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fue la única oferta en el concurso

Segur Caixa Adeslas se adjudica el seguro de los sanitarios valencianos en la vía penal

3/08/2018 - 

VALÈNCIA. Segur Caixa Adeslas volverá a ofrecer el seguro de responsabilidad civil en los procesos penales del personal público de la Conselleria de Sanidad. Como se preveía, el concurso solo ha sido atractivo para la aseguradora, quien además ya prestaba el servicio de este concurso que, en el contrato actual, asciende a un millón de euros. 

Sanidad sacó a licitación el seguro de responsabilidad civil en plena huída de las aseguradoras del ámbito sanitario público. Un servicio clave que responde sobre las condenas económicas ante negligencias de los profesionales de la sanidad pública valenciana que lleguen por la vía penal. 

Segur Caixa Adeslas ya prestaba el servicio con un contrato que se venía alargando desde 2013 y que rondaba los 700.000 euros. Al margen, y como mejora del contrato, también cubrirá las denuncias de agresiones al personal sanitario, como se mencionaba en la licitación.

A pesar de los pocos interesados, al menos la Comunitat Valenciana no ha pasado los apuros que se dieron en otras autonomías para cubrir el servicio. En Extremadura y Murcia el concurso quedó desierto. En el caso de la primera volvió a ser publicado incrementando el importe de 1,6 a 2,8 millones de euros con franquicia de 20.000 euros y volvió a quedar desierto mientras que en el caso de Murcia finalmente pudo ser adjudicado. 

Desde el sector atribuyen la huída de las aseguradoras de este nicho al nuevo baremo para indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico, que entró en vigor el 1 de enero de 2016 -y que se utiliza también para el ámbito sanitario-. Éste incrementa de forma considerable las cuantías a pagar. Zurich ya anunció su salida del negocio de las pólizas a médicos en la sanidad pública mientras que Mapfre y Berkley hicieron un parón en 2017.

Además, cabe recordar que Sanidad tiene un seguro de responsabilidad civil para procesos penales, pero no para cubrir todas las demandas que lleguen por la vía civil, como los contencioso-administrativos. Esto implica que las posibles multas o indemnizaciones que tenga que pagar a usuarios de la sanidad deben de sufragarlas desde las arcas públicas.

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