Consejo General del Poder Judicial. EFELa vuelta del verano, con esa interminable vorágine de noticias sobre pactos, elecciones, dame y darete, investiduras, fallidas o no, regeneraciones democráticas, síes, noes, etc., va y parece podría culminar, entre otros temas de interés, con una agradable sorpresa que tiene que ver con la Justicia. Y si no con la Justicia material o de fondo, sí con su imagen y percepción por el justiciable.
Me refiero a uno de los anunciados temas del acuerdo suscrito entre dos de los partidos políticos protagonistas en estos días de final de verano, PP y C´s: el pacto para la reforma del sistema de elección de 12 de los 20 vocales que forman parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto de los vocales judiciales -Jueces y Magistrados- cuya designación podría volver al sistema de origen por votación directa de Jueces y Magistrados y NO por los partidos políticos, como en estos últimos años. (Los 8 restantes miembros reservados para entre juristas de reconocido prestigio, seguirían siendo designados por las Cortes).
Esta es una antigua ambición de la Asociación de Jueces y Magistrados de la que soy portavoz en la Comunitat Valenciana, “Francisco de Vitoria”, y entiendo también, del resto de asociaciones judiciales; y desearía que este anuncio, esta voluntad política, llegara a ser fruto del consenso entre todos los partidos políticos en un reconocimiento a la labor de la Justicia y al respeto a la profesionalidad e independencia fruto del importantísimo legado del Barón de Montesquieu relativo a la separación de los poderes del Estado que permita terminar y evitar al mismo tiempo cualquier pretendida búsqueda de influencias sobre el Poder Judicial por los otros dos, Ejecutivo o Legislativo.
Esta cuestión relativa a la designación de los miembros judiciales del CGPJ ha sido muy debatida desde la aprobación de la Constitución Española en el año 1978, que se regula en el titulo dedicado al Poder Judicial. Precisamente por esta vocación natural de todo poder de ampliar su propio poder; de los otros poderes del Estado de “controlar” este importante poder Judicial que garantiza el buen desarrollo del estado de derecho. Vocación expansiva que choca con la independencia propia del Juez.
Hasta el punto que el tema de la elección de los vocales judiciales y el interés que desde el principio despertó entre los políticos, fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional a fin de resolver sobre la interpretación del art. 122-3º de la CE, según el cual: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del TS que lo presidirá y por veinte miembros nombrados por el Rey... de estos doce entre Jueces y Magistrados…”. Y que la solución dada por el Alto Tribunal fue que dichos doce, entre Jueces y Magistrados, no fueran elegidos por el resto de los Jueces y Magistrados, quienes deberían en todo caso decidir en base a su capacidad, experiencia, dedicación a la carrera y disponibilidad para mejorarla en todos sus aspectos, sino que fueran propuestos por los partidos políticos presentes en el Parlamento, en base a criterios mas democráticos, formalmente, pero creando tantas veces una falsa apariencia de servilismo político al servicio de ideales que causaron dudas en el justiciable y agitación en el seno de la propia carrera, entre sus miembros con ambición de servicio, a la espera de una llamada o designación externa; y que caló en la sociedad que tuvo al Poder Judicial como un Poder politizado y no independiente.
Esta solución, pues, ocasionó y sigue ocasionando una gran frustración entre los Jueces y Magistrados celosos de su independencia, libres de influencias de cualquier persona, institución o partido político y sujeto únicamente al imperio de la ley. Lo que en absoluto significa que cada Juez, como ser humano que es, como persona, cuando no se dedica a hacer su trabajo y cumplir su mandato constitucional: “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, pueda y deba tener su propia concepción del mundo y sus creencias. Y como todo colectivo, cuenta con miembros de todas las corrientes ideológicas, desde las más conservadoras a las más progresistas.
Pero volviendo ahora a nuestro personaje, a Montesquieu, uno de los grandes logros de los revolucionarios franceses de finales del siglo XVIII para liquidar el “Ancién Régime” y establecer un sistema de derechos y libertades - amén del uso continuado de la guillotina- fue, entre otras, la idea de establecer un régimen de separación de poderes, que en nuestro país, hace de su “inventor” un muerto viviente a la vez que un vivo “muriente”. Pues, como el rio, aparece y desaparece de la escena política.
En todo caso, celebro la vuelta a la actualidad de esta cuestión y confío sea finalmente adoptada la propuesta, tantas veces anunciada en programas electorales de todos los partidos políticos aunque olvidada en el tintero o el cajón de las buenas intenciones. Máxime en un periodo en el que más que nunca, quizás, la sociedad mira a los Juzgados y Tribunales esperando decisiones valientes y libres de “intermediarios” políticos. Decisiones tomadas desde la profesionalidad y la aplicación de la ley frente a la corrupción, venga del rincón desde donde venga. Pues la capacidad y responsabilidad de los Jueces y Magistrados españoles es un hecho probado y no requiere de ninguna tutoría por parte de los miembros de los otros poderes del Estado.
Si la justicia lenta se dice que no es justicia, la justicia que no es independiente - a nivel individual como institucional - no merece reputarse como tal. Bienvenido pues de vuelta a casa, eterno Montesquieu.
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Miguel Angel Casañ Llopis es magistrado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados “Francisco de Vitoria” en la Comunitat Valenciana
