VALENCIA. El grupo parlamentario Podemos-Podem ha presentado en Les Corts Valencianes una propuesta de creación de una comisión de estudio sobre la situación del sector ganadero y sus productos, la viabilidad de los mataderos públicos existentes, las políticas públicas al respecto y la financiación de los mismos.
El diputado de Podemos, David Torres, ha lamentado que el PP plantee esta cuestión “de forma electoralista cuando durante 20 años de Gobierno no han hecho nada para desarrollar un modelo de mataderos públicos, de gestión municipal o comarcal, que es necesario para el desarrollo de la ganadería en la Comunitat Valenciana”.
Podemos considera que se debe abordar esta cuestión “de manera responsable” y por ello ha solicitado “la creación de una comisión de estudio que evalúe la viabilidad de estos mataderos, que son fundamentales” para el sector ganadero valenciano.
Esta formación argumenta la manifiesta falta de mataderos en el territorio de la Comunitat Valenciana, cuya implantación además dista mucho de ser homogénea para cumplir la legislación comunitaria sobre la proximidad en los lugares de producción de la carne.
Asimismo, apunta la progresiva desaparición a lo largo de décadas, de los mataderos de propiedad pública, cooperativa o de pequeño capital privado en beneficio de los grandes mataderos pertenecientes a macroempresas productores de carne, mataderos alejados de los pequeños ganaderos valencianos en virtud de intereses ligados a la distribución final, lo que no favorece la vertebración de la actividad económica local.
Podemos quiere que se estudien las políticas públicas y de financiación desarrolladas hasta ahora y las que sería necesario desarrollar en adelante, así como el desequilibrio existente, en cuanto a la implantación de mataderos, entre los territorios de interior y de costa, siendo las de costa las que tradicionalmente han recibido las subvenciones públicas.
Finalmente, Podemos señala la necesidad de establecer medidas que permitan recobrar el mundo rural como motor de desarrollo de las zonas menos pobladas, medidas preferentemente articuladas alrededor de modelos de economía social, solidaria y sostenible y orientadas a crear redes de distribución directa entre consumidores y productores.
La comisión tendría que acabar sus trabajos en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución y presentar las conclusiones en un dictamen a pleno, para que sea debatido y votado.
