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GRUPO PLAZA

Montón asegura que si no hay contrato, la red pública es suficiente

Sanidad deja pasar el plazo y no podrá conceder la prórroga que pidió el IVO

Montón anuncia que, si no hay contrato, solo serán tratados en el IVO los ciudadanos que ya sean pacientes de este centro

26/09/2017 - 

VALÈNCIA. La firma del contrato de acción concertada entre la Conselleria de Sanidad Universal y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) se va complicando cada día que pasa. Más bien parece imposible, según fuentes jurídicas consultadas, que aseguran que la prórroga que la consellera Carmen Montón anunció este lunes que se está "estudiando" es ya imposible, de acuerdo con la ley.

La Fundación IVO solicitó el pasado viernes una ampliación del plazo para entregar toda la documentación necesaria para formalizar el contrato de acción concertada que se adjudicó en verano. Lo hizo tras decidir el Patronato no firmar el contrato al haber tenido conocimiento de la existencia de sendos informes de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención General que señalan que la convocatoria puede ser ilegal.

Dada la división existente en el Patronato, la Fundación que preside Antonio Llombart acordó pedir una ampliación del plazo, que concluía el pasado viernes, 22 de septiembre. La solicitud se envió a la Conselleria el mismo viernes poco antes de las 12 del mediodía, según fuentes de la Fundación y este lunes no había obtenido respuesta.

En su comparecencia del lunes, Montón aseguró que la solicitud llegó el mismo lunes y no el viernes, y que se estaba estudiando.

La ley no lo permite

Sin embargo, según la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las ampliaciones de plazo solo se pueden conceder dentro del plazo y en ningún caso una vez concluido este. Por tanto, la Conselleria debería haber respondido el mismo viernes, según fuentes jurídicas consultadas.

Instituto Valenciano de Oncología. Foto: DANIEL DUART

El artículo 32.1 de esta ley reza: "La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados".

Y el 32.3 no deja lugar a dudas: "Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento".

Así, la concesión de la ampliación del plazo podría ser denunciada por otros operadores del sector sanitario. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ya recurrió la ley que permitía excluir a las empresas con ánimo de lucro de determinados contratos sanitarios y también se ha pronunciado en contra de la convocatoria de acción concertada que se adjudicó al IVO.

Y ahora qué

Si no hay prórroga no hay contrato, y si no hay contrato, ¿qué ocurre? Montón anunció que no volverá a sacar a convocatoria el servicio oncológico, ya que los hospitales públicos son capaces de absorber todos los pacientes nuevos que se deriven a oncología. En cuanto a los que ya están siendo tratados en el IVO, se mantendrán allí.

Ana Lluch, Carmen Montón y Carlos Camps. Foto: GVA

Acompañada por la oncóloga del Hospital Clínico Ana Lluch y por el oncólogo del Hospital General de València Carlos Camps, la consellera insistió en que una reorganización de la derivación en la red pública permitiría asumir los pacientes nuevos mientras que aquellos que ya estén en tratamiento con el IVO continuarán con la fundación privada. En total, el concierto preveía el paso de 30.000 pacientes anuales.

No obstante, el IVO está prestando actualmente el servicio sin el respaldo de un concierto y sin haber cobrado un solo euro de lo facturado en 2017, ya que al no haber concierto no está presupuestado ese gasto. La deuda acumulada, según fuentes de la Fundación IVO, supera los 40 millones de euros.

Esto es consecuencia de la decisión de Carmen Montón de dar por finalizado el contrato anterior, el 31 de diciembre de 2016, sin haber realizado la convocatoria de acción concertada que estaba hecha a la medida del IVO y que ahora parece que no se va a firmar. 

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