se tramita la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad.
Se trata de que la administración local "pueda ayudar a la inspección a tener un trabajo más eficiente en el municipio", dentro de sus posibilidades, "hasta donde pueda y con la legislación que nos subordina a todos" en la mano, ha explicado. "Hay que actuar en dos frentes --ha agregado--: premiar y exaltar las buenas prácticas y perseguir el fraude".
Además, ha avanzado que se estudiará una de las propuesta lanzada por la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat Valenciana de crear una plataforma digital en la que los vecinos puedan denunciar la presencia de alojamientos ilegales, como se ha hecho ya en otras ciudades. "Nos ha parecido una buena idea" y "se estudiará por supuesto que sí". De llevarse a cabo, "debería ser a nivel autonómico por la competencia sancionadora", ha señalado.
Colomer ha recordado también que en este tiempo se han reunido con todas las plataformas de alojamientos turísticos que operan en la Comunitat y se ha abierto expediente sancionador contra seis grandes. A algunas de las cuales han impuesto sanciones que alcanzan el máximo que permite la legislación actual, 30.000 euros, --cifra que se incrementará hasta los 600.00 euros con la futura Ley--.
Ahora esos expedientes están en fase de alegaciones y recurso. En cualquier caso, Colomer ha avisado que llegarán "hasta las últimas consecuencias" y esto "puede conllevar o no el cierre de los apartamentos como medida cautelar, es un escenario que se contempla".
Por el contrario, sí se ha llegado a acuerdos con cuatro plataformas -Booking, Only Apartment, Mucho Sol y Foto Alquiler- que "han incorporado en su 'modus operandi' la necesidad de situar el número de registro de la vivienda que pretendan comercializar, una garantía de calidad, filtro y legalidad", ha subrayado.
El secretario autonómico confía en que cuando se apruebe la 'Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad' "se pueda acelerar" este proceso y haya un rango de "multas más adaptadas a los gigantes globales, a esta plutocracia que gobierna el alojamiento clandestino en el mundo" y a su vez seamos más fuertes y tengamos más potencia de tiro, más capacidad de alianzas". De hecho, "la nueva ley abre la puerta en la implicación de los ayuntamientos", ha apuntado.
En cuanto al Gobierno central, Colomer ha señalado que se ha trasladado a la secretaría de Estado de Turismo "la necesidad de que armonicen las legislaciones de la autonomías y a que adopten un tono y un posicionamiento más contundente para perseguir al intrusismo, no podemos hacerlo solos las CCAA. Ni siquiera España puede combatir en solitario, debe tener una actitud más firme en el seno de la Unión Europea, esto es un fenómeno global", ha subrayado.
Asimismo, busca una nueva reunión bilateral con la Agencia Tributaria de Estado, que según ha dicho, "tiene un papel excepcional, cuando quiere, para combatir el fraude".
En cuanto al papel de la Unión Europea y las comisiones de la competencia, ha comentado que hasta hace poco "han tenido una postura errática, contemplativa, de confundir la libertad de empresa con el fraude o la picaresca, con la desregulación absoluta" y eso "no puede ser". Sin embargo, ha celebrado que "en las dos últimas semanas vemos estudios y dictámenes, que ya comienzan entender que la economía colaborativa tiene que obedecer en materia de alojamiento turístico a unas reglas y por tanto eso rema en favor de aquellos que llevamos un tiempo entendiendo que hay que estar al lado del sector reglado".
