Alfonso Grau rodeado de periodistas tras prestar declaración. Foto: EFELa pieza del ‘pitufeo’ está a punto de caramelo a falta de una requisitoria a Bruselas
VALÈNCIA. El 26 de enero de 2016 saltaba la mayor operación contra la corrupción de la historia de la Comunitat Valencia: El caso taula. Entre las personas que están o han sido imputadas destacan la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (que falleció en plena investigación); su mano derecha y ex vicealcalde, Alfonso Grau, todos los concejales de la anterior legislatura así como todos los asesores salvo cuatro, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, los ex vicepresidentes, Máximo Caturla y Juan José Medina; la exsecretaria del grupo municipal del PP, Mari Carmen García-Fuster; la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro; el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis o la exconcejal de Cultura y exasesora, María José Alcón, cuyas grabaciones policiales explicando cómo se blanqueaba dinero en el seno del grupo municipal a su hijo han abierto telediarios y han hecho correr ríos de tinta.
Pero si hay alguien que destaca en este caso es el ahora arrepentido Marcos Benavent, más conocido como el ‘yonki del dinero’. Al igual que Alcón, su voz se ha hecho archiconocida, pero a diferencia de la exconcejal, a la que le pincharon el teléfono los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Benavent era él, el que durante años grabó a todas aquellas personas con las que se reunía. Unas grabaciones aportadas a la causa que han sonrojado a todos los valencianos, como en la que presuntamente se escucha a Rus contando dinero negro, algo que él niega sistemáticamente.
En estos dos años de instrucción, el magistrado Víctor Gómez ha divido la instrucción en diversas piezas separadas. El motivo ha sido poder agilizar las investigaciones e ir sacando poco a poco el caso adelante. Así, nos encontramos con la pieza del ‘pitufeo’ (blanqueo), dos de zombies (personas que cobraban sin trabajar), Otra sobre los contratos del Ayuntamiento de Valencia, la que investiga el contrato de un call center del suegro de Benavent, la que afecta a las mordidas de Ciegsa y la pieza principal, la que investiga las contrataciones realizadas en Imelsa. Es más, no se descarta que ese despiece se amplíe una vez se comience a profundizar en la principal, la de los contratos de Imelsa.
Tras dos años en los que hemos visto detenciones, declaraciones policiales y judiciales, informes de la UCO avalando las sospechas de los investigadores así como cientos de escritos de los más de medio centenar de abogados personados en la causa, varias de las piezas tocarán a su fin.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes cercanas a la investigación, hay tres piezas a punto de caramelo. La primera es la más mediática, la del ‘pitufeo’, en la que hay más de cincuenta imputados, entre ellos todos los concejales del PP de Rita Barberá en la pasada legislatura y que este año verán cómo se tienen que sentar en el banquillo de los acusados. En esta pieza se investiga, por un lado, un delito de blanqueo de capitales de 50.000 euros que supuestamente habrían realizado todos los concejales y todos los asesores salvo cuatro para conseguir blanquear dinero negro en las elecciones de 2015. Según el sumario cada uno habría ingresado 1.000 euros en una cuenta que después les fueron devueltos en dos billetes de 500.
Y por otro, estaría el dopaje electoral sistemático desde al menos el año 2007, donde el PP de Barberá habría utilizado empresas amigas que habrían pagado las facturas de las campañas utilizando dinero de empresas contratistas del consistorio. Para ello se habría obligado a los proveedores de la campaña a emitir facturas con conceptos genéricos en los que no se hiciera ninguna referencia a Rita Barberá, las elecciones, el Ayuntamiento o el grupo municipal.
Esa parte del sumario está completa tan solo a falta de que desde Bruselas contesten una requisitoria internacional realizada por el juez, a petición del fiscal, sobre los movimientos bancarios de una cuenta de la empresa Laterne Product Council, una de las empresas que presuntamente sirvió para el ‘dopaje’ electoral. Una vez se tenga la contestación se decidirá si se toma alguna declaración más o si directamente se hace auto de procesamiento. Esta parte de la causa estará terminada antes del verano.
Las otras dos piezas cuya instrucción acabará este 2018 son las relacionadas con los conocidos como zombies de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Ambas están terminadas casi por completo y se prevé que se den por finiquitadas incluso antes que la del ‘pitufeo’.
El autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent, fue el gerente de Imelsa y durante su declaración ante el magistrado, no le tembló el pulso a la hora de declarar que "todos los trabajadores eran enchufados. Que la mayoría de asesores no hacían nada, que ni siquiera iban por allí". Benavent aseguró ante la UCO que "jamás se respetaron los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad".
En el caso de Ciegsa, dichos ‘zombies’ son el personal presuntamente ‘enchufado’ por el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus que cobraban de Ciegsa sin supuestamente trabajar y que, además, era presuntos ‘testaferros’ de Rus. Varios de los nombres de los presuntos ‘zombies’ salieron a la luz a raíz de las grabaciones hechas por el autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent.
Por último la otra pieza separada que podría terminar de ser instruida es la que mantiene como investigado al exsuegro de Benavent, por el contrato presuntamente amañado que le concedió un call center de la Diputación. Esta semana que entra debía declarar Benavent a petición propia, sin embargo su letrado pidió en el último momento la suspensión, por lo que dicha declaración se efectuará en breve.
