VALENCIA. Nunca fueron buenos tiempos para ser Jueces de oficio en el ejercicio de la jurisdicción, del poder judicial, para juzgar y ejecutar lo juzgado según el mandato constitucional. En estos momentos, sin embargo, en que se prodigan jueces por todas partes y con diferentes cometidos - jueces deportivos, jueces para las cocinas, jueces para los cantantes, los bailarines, las fotografías,....., para cualquier disciplina o entretenimiento - no por ello entiendo deban confundirse una decisiones con otras, en cuanto a su transcendencia y efectos sobre los derechos y libertades individuales o colectivas, aunque en esencia la propia individualidad y personalidad del ser humano, exige la presencia de alguien o algunos, que finalmente decidan lo que deba ser.
Con la mejor preparación e interés en la toma de la decisión que deba poner fin a la cuestión de que se trate. Como tantas veces se ha dicho, creo con convicción y es la realidad, que el conflicto por su propia naturaleza, reclama y precisa de una solución; de un final del conflicto; de una decisión que alguien ha de tener la responsabilidad y la capacidad para tomar. De no ser así, precisamente por esa preciadísima y a siempre defender libertad de pensamiento, criterio y expresión, nos sumariamos a esa imagen moderna del bucle infinito, dejando toda cuestión no univoca, siempre girando en el aire y sin la necesaria solución. Decisión con el riesgo incluso de ni siquiera poder comprenderla ni compartirla algunas veces.
Y viene a cuenta esta reflexión por las incesantes polémicas que en los últimos meses de periodo preelectoral, electoral y postelectoral, aunque no exclusivas ni mucho menos por esta causa tan transcendental en la vida democrática, esencia de la misma, estamos viviendo y que parece convertir a los políticos, que representaran al poder legislativo y al poder ejecutivo, en los únicos protagonistas de la "res publica".
Hace apenas unos días, la decisión de un Juez sobre un tema de gran eco, como el fútbol y sus circunstancias, símbolos y cuestiones de seguridad, libertad, todas las que queramos añadir, ha puesto el acento en una primordial y sanísima cuestión: la independencia de uno de los poderes del Estado.
El poder Judicial. No solo a nivel individual del propio Juez, sino también como integrante de dicho poder público independiente del Estado. Con mayor o menor acierto según la variada opinión publica, esa independencia respecto de los otros dos poderes del Estado Constitucional, supone una garantía del buen funcionamiento precisamente del Estado y sus instituciones.
Y una decisión por un Juez independiente en el contexto de un poder independiente, sin entrar al hecho si pudo gustar más o menos, o parecer lo uno o lo otro, es un logro por el que debemos sentirnos muy satisfechos. Pues la propia independencia en la decisión y bajo la aplicación de la ley, tampoco puede interpretarse como una victoria o derrota de nadie, sino un triunfo del sistema democrático y de la separación de los poderes del Estado.
Junto a este gran principio de la independencia, el de la presunción de inocencia, que con tanto esmero, aun cuando aparentemente solo se refiera a las formas - también importantes, ¡cómo no! - trate el legislador en estos últimos tiempos de cuidar, sustituyendo el termino de "imputado", por el de "investigado".
Pues, ciertamente, el primero, conlleva una atribución del presunto delito, en tanto que el segundo, deja en stand-by tal atribución a resultas de las diligencias de instrucción que vayan a practicarse. Y a propósito de ello, también en los últimos días leo con preocupación los anticipos de responsabilidades en algún compañero de la carrera judicial, sin necesidad de dar nombres, pues aunque con mas énfasis referidos a los propios Jueces y Magistrados, por la cualidad con la que escribo, como representante de una asociación judicial en esta Comunidad Valenciana, esta presunción debe hacerse extensiva a cualquier persona investigada.
Pues las "imputaciones prematuras" además de un mal a nivel personal, causan también un grave daño a la causa publica, dañando la imagen de la Justicia. Pues las responsabilidades tendrán en todo caso, de estar acreditadas, sus correspondientes consecuencias, las que procedan. Por tanto, quisiera, una vez mas y para terminar, llamar la atención a los eventuales lectores, de la capital importancia del respeto activo y efectivo por estos dos principios - independencia y presunción de inocencia - que son esenciales para la credibilidad del sistema democrático, el estado de Derecho y la convivencia pacífica y constructiva por parte de todos los ciudadanos.
* Miguel Angel Casañ Llopis es magistrado y portavoz de la Asociacion de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria en la C.V.
