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análisis

Santamaría, el camaleón sin complejos del nuevo PP de Bonig

El presidente de la gestora y secretario del grupo popular del PP ha figurado en el entorno de varios altos cargos durante su trayectoria. En las últimas semanas ha multiplicado su presencia e, incluso, compareció este martes junto a Verónica Marcos para criticar la gestión del actual Consell sobre Avialsa, la empresa por cuyo caso fue detenido su predecesor en el Gobierno valenciano, Serafín Castellano

9/03/2016 - 

VALENCIA. No cabe duda de que el presidente de la gestora de Valencia y secretario general del grupo popular en Les Corts, Luis Santamaría, está aprovechando sus minutos en el nuevo PP de Isabel Bonig. La creciente actividad del dirigente está siendo notable en las últimas semanas, un protagonismo que ya empezó a asumir en la recta final del mandato de Alberto Fabra cuando ostentó la conselleria de Gobernación que dejó Serafín Castellano para recoger la Delegación del Gobierno. Un puesto del que fue desalojado en mayo cuando estalló el llamado caso Avialsa y fue detenido en su domicilio.

En ese momento, diversos medios de comunicación y buena parte de sus compañeros de partido dieron como favorito a Santamaría como relevo en la Delegación del Gobierno, un puesto privilegiado tras la caída de la Generalitat en las elecciones. No obstante, el elegido desde Madrid fue el ex conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues.

Sin embargo, Santamaría siguió trabajando con tesón dentro de la formación popular y el tiempo le ha dado la razón: integrado en el núcleo de confianza de Bonig, se vio recompensado semanas atrás -aunque el reto no es fácil- con la presidencia de la gestora del PP de Valencia. Un puesto delicado pero al que el exconseller puede sacar partido.

Cabe recordar que la trayectoria de este Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, pese a no haber ostentado cargos orgánicos de renombre en el pasado dentro del PP, es amplia y destacada. 

Al albor del nuevo siglo colaboró con Alicia de Miguel en su etapa de portavoz y, posteriormente, se integró en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el mandato de Eduardo Zaplana como director general de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo.

Después, ocupó puesto de asesor del grupo parlamentario popular en el Congreso, según recuerdan fuentes del partido para, tras pasar un periodo de tiempo no muy extenso en su puesto de funcionario, regresar en 2008 a un cargo en una conselleria. Con la salida en noviembre de ese año de Fernando de Rosa como conseller de Justicia para ocupar el puesto vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y la entrada de Paula Sánchez de León, Santamaría pasó a ocupar un puesto de director general con la bendición, según fuentes populares, del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de su jefa de Gabinete, Ana Michavila.

Con el paso de la consellera a Presidencia, fue nombrado director general de Participación Ciudadana y Redes Sociales hasta que, con el traslado de Sánchez de León, pasó a convertirse en subdelegado del Gobierno.

Santamaría también arrimó el hombro en el PPCV: en la campaña a las autonómicas de 2011, según publicó recientemente El Confidencial, el ahora presidente de la gestora fue uno de coordinadores del equipo de campaña en materia de Nuevas Tecnologías, una estrategia en la que también colaboró Alejandro de Pedro, empresario experto en estas lides e imputado en la trama Púnica.

En la recta final de la legislatura, Santamaría fue designado conseller de Gobernación en sustitución precisamente de Serafín Castellano y continuando su afán por defender la estrategia de defensa de las señas de identidad, llegando a impulsar una ley sobre este particular que fue derogada por todos los grupos -a excepción del PP- de Les Corts en esta legislatura. 

También se enfrentó el actual presidente de la gestora del PP de Valencia al polémico caso de la 'caza del topo', donde se investigó la actuación del jefe de escoltas de Presidencia, quien presuntamente interrogó y coaccionó al jefe de prensa del vicepresidente del Consell, José Císcar.

Una trayectoria, en definitiva, que indica la versatilidad de Santamaría para hacerse valer en cualquier etapa y con distintos líderes.

Sucesor de Castellano y crítico con la actual gestión de Avialsa

La 'valentía' -otros la llaman de distinta forma- política del actual presidente de la gestora del PP de Valencia y secretario general del grupo popular en Les Corts, Luis Santamaría, está fuera de toda duda. Este martes, compareció acompañado de la portavoz de Gobernación, Verónica Marcos, estrecha colaboradora del exdelegado del Gobierno y exconseller Serafín Castellano, detenido y actualmente investigado por el caso Avialsa. Precisamente, el asunto principal sobre el que versó la comparecencia fue la denuncia sobre la situación del servicio aéreo de extinción de incendios, que actualmente "trabaja sin contrato". Es decir, Avialsa.

Marcos, en compañía de Santamaría, acusó al Gobierno valenciano de "dejar sin contrato el servicio público aéreo de extinción de incendios, una vez finalizado el anterior en febrero" y se preguntó por qué "desde el mes de junio no han previsto esta situación ni se ha hecho nada al respecto".

Unas afirmaciones que levantaron ampollas en el actual Consell por referirse a una empresa que está siendo investigada y por provenir de, precisamente, unos dirigentes que han estado en el entorno de Castellano o que incluso, como en el caso de Santamaría, han liderado el departamento cuya actuación precisamente en este asunto está bajo la sombra de la sospecha.

De hecho, fuentes de la Generalitat apuntaron a este diario que el exconseller "conocía o debía conocer el contrato" y consideraron que Santamaría tendría que explicar "los motivos por los que ese contrato, al que solo se presentaba una empresa, está siendo investigado por la Justicia y por la Comisión de la Competencia".

En cuanto al vencimiento del contrato denunciado por Marcos, las mismas fuentes señalaron que la Administración "posee mecanismos legales para casos como este" para permitir "que siga prestándose el servicio hasta que se adjudique el nuevo concurso".

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